Sopa de letras en las comisiones de los fondos
Algunos ahorradores, seguramente muy pocos, se habrán preguntado alguna vez cuál es el significado de unas letras que aparecen al final de los nombres de básicamente todos los fondos de inversión internacionales y crecientemente de algunos fondos de gestoras nacionales. En los últimos años este es un tema al que he tratado de aportar luz en estas mismas páginas y en algunos otros medios. Algunas experiencias recientes con clientes junto con la creciente proximidad de la transposición de la nueva directiva europea sobre el ahorro y los productos financieros, MiFID II, me conduce a revisar este tema capital para la industria pero sobre todo para los sufridos ahorradores e inversores españoles.
El asunto de las diferentes letras que se sitúan al final del nombre de los fondos no son otra cosa que diferentes precios para exactamente el mismo fondo de inversión, es decir, la misma política y cartera de inversión que se implementa a través del vehículo que es un fondo o Sicav. Básicamente es igual que si una persona al contratar un servicio como por ejemplo una habitación de un hotel pagara un precio de digamos 100 euros o hasta más del doble por exactamente la misma habitación, el mismo día y sin que ningún otro factor diferencial justifique un precio diferente. Llevado el paralelismo a un producto de consumo es como si un coche que digamos tiene un precio de 10.000 euros, dependiendo del concesionario, pueda costar hasta más de 20.000 euros. Las enormes diferencias se explican porque las letras que corresponden a las clases caras, de muy elevadas comisiones, van a pagar (por detrás) a las entidades y personas que proporcionan el servicio bajo el (esperemos) viejo modelo. Son lo que se conoce como retrocesiones y que ya se encuentran prohibidas en algunos de los países más avanzados de nuestro entorno como Holanda y Reino Unido.
Realmente, si uno se para a pensar por un momento, el asunto tiene tintes escandalosos porque es claramente discriminatorio, justamente algo que los reguladores y Gobiernos en tantos otros campos de la actividad económica y humana buscan evitar con sus legislaciones y la vigilancia de los mercados. Sin embargo, en un aspecto tan delicado y crucial para la vida de las personas como es el dinero y concretamente su acumulación (ahorro) y búsqueda de destino o asignación (inversión), la discriminación sigue plenamente vigente. Incluso algo peor que la discriminación es que esta perdura porque sigue existiendo una falta absoluta de transparencia sobre los costes de invertir y cuál es el valor añadido de los diferentes actores de mercado.
Efectivamente, en la gestión del ahorro a través de fondos de inversión normalmente existen tres actores a no ser que el inversor decida gestionar él mismo su dinero donde entonces habrá dos. Los actores son el asesor, el gestor (gestora) de fondos y la entidad financiera depositaria (banco, sociedad de valores o plataforma). La primera realiza el asesoramiento en áreas como la selección de productos (fondos, sicavs, etc.), selección de entidades o construcción de la cartera y queda omitida si el ahorrador prefiere acudir al “auto asesoramiento”. La segunda realiza la gestión de los diferentes fondos con sus políticas de inversión definidas. Finalmente, la entidad depositaria es la que permite la intermediación y depósito de las inversiones. Todas son tareas reguladas que necesitan de unos recursos humanos y materiales determinados y que por tanto tienen unos costes. Como entidades privadas que son también buscan un lógico beneficio o margen por lo que finalmente existe un precio final para cada una de las tres actividades.
Sin embargo, la falta de transparencia y una regulación que todavía la ampara permite que increíblemente no se conozca el desglose de costes ni por añadidura el coste o precio total de invertir el ahorro. Otra de las lógicas consecuencias es que el desconocimiento también es general sobre qué aporta cada una y por tanto si el precio se justifica o por el contrario es abusivo. Actualmente, domina lo segundo ya que una misma entidad acapara las tres funciones y se desconoce u oculta convenientemente al inversor el coste de las mismas lo que genera el caldo de cultivo ideal para engordar los márgenes. Por si no fuera poco los conflictos de interés de dicha forma de operar pueden y suelen llevar a posicionamientos no idóneos de los ahorradores pero eso sería tema para otro artículo.
El lector se puede preguntar (realmente debería) si estamos hablando de grandes diferencias o mucho dinero entre una forma de operar u otra. La respuesta es que una inmensidad y para ello volvamos a la sopa de letras y un ejemplo real concreto. En el cuadro proporcionado le mostramos un ejemplo típico que puede extenderse a cualquier otro fondo y gestora. Pueden observar como para el mismo fondo la clase RC con todos sus gastos anuales cobra (descuenta) un 2,59% del dinero invertido al año, la clase AC un 2,09% y la clase IC un 1,35%. Así, la diferencia entre la RC y la IC supera el 1,20% anual. Para una inversión de cien mil euros durante cinco años son más de 6.000 euros… en su bolsillo o en el del entramado financiero. Usted decide.