Editorial

Un escándalo que exige firme respuesta

A falta de conocerse aún todos los detalles de la investigación, el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid presenta ya unas dimensiones de extraordinaria gravedad. La lista de directivos que entre 2003 y 2012 recibieron tarjetas de crédito “fuera de los circuitos ordinarios” de la entidad suma 86 personas, que cargaron sobre Caja Madrid 15,2 millones de euros y sobre Bankia 245.200 euros. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, iniciada a instancias del FROB tras recibir, a su vez, una auditoría sobre los hechos encargada por el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, revela que los directivos gastaron elevadas sumas en compras de alimentación, ropa o retiradas de efectivo.

El desglose de esas actuaciones desvela unos niveles de impunidad y de abuso solo imaginables en un escenario de malas prácticas de gestión, como el que precipitó la reordenación del sector de las cajas de ahorro en España. Según los datos conocidos hasta ahora, solo cuatro de los 90 directivos o consejeros de Caja Madrid-Bankia declinaron hacer uso de las tarjetas, mientras que el resto lo hizo en mayor o menor medida y bajo distintas circunstancias. Cuatro de ellos, entre los que se encuentra el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, devolvieron posteriormente las sumas gastadas, pero 28 continuaron utilizando las tarjetas una vez cesados en el cargo, mientras cinco se beneficiaron de ellas sin haber pertenecido nunca a la plantilla de la entidad.

Las primeras consecuencias de este escándalo apuntan a una posible apertura de acciones legales contra las personas involucradas. Desde la Fiscalía Anticorrupción se estudia si se ha podido incurrir en un delito societario y de apropiación indebida, dado que no consta que los involucrados hayan declarado los gastos a Hacienda. A ello hay que sumar el legítimo derecho de Bankia y la Fundación Caja Madrid – entidad jurídica heredera de la antigua caja– a reclamar las cantidades. Más allá de esas actuaciones directas, hay otras de naturaleza colateral. La Agencia Tributaria anunció el viernes que investigará si se han producido prácticas similares en empresas del Ibex.

La gravedad de los hechos registrados en Caja Madrid hace necesario que su investigación y sus consecuencias legales se clarifiquen cuanto antes y de forma transparente. Lo mismo ocurre con la intención de Hacienda de inspeccionar posibles actuaciones similares en las grandes empresas cotizadas, una decisión que debe ejecutarse con celeridad y eficiencia, dado el efecto que una investigación prolongada podría tener sobre la imagen de las compañías. Escándalos como el destapado en la antigua caja madrileña son un ejemplo de una cultura de gestión que ha causado un daño profundo a la economía española. El reto ahora no es solo detectar esos hechos e investigarlos, sino también poner los medios para evitarlos en el futuro.