El expresidente de Caja Madrid se asignó 2,7 millones de compensación

La Fiscalía pide imputar a Blesa por adjudicarse una indemnización millonaria

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción de Madrid Decano imputar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por asignarse una indemnización de 2,73 millones de euros abonada en 2010 y le hace responsable de los sobresueldos derivados del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de la entidad que le fue remitido a finales del pasado mes de diciembre por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

 La Fiscalía especial también solicita la imputación de Ildefonso Sánchez Barcoj, por aquel entonces director general financiero y de medios, al entender que también es responsable junto a Blesa de la aprobación de las retribuciones, del exceso de las aportaciones a los planes de pensiones y de los pagos indebidos en relación con el cese de algunos directivos.

En concreto, la Fiscalía recoge las posibles irregularidades detectadas por el FROB en la cuantía de las indemnizaciones pagadas a cuatro altos directivos de Caja Madrid con motivo de la extinción de su relación de servicios con la entidad, entre los que se encuentra Blesa, quien percibió dicha indemnización por un pacto de “no concurrencia de dudosa eficacia”.

Además, el informe 'forensic' señala que en 2009 se pagaron 2,89 millones al exsecretario del consejo de la Caja Madrid Enrique de la Torre de “manera irregular”, parte por el reconocimiento de conceptos no aplicables y parte como consecuencia de haber tomado como base para el cálculo de la indemnización la retribución incrementada “indebidamente” en 2008.

Posibles irregularidades

Entre las posibles irregularidades detectadas, también se encuentra el pago en 2010 de 1,96 millones a Ricardo Morado por su cese, “sin que se haya podido acreditar el carácter forzoso de su baja, y que no se deberían haber pagado en el caso de que el cese hubiera sido voluntario”.

Las investigaciones del FROB también señalan que en marzo de 2011 la Fundación Caja Madrid pagó a Rafael Spottorno una indemnización de 232.500 euros y una compensación por la renuncia de dicha entidad al período de preaviso de 40.625 euros, y describe “dudas sobre si el cese de la relación se produjo o no a iniciativa del interesado”.

Ahora bien, el organismo dependiente del Ministerio de Economía subraya que Spottorno no fue nombrado como directivo de BFA cuando fue disuelto el comité de dirección de Caja Madrid, con lo que asegura que “es razonable pensar” que pudo existir un acuerdo entre la entidad y este alto directivo para prescindir de sus servicios, en cuyo caso no habría habido ninguna irregularidad en la percepción de la indemnización.

Delito societario

Anticorrupción indica que los cuatro tipos de actuaciones concretas analizadas en el informe remitido por el FROB, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de “percepciones excesivas”, podrían ser constitutivos de un delito societario de administración desleal.

En este sentido, se señala a Blesa, al igual que a Sánchez Barcoj, como responsable de individualizar las retribuciones fijas en Caja Madrid y su “conocimiento y reconocimiento” del modo de fijar los sueldos variables de la alta dirección, del exceso de las aportaciones al plan de pensiones como “gratificación extraordinaria” y de los pagos indebidos con el cese de Enrique de la Torre.

Por ello, pide que el Juzgado de Instrucción de Madrid impute a Blesa y Sánchez Barcoj para investigar de forma autónoma a la causa que el juez Fernando Andreu lleva en la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de Bankia y el uso de tarjetas opacas por parte de consejeros de esta entidad y de Caja Madrid.

Anticorrupción esgrime, según fuentes jurídicas, que las posibles irregularidades apuntadas por el FROB no tienen nada que ver con las que ya analiza el Juzgado Central de Instrucción número 4 y además se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010, bajo la presidencia de Miguel Blesa. Por ello, Anticorrupción considera que tienen poco que ver con la investigación que ya se lleva a cabo en la Audiencia Nacional.

Además, solicita que se cite al autor del informe de PwC sobre los sueldos en Caja Madrid, Javier López Andreo, para que proceda a su ratificación.