Tribuna

BEPS: transparencia y armonización

Por iniciativa común del G20 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 16 de septiembre se presentaban en París las primeras recomendaciones del Plan BEPS para luchar contra la generalización de las prácticas fiscales internacionales consideradas como agresivas.

Los trabajos, que venía desarrollando la OCDE contra la evasión fiscal y la mejora técnica de los sistemas tributarios, se vieron fuertemente impulsados hace menos de dos años por la propuesta del G20 para erradicar estructuras y prácticas fiscales agresivas y perniciosas. No se busca tanto luchar contra la evasión fiscal ilegal, sino fundamentalmente identificar lagunas legales o defectos de la regulación internacional; una situación que podría estar siendo aprovechada por grupos internacionales, no para evitar una fiscalidad excesiva o supuestos de doble tributación, que también, sino para minimizar o eliminar cualquier tipo de tributación a través de desarrollos artificiosos que desplazan el origen de los ingresos de los países donde se localiza el negocio y los clientes a otras jurisdicciones creadas con el único objetivo de atraer a las empresas por su opacidad y su nula tributación.

Desde su puesta en marcha, esta iniciativa ha sido magníficamente acogida por Gobiernos y organismos públicos internacionales y progresivamente también ha ido ganándose la adhesión de la opinión pública e incluso de la comunidad empresarial, al extenderse un sentimiento de abuso y ausencia de trato equitativo, de aprovechamiento artificioso de incentivos por parte de algunos grupos empresariales, premeditadamente opacos, y de alguna gran multinacional.

En concreto, las recomendaciones de BEPS promueven atacar medidas como la ausencia de regulación armonizada del comercio digital o sobre la propiedad intelectual entre países, el uso abusivo de los convenios internacionales o de los precios de transferencia, la competencia desleal entre Estados, las asimetrías en el tratamiento fiscal entre regulaciones (i.e. productos híbridos) y la falta de transparencia e información sobre la actividad desarrollada en cada país.

Además, estas últimas recomendaciones recién publicadas intentan lograr un mayor equilibrio entre la erradicación de esas prácticas consideradas perniciosas y la protección de los contribuyentes y de la actividad empresarial internacional. Por primera vez, se refieren a la necesidad de que los sistemas tributarios ofrezcan certidumbre y que sus resultados resulten predecibles para los contribuyentes. Se insiste en que la eliminación de supuestos de no tributación, no conlleve incurrir en supuestos de doble tributación, en obligaciones de cumplimiento administrativo engorrosas e innecesarias o, en general, en restricciones a la legítima actuación empresarial a nivel internacional.

Según datos del International Business Report de Grant Thornton –una macroencuesta que nuestra firma realiza a más de 2.500 directivos de 34 países y en la que se preguntaba por el tema–, un sector mayoritario de los empresarios abogan y se adhieren a este marco de mayor equilibrio. Sorprendentemente, del Business Report de Grant Thornton se deriva que son los propios agentes de la economía quienes reclaman a los Estados unas reglas de juego más claras y armonizadas, pero también que estos entienden que esa demanda debe conllevar unas medidas restrictivas contra los paraísos fiscales, contra el exceso de opacidad o contra las estructuras artificiosas.

Los resultados del International Business Report de Grant Thornton muestran que los directivos españoles están entre los más convencidos de la necesidad de regular los paraísos fiscales: un 83% de los directivos encuestados en España se posiciona a favor de regularlos, frente a la media europea del 56%.

Las conclusiones de la macro encuesta de Grant Thornton parecen sugerir que está cundiendo la expectativa de mayor ecuanimidad y de que, aunque BEPS pueda conllevar marcos regulatorios excesivos o engorrosos, también sirva para solucionar la evidente sensación de hartazgo e injusticia que sienten no solo los gobiernos, sino también los empresarios.

En resumen, las iniciativas recaudatorias que contempla BEPS, aunque muy rigurosas y restrictivas, es previsible que sean finalmente apoyadas por la comunidad empresarial siempre que pueda considerarlas más justas y ecuánimes por enmarcarse en unas reglas claras del juego: entendibles, predecibles y transparentes, y armonizadas, aplicadas de forma generalizada por los países.

Eduardo Cosmen es socio de Fiscal de Grant Thornton.