Por unos presupuestos al servicio de las personas
Incertidumbre y escasa protección social son las características que definen los Presupuestos Generales del Estado que regirán el próximo año 2015 y que inician la recta final para su aprobación definitiva en el Parlamento.
La actual situación que atraviesa España necesita de unos presupuestos públicos que apuesten decididamente por la inversión en los servicios sociales básicos, que generen creación de empleo, con calidad y derechos, así como unos servicios públicos que aseguren la protección social de todos los ciudadanos, y muy singularmente de los sectores más vulnerables.
Las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años han tenido graves efectos negativos en la sociedad española: crisis del empleo, de los derechos laborales y de los servicios sociales, pero sobre todo, graves desigualdades sociales. Por ello, España requiere de unos presupuestos que se destinen a la ciudadanía, de manera que esta deje de ser la que, con su sacrificio, siga cuadrando las cuentas del Estado.
Los presupuestos vienen cargados de incertidumbre, pues en su elaboración ha primado un cuadro macroeconómico condicionado por factores externos que pueden hacerlos inviables.
Y, fundamentalmente, contienen medidas con escaso carácter social en diversos ámbitos, como el laboral, donde se reduce un 15% el gasto en protección por desempleo, vinculado a previsiones de descenso del paro en un 6,5%, o el aumento de la partida para fomento del empleo que, aunque crece, es insuficiente teniendo en cuenta la alta tasa de desempleo y los consecutivos descensos en esta área desde 2011.
Las cuentas para 2015 en el ámbito educativo tampoco contribuyen a frenar la grave desigualdad social, puesto que reducen en un 90% la inversión en educación compensatoria que garantiza la igualdad de oportunidades del alumnado más desfavorecido; no reponen la pérdida de 20.000 profesionales y la pérdida salarial acumulada, y congelan la partida destinada a becas y el programa Erasmus.
La sanidad, a pesar de ver incrementado su presupuesto desde 2011 en un 2,2%, sufre un nuevo recorte en el gasto sanitario, que se suma al de años anteriores, situándose en el 56% del de 2011, principalmente por el recorte en 20,3 millones de euros del Fondo de Cohesión Sanitaria.
Asimismo, la aportación del Estado para el sistema de atención a la dependencia será de 1.177 millones de euros para la cobertura del nivel mínimo, manteniéndose suspendido el complemento acordado con las autonomías, cuantía que no compensa la reducción sistemática de los servicios, la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, el incremento del copago y la suspensión de la atención a personas con dependencia moderada, cuestiones que empeoran la calidad de vida de las personas dependientes y cargan su atención sobre los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado mantiene la congelación salarial a los funcionarios y las restricciones a la contratación. Esta continua pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y las bajísimas tasas de reposición afectan a las condiciones laborales de este sector y conllevan grandes carencias en los propios servicios públicos.
Por otra parte, las medidas de reforma fiscal puestas en marcha son injustas e insuficientes, contradiciendo la necesaria equidad en el reparto de las cargas tributarias, disminuyendo la progresividad fiscal, beneficiando a las rentas más altas y rentas del capital, no combatiendo el fraude y la evasión fiscal, y aumentando, con todo ello, las desigualdades sociales.
En este contexto presupuestario, la sociedad necesita una decidida acción contra la degradación salarial y por la recuperación de las retribuciones del trabajo, así como por el incremento de forma significativa tanto del salario mínimo interprofesional como del Iprem y la fijación de una renta social mínima con la que evitar la exclusión social de las personas, poniendo los recursos públicos al servicio de la ciudadanía.
España necesita de medidas con las que reactivar la economía real, retroalimentando la demanda interna y el empleo como medidas sustanciales para superar la crisis y evitar una tercera recesión que, como espada de Damocles, pende de nuevo sobre el panorama europeo y, consiguientemente, sobre nuestro país.
Los presupuestos de un país deben ser un instrumento para corregir las desigualdades sociales, deben estar al servicio de la vida y el trabajo de las personas, y no de las políticas de recortes y austeridad amparadas que nos han llevado a la actual y persistente situación de crisis económica, del empleo, democrática y social.
Julio Salazar Moreno es secretario general de la Unión Sindical Obrera.