Editorial

La virtud de la ejemplaridad

Es evidente que el caso Pujol es un asunto poliédrico, con variantes políticas, jurídicas, reputacionales y económicas. La primera de ellas, la política, tuvo ayer un doble episodio, en los Parlamentos nacional y catalán. En el hemiciclo central, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue durísimo con la actitud del expresident catalán por sus “30 años de clandestinidad fiscal”, sugirió la existencia de “uno o varios delitos” y aclaró que Jordi Pujol no se acogió a la regularización fiscal de 2012. En paralelo, todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento catalán, incluida Convergència i Unió, solicitaron que Pujol comparezca ante ellas para dar explicaciones por el conjunto del caso. Mientras tanto, varios aspectos de la intrincada fortuna de su familia están ya en los juzgados, con lo cual la reputación del entorno del expresident se está viendo seriamente comprometida en un momento clave para el futuro político de Cataluña. Pero más allá de estas consideraciones, hay un mensaje para la reflexión: la inexcusable ejemplaridad social (y por supuesto la fiscal) de las figuras públicas, que debe ser más rigurosa cuanto más alto es el puesto del escalafón que se ocupe. Pujol debe dar y dará explicaciones. Y las distintas Administraciones deben sancionar con firmeza sus faltas y delitos, si los hubiere.