Un fondo soberano para el Estado español

España necesita modernizar y diversificar su tejido productivo para recuperar la senda del crecimiento. El modelo productivo surgido de la crisis no se diferencia demasiado del que nos abocó a ella. Los patrones de crecimiento han permanecido inalterados. Nuestra economía, por sí sola, no ha sido capaz de generar un ecosistema que permita, en primer lugar, reconfigurar nuestra estructura económica en torno a sectores de alta productividad y con empleo cualificado que resista mejor la competencia global, y en segundo, generar mayor capacidad de innovación ampliando el acceso a los instrumentos que permiten innovar a un mayor número de trabajadores, emprendedores y empresas.

La evidencia empírica es clara sobre el crucial papel que juega el Estado como dinamizador, catalizador y creador de ecosistemas para la innovación. En su obra seminal El Estado Emprendedor, Mariana Mazzucato derriba mitos sobre el papel del emprendimiento como fuente principal de innovación y ofrece amplia evidencia sobre el papel central que ha jugado el Estado en propulsar la I+D+i en todos los países con altas tasas de innovación. Así, no se distorsiona el mercado y se expulsa al sector privado (crowding-out), se corrigen fallos de mercado y se atrae al sector privado (crowding-in) y más allá incluso, se actúa de vanguardia y se desarrollan o financian proyectos de inversión de alto riesgo pero con alto potencial de retorno.

El Estado español debe ponerse manos a la obra en esta dirección. Para ello, es esencial canalizar el capital y el ahorro nacional hacia sectores de alto valor añadido donde la innovación juegue un papel más diferenciador. En España, la asignación de capital a sectores productivos intensivos en tecnología y conocimiento es poco eficiente. La economía española está muy bancarizada y las pymes tienen dificultades serias para financiarse y encontrar el capital necesario para comenzar, crecer e internacionalizarse. Los recursos públicos en España seguirán siendo escasos en los próximos años ante la necesidad de reducir la alta deuda pública, por lo que no se puede esperar que se destinen grandes sumas de gasto público a fomentar sectores productivos de alto valor añadido y recorrido como el Big Data o el Internet of Things.

Es necesario, pues, dotarse de nuevos instrumentos para canalizar el ahorro nacional de manera más eficiente. En las últimas décadas, varios países como Noruega, Canadá, Irlanda, Italia o Corea del Sur, han articulado otro tipo de vehículos para invertir una buena parte de sus excedentes comerciales y presupuestarios en el exterior o canalizar recursos hacia sectores más productivos. Son los fondos soberanos de inversión: vehículos de propiedad estatal, gestionados con criterios de eficiencia y rentabilidad por gestores profesionales, que invierten los superávits fiscales y/o los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales del país en una amplia gama de activos, con un horizonte temporal de largo plazo.

España debe ir en la misma dirección y apostar por la creación de un fondo soberano que fusione los instrumentos de inversión pública actualmente existentes (fondos ICO, FIEM, Cofides, CDTI, etc) en uno solo. Asimismo, bajo el paraguas del fondo también se podrían integrar las participaciones industriales de la SEPI (Indra, IAG, REE, etc.) y los activos bancarios rescatados con dinero público (banca nacionalizada y Sareb). Es más eficiente poner los activos nacionalizados a trabajar en beneficio del bien común que malvenderlos en la parte baja del ciclo. Además, se podría contemplar que una parte pequeña del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se invierta también en este fondo soberano. Esto permitiría invertir una parte de este en renta variable. A día de hoy, el 90% está invertido en deuda pública con muy bajas tasas de rentabilidad.

Para garantizar la viabilidad del fondo, se invertiría por mandato legal una buena parte (60%, por ejemplo) en el exterior a través de un porfolio diversificado (renta fija, renta variable y activos alternativos). De esta manera, no sólo se aseguraría la diversificación y exposición global de la cartera sino que se evitarían conflictos de interés, riesgo de corrupción o la tendencia a que el ahorro nacional financie a los habituales del IBEX 35, que tienen disponibles otras fuentes de financiación. Este 60% es el que permitirá crecer al fondo y hacerlo sostenible, y por ende, alimentar al 40% restante después del primer año. Este 40% se invertiría en pymes tecnológicas (start-ups), capital semilla, venture capital y private equity en sectores de alto potencial de crecimiento, generación de empleo y valor añadido, que serían previamente seleccionados por un comité de expertos independientes, como acaba de hacerse en Holanda. La gestión del fondo se encargaría a gestores profesionales por un periodo temporal limitado, a licitación. Sería una gestión basada en resultados, tanto para el 60% invertido en el exterior como para el 40% invertido vía pymes, fondos especializados y universidades en nuestro país.

"Es más eficiente poner los activos nacionalizados a trabajar en beneficio del bien común que ‘malvenderlos’"

En nuestro país los emprendedores hablan del “valle de la muerte” al referirse al gap existente entre el capital semilla y el private equity. Hace falta venture capital (tramo de inversión de 300.000 euros a un millón) para start-ups que han validado su modelo de negocio y necesitan capital para crecer y escalar su modelo. El fondo satisfaría esta necesidad con la puesta en marcha de un vehículo para invertir directamente en las start-ups con altas expectativas de retorno en sectores o tecnologías prometedoras y alimentar a fondos especializados en este tramo de inversión. Además, podría dotar a las universidades públicas de un endowment para transferir el conocimiento generado a aplicaciones prácticas, de la academia a la economía, otra de las grandes carencias de nuestro sistema productivo. De esta forma, las universidades podrían encontrar una manera alternativa de financiación en los retornos generados por la salida a Bolsa o venta de participaciones de proyectos exitosos.

La mayor parte de países que se han dotado de un fondo soberano lo nutren con los ingresos derivados de algún recurso natural. España, que también tiene uno, es abundante y genera sustanciales ingresos a través del turismo: el sol. El país recibió el año pasado 65 millones de turistas. La estancia media estuvo próxima a las cuatro pernoctaciones por viajero. Una pequeña tasa progresiva sobre estancias turísticas ligada al número de estrellas de los establecimientos, cruceros, campings, etc., similar al que puso en marcha en 2012 la Generalitat de Cataluña, dotaría de recursos suficientes, estables y no distorsionadores al fondo.

Recaudando un euro de media por turista-día de estancia, cuantía que no afectaría significativamente a la elasticidad de la demanda, y manteniendo unas cifras de turistas extranjeros próximas a los 60 millones, el fondo recibiría una aportación media de unos 240 millones de euros al año. Sólo con estas aportaciones anuales, y sin contar con los recursos del ICO, Axis, FIEM, Cofides, Cdeti, etc. y los retornos obtenidos por el 60% del fondo invertido con criterios de mercado, el fondo podría situarse dentro de una década próximo a los 2.500 millones de euros en activos bajo gestión, de los cuales 1.000 irían como mínimo a diversificar y modernizar nuestro tejido productivo. Una cantidad no mucho menor que los 1.200 millones de euros que hasta el momento el Fondico ha puesto en circulación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El futuro de nuestro país pasa por ser más innovadores, también en las políticas públicas. Un Sunny Sovereign Wealth Fund sería un instrumento público viable, eficiente, redistributivo y original para generar innovación y crecimiento.

Ángel Pascual-Ramsay / Tomás Guerrero Blanco. Director de Global Risks en EsadeGeo / Investigador en EsadeGeo y Esade Business and Law School.