¿Por qué quieren que Draghi dimita?

La duda sobre la continuidad de Draghi parecía impensable hasta hace poco. Desde el 1 de noviembre de 2011, cuando asumió el cargo, el italiano había logrado convertirse en la imagen de la supervivencia del euro. Y su inmenso poder logrará mañana mismo otro máximo histórico con la puesta en marcha del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el órgano del BCE que a partir de ahora asume la vigilancia de las mayores entidades financieras de la zona euro, incluidas Santander, BBVA y casi toda la banca española.

Este 4 de noviembre debería marcar para Draghi el inicio de una nueva etapa en la que, tras haber salvado la integridad de la zona euro, podría imprimir su cuño a la Unión Bancaria, el mayor avance en la integración financiera desde el lanzamiento del euro en 1999. Draghi, en cambio, vive las horas más bajas desde su llegada a Fráncfort, sacudido por una feroz campaña en contra en la que participa, sin demasiado disimulo, su colega del Consejo de Gobierno del BCE y presidente del Bundesbank (Banco Federal Alemán), Jens Weidmann.

Los ataques parecían dirigidos en un principio a neutralizar algunas de las medidas más polémicas planteadas por Draghi, como la compra de activos puesta en marcha la semana pasada (el BCE se estrenó con 1.700 millones en cédulas). Draghi y su predecesor Jean-Claude Trichet ya habían sufrido ese tipo de escaramuzas y lograron salir indemnes. Pero las fuentes consultadas coinciden en que esta vez se trata de un choque mucho más profundo, que no atañe solo a ciertas medidas sino al propio papel del BCE.

Tras la llegada de Draghi, el BCE ya no se conforma solo con vigilar la inflación y parece decidido a contribuir a la recuperación económica de la zona euro de manera similar a como lo han hecho la Reserva Federal en EE UU o el Banco de Inglaterra en Reino Unido. Draghi quiere más inflación para aliviar la carga de la deuda, más inversión en los países con margen presupuestario (Alemania) y elevar a tres billones de euros, como mínimo, el balance del BCE para descargar a la banca de parte de sus activos.

Cualquiera de las tres medidas supone un tabú para Berlín. Las tres juntas parecen una declaración de guerra que podría costarle el cargo a Draghi, a quien algunos rumores ya sitúan antes de tiempo como presidente de la República en Italia en sustitución de Napolitano.

Los rivales de Draghi, encabezados por el Bundesbank, consideran que el BCE no puede asumir ese intervencionismo mientras los 18 países de la zona euro mantengan su independencia presupuestaria y fiscal porque, a su juicio, supondría centralizar el riesgo sin unificar al mismo tiempo su control.

Hasta ahora, el BCE ha logrado capear esas objeciones. Y Draghi incluso contó con el apoyo del Gobierno de Merkel en los momentos más críticos, como en el verano de 2012, cuando logró frenar la escalada de la prima de riesgo de Italia y España con el anuncio de un programa de deuda pública (OMT), nunca activado. La cuerda siempre se rompió por el lado alemán, con la salida del presidente del Bundesbank (Axel Weber), del economista jefe del BCE (Jürgen Stark) y del miembro alemán del BCE (Jörg Asmussen, aunque este atribuyó su marcha a motivos personales).

Pero Alemania cada vez soporta menos los movimientos de Draghi y el margen de maniobra del italiano se agota. Primero, porque Berlín parece dispuesto a frenar una deriva que apunta hacia una compra masiva de deuda (quantitative easing). Y segundo, porque se ha roto el eje Berlín-París que en tiempos de Sarkozy logró convencer a Merkel de la necesidad de respaldar al BCE.

Sin dirección política clara en la zona euro, sin respaldo decisivo en ninguna capital y con el enemigo dentro de casa, Draghi no parece en condiciones de seguir imponiéndose a los halcones del Bundesbank. En una reciente entrevista publicada en Der Spiegel, Weidmann ya advertía de que no se rendirá como sus predecesores: “Cuando llegué al BCE ya sabía que habría dificultades. No quiero huir de ellas y no lo haré”, aseguró el presidente del Bundesbank.

Almunia se va con un susto a las empresas

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, saboreó la semana pasada una inesperada victoria a solo unas horas de dejar el cargo. Chiquita, la multinacional estadounidense del plátano, anunció que renunciaba a la fusión con su rival irlandesa Fyffes, una operación cuya principal finalidad, según muchos analistas, no era otra que cambiar el domicilio fiscal de EE UU por el de Irlanda para rebajar sustancialmente la carga de impuestos. Oficialmente, los accionistas de Chiquita parecen haber encontrado una opción mejor en Brasil y han decidido olvidarse de Fyffes. Pero el fracaso de la operación ha tenido lugar poco después de que Almunia iniciase su ofensiva contra las ventajas fiscales que Irlanda, entre otros países, ofrece a las multinacionales.

La investigación de Almunia afecta a Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda o Amazon en Luxemburgo. La arremetida final de Almunia fue de tal envergadura que el Gobierno irlandés anunció que suprimirá algunas de sus ventajas fiscales a partir del año que viene y solo las mantendrá temporalmente (hasta 2020) para las empresas que ya las disfrutaban. Un anuncio que, sin duda, no pasó desapercibido en Chiquita, que también se ha visto constreñida por el endurecimiento de las normas estadounidenses contra la elusión fiscal. Desde hoy, la investigación abierta por Almunia pasa a manos de la liberal danesa MargretheVestager, nueva comisaria de Competencia. Habrá que ver si mantiene la ofensiva.

Ana Botín se estrena en Bruselas

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, participará este jueves en la conferencia de alto nivel sobre financiación y crecimiento que se celebra en Bruselas. La cita, organizada por la Comisión Europea y la presidencia italiana de la UE, será la primera comparecencia de Botín en la capital europea desde que asumió la dirección de una de las mayores entidades financieras de Europa. Botín participará en la primera sesión de la conferencia para debatir con Danièle Nouy, máxima responsable del Mecanismo Único de Supervisión del BCE, y Elisa Ferreira, eurodiputada socialista portuguesa, sobre la situación del crédito bancario tras las pruebas de estrés de la semana pasada.