La CE sospecha que las empresas discriminan a los clientes en función de su residencia
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Bruselas abre una investigación sobre las trabas al comercio electrónico

La investigación de Vestager forma parte de la ofensiva de la Comisión de Jean-Claude Juncker para crear el llamado mercado único digital, es decir, un espacio sin fronteras en el que los 500 millones de habitantes de la Unión Europea dispongan de una oferta de servicios digitales sin demarcaciones nacionales.

Para lograr ese objetivo, Vestager recurrirá a la investigación sectorial, un instrumento que permite a la Dirección General de Competencia de la CE reclamar a las empresas información sobre sus prácticas comerciales para detectar si están violando las normas europeas. A partir de esa información, Bruselas puede abrir expedientes sancionadores contra las compañías implicadas en la infracción o imponerles de manera vinculante que cambien sus prácticas.

Bruselas sospecha que las empresas que operan a través de internet mantienen dividido el mercado europeo mediante barreras técnicas o legales que les permiten discriminar al cliente en función de su país de residencia o de los datos de su tarjeta de crédito.

Multas de hasta el 10% de la facturación

“Nuestra investigación abarcará todo el territorio de la Unión Europea, lo que es una muestra del alcance de nuestra decisión”, señaló ayer la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, tras anunciar que pone bajo la lupa a las grandes empresas del comercio electrónico, sean creadores de antivirus o de videojuegos; o distribuidores de películas y series; o plataformas de venta, o subasta de productos tradicionales como los libros.

La ofensiva de Vestager contra las trabas a la competencia en esos mercados retoma la vía de la investigación sectorial, que la Comisión ha utilizado muy pocas veces y con las que ha obtenido resultados dispares, aunque en general poco fructíferos.

En 2007, la entonces comisaria de competencia, Neelie Kroes, abrió investigaciones sectoriales sobre el sector energético y el financiero, pero con escasas consecuencias. Más útil resultó la del sector farmacéutico que, según Bruselas, eliminó trabas para la salida al mercado de la versión genérica de algunos medicamentos.

En todo caso, no se trata de una vía inofensiva. En base a la información obtenida, la CE puede expedientar a las empresas e imponer multas de hasta el 10% de su facturación.

“Parece una paradoja, pero todavía tenemos fronteras digitales y, desgraciadamente, comprar productos online es mucho más difícil [que de manera tradicional]”, lamentó ayer la comisaria europea de Competencia durante una conferencia en Berlín.

Según Bruselas, el 50% de los consumidores ya utilizan internet para parte de sus compras, pero solo el 15% ha comprado alguna vez de un país a otro a través de la red. Vestager considera que esa cuota tan baja no puede deberse solo a razones como la diferencia de idiomas o de normas comerciales. “A menudo”, acusa Vestager, “son las propias empresas las que socavan el comercio transfronterizo levantando barreras técnicas como el geo-blocking”.

El geo-blocking permite a las empresas denegar la venta de servicios o bienes a los clientes en función de su domicilio. Las empresas explotan así las diferencias de precio de un país a otro y obligan al consumidor a comprar siempre en su país de origen, aunque sea más caro o, incluso, a comprar dos veces el mismo producto si quieren utilizarlo en dos países distintos.

“No puedo entender, por ejemplo, por qué cuando estoy en Copenhague puedo ver en la tableta mis canales daneses favoritos de televisión, por los que he pagado, pero no cuando estoy en Bruselas”, describió Vestager su desagradable experiencia.

Casos abiertos

La fragmentación del mercado para maximizar beneficios es una práctica tan habitual como ilegal desde el punto de vista del Derecho europeo de la Competencia. Bruselas la ha combatido en sectores tradicionales como la automoción (algunas marcas prohibían a los concesionarios que vendieran coches a ciudadanos de otro país europeo) o el farmacéutico.

En el sector tecnológico, la CE también ha intervenido, pero hasta ahora caso por caso. Ya está investigando a los grandes estudios cinematográficos de Hollywood por las restricciones que imponen a los canales europeos de televisión en la distribución de sus películas; y a varias empresas de videojuego, por impedir la descarga de sus productos de un país a otro (geo-blocking). En 2008, la CE obligó a Apple a suprimir la cláusula que impedía a sus clientes británicos descargarse canciones de iTunes desde las páginas web de Apple en otro país europeo, un 10% más baratas que las de Reino Unido. La ofensiva de la CE pasa ahora a ser general.

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