Pulso entre Boston y Roland con Industria por la orden de renovables

Las discrepancias pueden perjudicar a Industria en los pleitos de las renovables Las firmas eluden cualquier comentario

El ministro de Industria, José Manuel Soria, con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Pablo Monge

Hace justo un año, el Ministerio de Industria, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), remitió a varias consultoras el pliego de condiciones para optar a “los servicios de asistencia especializada” para elaborar unos parámetros o estándares de las instalaciones del régimen especial, bajo distintas hipótesis y escenarios. Un nuevo sistema de retribución con el que el Gobierno ponía fin al mecanismo de primas a la producción incluido en la reforma eléctrica que echó a andar en julio de 2013.

Aunque el ministerio quiso contratar a tres firmas, solo dos, Boston Consulting y Roland Berger Strategy Consultants, se mostraron dispuestas a realizar un trabajo que implicaba una incompatibilidad para poder colaborar con las empresas afectadas. El contrato con el IDAE, que ascendía a un millón de euros, incluido el IVA, estaba condicionado a que las adjudicatarias ofreciesen después asistencia a Industria y al IDAE “en procedimientos judiciales o arbitrales en que fuese parte la Administración”.

Desde finales del año pasado, y nunca oficialmente, fuentes próximas a las consultoras han venido expresando su malestar porque el IDAE no recogió en su dictamen los cálculos elaborados por ellas de unos parámetros retributivos, que se traducían en menores recortes (en línea con las propuestas de las empresas) que los aprobados finalmente por el ministerio en la orden que entró en vigor el 6 de junio, casi en paralelo al real decreto de renovables al que desarrollaba.

Estos rumores llevaron a muchas empresas y asociaciones del sector a solicitar el informe con los cálculos de Boston y Roland en los trámites de audiencia de ambas normas en la CNMC y el Consejo de Estado. En ningún caso lo consiguieron, por lo que volverán a solicitarlo en los recursos que la mayoría va a presentar ante el Tribunal Supremo y en arbitrajes internacionales.

Sea como fuere, el propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, reconoció en un encuentro con la prensa, celebrado después de que la orden entrara en vigor, que tenía problemas con las consultoras, pues parte de su informe “no nos gusta por ser poco consistente” y que este requería “una vuelta de tuerca”. Nadal sostuvo que “nadie tiene el aparato” para replicar los datos del IDAE.

Oficialmente, las consultoras no se han manifestado. Un portavoz de Boston Consulting, asegura que “por razones de confidencialidad, que aplicamos a cualquier proyecto y cliente, no podemos hacer ningún comentario”. En el mismo sentido se pronunció Roland Berger a través de una fuente autorizada.

Respecto al rumor de que el ministerio no habría pagado a estas firmas sus servicios, en Industria señalan que “ya se ha desembolsado casi medio millón de euros por el trabajo realizado” y que “se van cumpliendo los pagos de acuerdo al calendario establecido.

Según las empresas del régimen especial, las discrepancias con las consultoras son un riesgo para el Gobierno, ya que los jueces y árbitros, a petición propia o de las denunciantes, llamarán a testificar a ambas firmas para que respalden o no los datos de la orden de parámetros.

La incompatibilidad, clave del conflicto

Fuentes empresariales aseguran que Boston Consulting y Roland Berger se han llegado a plantear denunciar al IDAE en los tribunales ante la falta de pago de los servicios prestados en la elaboración de los estándares de las renovables. Algo que resulta paradójico teniendo en cuenta que el objetivo último del contrato era que estas consultoras actuaran como peritos del Ministerio de Industria en los tribunales en las múltiples demandas con las que afectadas habían amenazado.

Este extremo no ha sido confirmado y, además, el ministerio dice haber pagado la mitad de los emolumentos. Por otro lado, fuentes cercanas a ambas firmas dudan de que estas vayan a testificar en los tribunales contra el Estado, para el que realizan otros trabajos. Estas mismas fuentes consideran que el verdadero problema entre las partes es el de la incompatibilidad que le imponía el contrato por la que estas firmas no están dispuesta a pasar. Por cierto, que dicha incompatibilidad se aligeró a través de una enmienda de última hora que el PP presentó a la nueva Ley Eléctrica que se aprobó en diciembre.

El proceso de licitación del IDAE fue denunciado por la asociación de empresas fotovoltaicas Anpier por considerar que no había sido transparente. La contratación se realizó mediante invitación y sin publicidad, cuando la ley establece la obligación de que se hagán públicas cuando el importe supere los 60.000 euros. Algo que no se hizo, según Anpier.

Esta asociación lo denunció ante el Tribunal de Contratación Pública, que en principio lo admitió a trámite y aplicó cautelares y después se desdijo argumentando que Anpier no tenía legitimación para denunciar. Este asunto está ahora en la Audiencia Nacional.