El Supremo desvela los informes de las consultoras sobre las renovables
El IDAE contrató a Boston y Roland Berger en 2013 para elaborar la nueva retribución Las desavenencias hicieron que Industria no utilizara los cálculos de estas firmas
Las empresas de renovables se han alzado con el triunfo al lograr que el Tribunal Supremo les remita los polémicos informes que el Ministerio de Industria, a través del IDAE, encargó en el verano de 2013 a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting en el marco de la reforma eléctrica que se saldó con la sustitución del antiguo sistema de primas por una retribución basada en parámetros que tienen en cuenta toda la vida de la instalación. El ministerio se había resistido a publicarlos e incluso a incluirlos en el expediente sobre los recursos contencioso administrativos presentados en contra de la orden ministerial 1045/2014 y en contra del real decreto 413/2014 en los que se fijan los nuevos parámetros retributivos de las renovables y la cogeneración.
Al final, los ha proporcionado forzado por el Alto Tribunal. Bueno, más exactamente, aporta el informe de Roland Berger ya que, para sorpresa de los recurrentes, y según certifica el IDAE, el contrato con Boston fue resuelto el pasado 15 de febrero “por los reiterados incumplimientos del contrato en que se han incurrido”.
El contrato firmado por dichas consultoras con el IDAE, por un importe de un millón de euros, tenía como objeto “la asistencia técnica” para “la elaboración de estudios que valoren y establezcan los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías del régimen especial”. Su adjudicación fue denunciada de inmediato por la asociación fotovoltaica Anpier, por considerar que habría requerido de un concurso público, y el papel de las consultoras ha estado desde entonces rodeado de opacidad y polémica.
En primer lugar, porque el resultado de los cálculos elaborados por ambas firmas no fue tenido en cuenta en los parámetros aprobados finalmente por el Ministerio de Industria pues, según se filtró, de ellos se desprendía un menor recorte de los ingresos de las instalaciones, en línea con las propuestas de las empresas.
Y, en segundo lugar, porque, tras las decenas de recursos contra la nueva retribución ante el Tribunal Supremo, el ministerio decidió no incluirlos en el expediente administrativo puesto a disposición de los recurrentes. Finalmente y tras exigírselo el alto tribunal, el ministerio desveló esta información. Según las diligencias de ordenación remitidas a las partes por el Supremo, la documentación presentada por Industria consiste en tres DVD que, por su tamaño, han sido colgados en un servidor del Ministerio para que los afectados accedan a ella.
Bueno, parte de ella ya que, según los afectados, aunque el contrato de Boston se haya roto, su informe existió. Todo apunta a que el ministerio ha forzado en este tiempo a las consultoras a modificar sus cálculos, algo que, por lo que se ve, no ha logrado con Boston. De hecho, pese a que el nuevo mecanismo de parámetros entró en vigor en junio del año pasado, el informe de Roland Berger es muy posterior, está fechado el 31 de octubre de 2014, según la información conocida. En un encuentro con la prensa, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, posteriormente a dicha entrada en vigor, reconoció que existían problemas con las consultoras, pues parte de su informe “no nos gusta por ser poco consistentes” y que requerían “una vuelta de tuerca”.
Una baza en los tribunales contra los recortes
El duro empeño de las renovables de conocer el contenido de los informes de las consultoras contratadas por el IDAE tiene una explicación judicial: como, supuestamente, sus cálculos implicaban un menor recorte de los ingresos de las instalaciones, de ahí el pulso que han mantenido con el ministerio, las afectadas lo consideran una en sus procesos judiciales o arbitrajes. También, indican fuentes empresariales, porque en la orden de parámetros no se explica la metodología con la que se calcularon recortes de casi 3.000 millones.
Curiosamente, aunque el contrato con Roland y Boston incluía la obligación de ambas de apoyar al Estado en posibles pleitos defendiendo el resultado de los informes (quizá el objetivo último de Industria ante la evidencia de que el nuevo mecanismo acabaría en los tribunales), Roland niega que el alcance de sus servicios incluyese “la asistencia técnica ni la defensa de los datos, hipótesis, cálculos (..) de los informes finales”.
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