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El mayor ajuste ha correspondido a Canarias

La brecha de gasto social de las regiones crece un 38% desde 2009

Los expertos tildan de injusto el sistema y piden revisar el cupo vasco y navarro Reclaman blindar el gasto social con fondos similares a la hucha de las pensiones

El gasto en servicios públicos fundamentales
Alejandro Meraviglia

La crisis ha tenido un impacto devastador en las cuentas públicas de las comunidades autónomas, que son las responsables del gasto ligado a sanidad y educación. Ese ajuste, sin embargo, no ha sido igual en todas las autonomías por dos motivos: el punto de partida no era el mismo (había algunas como País Vasco que disfrutaban de un mayor nivel de financiación gracias al concierto económico firmado con el Estado central) y la intensidad del ajuste por el desplome de los ingresos tributarios no ha sido el mismo. Esas son las dos principales conclusiones del informe Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en el que mide la evolución del gasto en servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) entre 2002 y 2013.

El director del estudio, Francisco Pérez, remarcó durante su exposición que las diferencias territoriales existieron en el inicio y el final de la muestra analizada. “Lo que no parece compatible son las diferencias territoriales con la igualdad de acceso a los recursos públicos”, apuntó en clara alusión a la necesidad de remodelar un sistema de financiación autonómico con ciertos privilegios para algunos territorios como el cupo vasco. “El reconocimiento de la singularidad institucional no se pone en cuestión, pero sí el reconocimiento del cupo”, remarcó Sánchez. Una petición que ya hizo el catedrático Ángel de la Fuente, actual presidente de Fedea y encargado de realizar el informe de las balanzas fiscales para conocer qué comunidades autónomas salían mejor o peor paradas del reparto de fondos del actual modelo autonómico. Y la conclusión en el primer caso era evidente: País Vasco y Navarra eran las más beneficiadas, ya que llegaban a recibir hasta un 80% más de recursos por habitante que la media de las comunidades autónomas de régimen común.

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En su opinión, las mayores o menores necesidades de financiación (por cuestiones como la dispersión territorial o el mayor envejecimiento) solo explican una tercera parte de la diferencia de gasto. Los otros dos tercios vienen por la posición de partida de los ingresos de cada región y por la intensidad del ajuste. Las estadísticas presentadas esta mañana muestran como el gasto en servicios públicos fundamentales registra una brecha del 38,5% entre la comunidad que más gasta (Asturias) y la que menos (Canarias). Unas diferencias que son similares en el caso de la educación (entre Madrid y País Vasco hay una brecha del 36% o de 433 euros por habitante), de la sanidad (la distancia entre Andalucía y Asturias es de 31,1% o de 532 euros por habitante) o de la protección social (hay 2.677 euros per cápita de diferencia entre la que más gasta, Canarias, y la que menos Madrid).

“El Estado de Bienestar ha sufrido, pero no se ha destruido. Se han producido caídas de recursos, pero se han hecho importantes esfuerzos por mantenerlos”, señaló Pérez en su exposición. Unos esfuerzos que han estado condicionados previamente por la situación financiera de muchas autonomías, que incurrieron en elevados déficits y en una querencia por el endeudamiento que les llevó posteriormente a una senda de consolidación fiscal en el que la educación y la sanidad fueron los que más sufrieron. El pilar de la protección social, lejos de sufrir, ha visto cómo se han visto incrementados los recursos que se le destinaban como consecuencia del especial celo que se ha puesto desde el Ejecutivo central para conservar intacto el gasto en pensiones y en prestaciones por desempleo. El director del estudio hizo mención expresa al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, diseñado a mediados de los 90 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y por ello reclamó la puesta en marcha de fondos de provisión similares para blindar por ley el gasto en sanidad, educación y protección social. “Los fondos se nutrirían con impuestos y garantizarían la sostenibilidad del gasto”, dijo. A estos mecanismos les debería acompañar otra ley que permitiera programar el gasto social de forma “prudente”, estableciendo un techo y un suelo para evitar desfases.

La desagregación de los datos por comunidades autónomas muestra como Canarias, Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid son las comunidades que menos dinero destinan a servicios públicos fundamentales, ya que aparecen tanto en la clasificación general como en la de los tres apartados (sanidad, educación y protección social) por debajo de la media. Especialmente significativo es el caso de Madrid, que si bien está en línea en sanidad y protección social, figura como la comunidad autónoma que gasta menos en educación por habitante (791 euros), lo que supone una diferencia del 36% respecto a la que más recursos destina (País Vasco, con 1.224). Canarias es la región que más ha recortado el gasto social (educación, sanidad y protección social) en ese período, con un ajuste de 568 euros por habitante.

Datos y cifras por regiones

Madrid: Es la región que menos dinero dedica a Educación, con 791 euros por habitante, frente a los 915 de la media del resto de comunidades autónomas o los 1.224 euros del País Vasco, la que más recursos dedica. En Sanidad y Protección Social, la comunidad presidida por Ignacio González aparece en el entorno de la media, mostrando que la mayor intensidad de los ajustes en el gasto social ha sido en la parcela educativa. En concreto ha bajado un 18% entre 2009 y 2013, dos puntos más que la media nacional.

Cataluña: El principal ajuste durante las dos legislaturas de Artur Mas en el gasto social se ha concentrado en la sanidad. En concreto se ha pasado de 1.467 a 1.244 euros por habitante, lo que supone un ajuste del 15,2%, el doble que el registrado en el conjunto de las autonomías. En educación también se sitúa por debajo de la media nacional, mientras que en protección social aparece claramente por encima.

Baleares: Es la comunidad autónoma más perjudicada por el reparto de fondos del sistema de financiación. Las balanzas fiscales ordenadas por Hacienda mostraban que es la segunda región más dañada por el reparto, tan solo por detrás de Madrid. Es también la segunda que menos recursos destina a los servicios públicos fundamentales (con 5.432 euros por habitante), es la segunda que menos dedica a Educación (831 euros per capita), la segunda que menos invierte en sanidad (1.275 euros por habitante) y la tercera que menos dedica a protección social (con 3.327 euros). En 2009 ya se encontraba 13 puntos por debajo de la media nacional en cuanto a gasto social y en 2013 sigue siendo la que más lejos se encuentra de la media, con 14,4 puntos de brecha.

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