Propuestas 'progresistas' para salir de la crisis
El documento, avalado por CC OO y UGT, aboga por dar más peso al Estado Los autores de las propuestas piden mayor participación de los trabajadores en la gestión empresarial
Otro modelo económico y social para España. Una propuesta progresista para salir de la crisis. Este es el nombre del estudio elaborado por los economistas Santiago Díaz de Sarralde, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Bruno Estrada, que recoge varias recomendaciones para cambiar el modelo económico español. Este estudio, iniciativa de las fundaciones Primero de Mayo, Alternativas y Largo Caballero ha sido presentado hoy por los líderes sindicales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo y de UGT, Cándido Méndez. Y sus propuestas, avaladas por los máximos líderes sindicales, fueron las siguientes:
1. Fiscalidad
Para empezar, los autores defienden “el desarrollo de un sistema fiscal progresivo” que en un periodo de cinco años se alcance la media europea de presión fiscal.
En concreto, proponen aumentar los recursos de la agencia tributarias para luchar contra el fraude y aprobar una ley bianual que endurezca las sanciones en esta materia. Recuperar los impuestos de sucesiones y donaciones; eliminar el régimen de estimación objetiva; reformar las rentas de capital y las rentas irregulares, así como acometer una reforma en profundidad del impuesto de sociedades.
Finalmente, estos piden eliminar las bonificaciones a la Seguridad Social; reforzar la contribución fiscal del sector financiero y crear una tasa de CO2.
2. Banca pública
La segunda medida propuesta para cambiar el modelo económico es la creación de una banca pública, de magnitudes similares a las existentes en Alemania, Francia o Italia. Dicho organismo –que supondría más del 20% del sistema– debería estar orientado a financiar infraestructuras y equipamientos públicos; proyectos empresariales estratégicos de la política industrias. O, también para la concesión de créditos a colectivos de difícil acceso, sobre todo en materia de vivienda y pymes.
Asimismo, consideran que esta banca pública debería jugara un importante papen en la regulación del flujo de crédito exterior, para minimizar los riesgos en la estabilidad macroeconómica de la alta volatilidad de los movimientos de capital a corto plazo, como recomienda el FMI. Finalmente, apuestan porque Bankia y el resto de entidades nacionalizadas no vuelvan a ser privatizados, aunque se permita una “entrada parcial de capital privado” en ellas.
3. Política industrial
Las propuestas en esta materia parten de la base de “hacer frente a las distorsiones productivas que supone la existencia de oligopolios” en sectores básicos como el energético o las telecomunicaciones.
Para ello hace tres grandes propuestas. En primer lugar, apuestan por la creación de un “potente instrumento de promoción tecnológica industrial”, que se encargue fundamentalmente de organizar la investigación, intermediando entre la universidad y la empresa. Se trataría de emular organismos como el alemán Fraunhofer o el finlandés Tekes.
En segundo lugar, ven necesario crear las condiciones para que, en una década, España pueda aprovechar las oportunidades de “deslocalización inversa” que se producirán desde países emergentes a otros más desarrollados. Calculan que esto podría ocurrir en sectores como la fabricación de automóviles, ordenadores y equipos electrónicos, productos metálicos, maquinaria, plástico o muebles. Pero antes de que esto ocurra las empresas industriales españolas deberían diversificar sus actividades hacia mercados emergentes, según este documento. Algo similar a lo hecho en Alemania y los países nórdicos en los últimos años;sin desvincularse del mercado europeo.
Para cumplir con esta política consideran imprescindible aplicar una nueva política energética que reduzca la alta dependencia exterior del petróleo la economía española. A cambio se deberían impulsar las energías renovables, para reducir el déficit comercial y la necesidad de financiación exterior.
4. Mercado laboral
Los autores del documento piden “revertir las reformas laborales impuestas”. Así, creen que se deben derogar parte de estas normativas para “compaginar el incremento de la productividad de las empresas con la mejora de los salarios y los derechos de los trabajadores”.
Junto a esto reclaman una mayor participación de los trabajadores en las empresas “a través de modelos de cogestión” como el alemán o de otros países europeos. Asimismo, creen que la ley laboral debe garantizar en mayor medida una negociación colectiva fuerte y la autonomía de los interlocutores sociales.
Además, en términos macroeconómicos, ven imprescindible para el crecimiento del PIB que los salarios y las pensiones se anoten incrementos reales, ya que el consumo de los hogares representa el 60% de la actividad. Y el 80% de las familias tienen como principal fuente de ingresos el salario o las pensiones.
5. Infraestructuras
En este capítulo, se opta por la necesidad de reforzar el ferrocarril y el transporte marítimo para mercancías, y los trenes de cercanías y otros medios de transporte colectivos para las ciudades. Pero, además, abogan por invertir en “nuevas infraestructuras productivas”, en referencia a la fibra óptica y a las actividades relacionadas con la desalación del agua.
6. Política social
Aquí se centran en el impulso de los alquileres sociales. Para ello, proponen que el Sareb se constituya como una Agencia pública que gestione la mayoría de sus políticas inmobiliarias como un parque público de viviendas de alquiler. Asimismo, piden la prohibición de embargos de viviendas a familias con hijos menores, ancianos o enfermos hasta que no se facilite una vivienda social.
Y reclaman una ley estatal de renta mínima garantizada –dentro de un Plan de Urgencia contra la Pobreza– que homogeneíce todas las ayudas autonómicas.
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