Conservación

Este paisaje también puede ser un banco

Una finca en Monfragüe es el primer proyecto piloto donde se prepara una nueva línea de conservación: compensar el daño ambiental con la compra de créditos en otro espacio similar

Parque Nacional de Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe, en la provincia de Cáceres.

No resultará nada difícil ponerse en la siguiente situación: una empresa concesionaria construye una carretera y por el camino daña un espacio natural o una especie. La ley prevé que esa compañía evite, corrija y compense el daño, aunque eso no se traduzca en dejar el ecosistema en su estado original. Hasta ahí, lo que ya es conocido. Ahora bien, ¿y si esa empresa pudiera comprar créditos a una finca para compensar el daño, aunque sea en otro lugar?
Esto es lo que prevé el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Ley de Evaluación Ambiental, crear una especie de banco de conservación para compensar daños ambientales. La normativa se aprobó en 2013, pero su puesta en marcha depende de un reglamento que apuntale las normas en las que se realizará la transacción y que ya va por su cuarto borrador por las reticencias de los grupos conservacionistas.

Mientras, ya se está dando forma al primer proyecto piloto avalado por Medio Ambiente entre una finca forestal en Monfragüe y una gran concesionaria que espera el pistoletazo de salida de la norma para ponerse en marcha, y que da una idea de cómo se quiere trasladar aquí esta figura que nació en Estados Unidos en los ochenta y que hoy está entre las principales medidas de conservación en ese país.

La finca propietaria, que ocupa parte del Parque Nacional de Monfragüe, es una dehesa multiproductiva que financiaría medidas de conservación para la dehesa y para la cigüeña negra. A su vez, Medio Ambiente concedería a esta familia propietaria un número de créditos en función del valor que tengan las mejoras ambientales. Esos créditos se publicarían en un registro único, una especie de catálogo al que las empresas acudirán para compensar daños por sus actividades.
Si el número de créditos concedidos a la finca coincide con los que la compañía necesita para compensar los daños, ambas acuerdan un precio libre y firman un contrato privado, de carácter voluntario, por el que la compañía pagará a la finca por las mejoras ambientales pactadas entre ambos a medida que se vayan realizando, sin que el ministerio intervenga en los detalles del acuerdo. “Para nosotros la medida supone una recompensa por todo lo que invertimos en conservación”, comenta Ana Rengifo, propietaria de esta dehesa familiar de 150 años. En el proyecto también han colaborado el CSIC y la Universidad de Extremadura.

La norma que se está preparando no obliga a que la compensación del daño se realice en el mismo lugar donde se ha producido, pero sí penaliza con menos créditos cuanto más lejos se encuentre. Pero uno de los principales problemas que ven los grupos ecologistas en la medida tal y como se está diseñando es que hoy por hoy no se cumple la jerarquía de mitigación de impactos ambientales, la cual prevé, primero, evitar el daño; después, corregirlo si no ha podido evitarse y, por último, compensarlo.

Es en este último punto donde entrarían los bancos de conservación, sobre el que estos grupos ven otra pega. Como resume Gema Rodríguez, técnico de especies de la organización WWF: “Estos bancos deberían generar beneficios ambientales más allá de lo que había. Esto es muy importante, porque si se destinan esos fondos a lo que ya es obligatorio, se está trasladando una obligación legal a una empresa privada”. Rodríguez pone como ejemplo el quebrado aeropuerto de Ciudad Real, que ocupa un espacio protegido por Red Natura 2000, una figura que permite realizar actividades económicas en el espacio protegido. “Se levantó el aeropuerto porque el Gobierno lo consideró de interés imperioso, y la medida compensatoria fue crear otra zona ZEPA (Zona Especial de Protección para las Aves) en otro lugar, pero no estamos seguros de que tuviera éxito”.

En Alemania, por ejemplo, estos bancos de hábitat son el último recurso para compensar un daño y es la Administración la que decide qué se compensará con esta medida y dónde. Pero aquí, “la Administración no opinará sobre estos aspectos, de forma que hay riesgo de que primen los criterios económicos en función del mercado, no de las necesidades de conservación”. No opinan de la misma forma en Ecoacsa, una consultora especializada en mercados ambientales y plataforma que promueve los bancos de hábitat en España. Para Isabel González, directora de desarrollo de negocio en esta organización, “ahora, las medidas compensatorias no están orientadas a dejar los espacios como estaban en su origen. Los bancos, sin embargo, reponen lo que han dañado, pero lo ponen de verdad, lo garantizan. Es erróneo pensar que porque exista esta figura habrá más libertad para dañar el medio ambiente. El objetivo del banco es precisamente reparar el daño”.

Sobre la opción de frenar el desarrollo de esta nueva figura porque las medidas actuales no funcionen, González cree que “lo suyo es avanzar para que estos bancos ayuden a mejorar los mecanismos de evaluación ambiental, lo cual requiere la compra de terrenos y que haya que estudiar para ver cómo reparar el daño”.

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