El juez impone 800 millones de fianza por la salida a Bolsa de Bankia
Afirma "con toda rotundidad" que los estados financieros del folleto "no expresaban la imagen fiel de la entidad". Bankia y BFA avanzan que recurrirán la decisión
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido finalmente imponer una fianza civil solidaria de 800 millones a los responsables de la salida a Bolsa de Bankia por el posible daño causado a los accionistas que acudieron a ella.
En un auto dicatado este viernes, Andreu da un mes para pagarla, o embargar sus bienes por dicha cuantía a Bankia y su matriz BFA, así como a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.
Un grupo de accionistas minoristas afectados, que adquirieron unos 34 millones de euros en acciones, presentaron una petición de fianza que el juez lleva estudiando toda la semana tras escuchar a las partes el lunes.
Finalmente, el juez ha decidido imponer la obligación de afianzamiento de forma solidaria a las dos sociedades y a los cuatro exdirectivos citados “como responsables del acuerdo adoptado en la reunión del consejo de administración de Bankia” del 15 de junio de 2011 en que se aprobaron “los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo” de la OPV y que según los peritos judiciales no era fiel a la realidad.
Los afectados solicitaban una fianza de 4.112 millones de euros que cubriera posibles indemnizaciones por los 3.092 millones de euros captados por Bankia en su salto al parqué y el tercio adicional que permite la ley.
¿Por qué 800 millones?
La cifra finalmente decidida, argumenta el juez, es “proporcionada, adecuada y justificada” y resulta de “una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoristas, siendo esta de 1.800 millones de euros” más un tercio de esta cantidad: 800 millones de euros.
Se trata, de hecho, de la fianza mínima imponible dando por bueno que han sido afectados todos los accionistas minoritarios y que se dan "indicios de criminalidad" en la investigación de la causa. La decisión, por su cuantía y repercusión, es histórica.
El juez defiende que con “la medida cautelar adoptada no pretende poner en duda la viabilidad económica y financiera de Bankia”, pero aduce que “esta viabilidad se debe” precisamente al hecho de que haya recibido 22.400 millones de euros en ayudas públicas.
La decisión supone defender la tesis de que son los accionistas minoritarios, no profesionales, los grandes afectados por la salida a Bolsa, mientras que se obvia de momento -y ante la falta de reclamaciones judiciales por su parte- el posible engaño que hubieran sufrido los accionistas institucionales.
Los accionistas institucionales
En este sentido, la mayoría de las entidades financieras que apoyaron la salida a Bolsa de Bankia han apuntado que no harán reclamaciones, como es el caso de Santander o Sabadell, mientras que CaixaBank ha decidido no opinar hasta que avance el proceso judicial.
Solo Mapfre, de entre los grandes accionistas mayoritarios de la operación, ha avanzado que podría interponer acciones judiciales para recuperar el dinero invertido ante la petición de sus accionistas en este sentido.
El contrainforme
Con esta diligencia, el juez también da credibilidad a las conclusiones de los peritos judiciales –dos inspectores del Banco de España a quienes encargó el informe- que alegaron que la entidad no presentó una imagen fiel de sus cuentas en la salida a Bolsa. De hecho, el juez defiende "la especial relevancia que en este punto tiene, y ha de tener, la pericial practicada".
Es más, el juez aduce que en base al informe se puede afirmar "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad".
El juez expone incluso que el contrainforme presentado por Bankia, elaborado por el catedrático de Economía Leandro Cañibano, "en absoluto contradice" la conclusión principal de los peritos de que el folleto no incluía una imagen fiel de la realidad y que solo demuestra que se cumplieron las obligaciones formales de presentarlo.
Posible recurso
La decisión es recurrible en un plazo de tres días en el juzgado que preside Andreu o en cinco, presentando directamente un recurso de apelación ante la sala de la Audiencia a Nacional. De no prosperar los previsibles recursos, las seis partes deberán sentarse a negociar qué pago asume cada uno, previsiblemente en forma de aval.
De momento, fuentes de Bankia han rehusado comentar el contenido de la diligencia, que su equipo jurídico continúa estudiando. Tanto Bankia como BFA han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que pretenden recurrir la decisión una vez que analicen el auto.
La entidad aún no ha presentado los resultados de 2014 a la espera de que el FROB le comunique cuántas provisiones debe hacer para cubrir las demandas recibidas por la vía civil, en paralelo a esta decisión de la investigación penal.
Las razones de la CNMV
En la querella que motiva el auto del juez, y que este recoge, que tras solicitar la fianza se requerirá a la CNMV “que remita el expediente tramitado de admisión a negociación de Bankia con especial hincapié en la resolución motivada” que se realizó “o las razones por las que entendió la CNMV que era posible formarse un juicio fundado sobre el emisor”.
Andreu recoge también su tesis de que "los riesgos señalados en el citado folleto han quedado en puras anécdotas a la luz de lo ocurrido pocos meses después", desde la quiebra del Banco de Valencia, que "no fue saneado por su matriz Bankia sino con cargo al dinero del FROB", se matiza, hasta la nacionalización y el rescate de la propia entidad "con cargo al dinero del Estado por importe de 23.500 millones".
"Como es obvio, de tales hechos habrán de responder cuantas personas colaboraron a la creación y mantenimiento de tal ficción", prosigue la querella atendida por el juez, lo que abre la puerta a seguir depurando responsabilidades a otros actores como el auditor o el propio Banco de España.
