"No podemos descartar uno o varios delitos"

Montoro irá hasta el final y no hará “borrón y cuenta nueva” con Pujol

El terremoto originado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol no ha perdido intensidad y amenaza con tensar aún más las relaciones entre el Estado y Cataluña. A finales de julio, Pujol confesó que había ocultado una herencia millonaria en el extranjero y se comprometió a comparecer ante las autoridades tributarias. Unas explicaciones que no han convencido a Hacienda, que se mostró dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias ante “uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos de España”.

Hacienda lo considera como “uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos”

 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechó su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso para evitar especulaciones sobre un posible trato de favor frente a otros contribuyentes. “Si creía que pidiendo perdón públicamente se hacía borrón y cuenta nueva se equivocaba de pleno. La obligación del Ministerio es perseguir el fraude fiscal lo cometa quien lo cometa, e independientemente de su poder económico, mediático o político. Así, actuará en todos los frentes para que nada ni nadie quede impune”, apuntó durante su intervención. Montoro advirtió a Pujol que el fraude fiscal “no se expía con una carta novelada” y que la supuesta voluntad de colaborar “no es creíble” puesto que aún tiene cuentas pendientes. “Millones de euros ocultados al fisco no son una anécdota ni un error”, enfatizó.

Montoro incluso criticó la “radicalización” de Pujol, a quién reprochó que “sorprendentemente” se haya reconvertido en “adalid del independentismo” a la par que se investigaba su fortuna familiar. También reprobó a quienes “pretenden lanzar pulsos al Estado y al mismo tiempo se están lucrando y sacando partido personal del mismo” y consideró lógico que los ciudadanos de Cataluña se pregunten ahora cómo han podido dejar la gestión de su comunidad en personas que eluden sus obligaciones tributarias.

Pujol comparecerá en el Parlamento catalán después del 22 de septiembre para no influir en la Diada

Unas críticas que escocieron especialmente en CiU. El diputado de esa formación Pere Macías le acusó de hacer “juicios de valor temerarios” y le exigió que no aprovechara el caso para atacar las aspiraciones independentistas. “Una aspiración ciudadana cuya magnitud dirán las urnas”, insistió.

El ministro de Hacienda reveló que el expresidente catalán no se acogió a la última amnistía fiscal y se mostró molesto por no poder desvelar más detalles, en virtud de lo que marca la ley tributaria, por lo que instó al Parlamento correspondiente para que creara una comisión de investigación y le reclame información. Al mismo tiempo que Montoro hablaba, el Parlamento catalán aprobó por unanimidad la petición de comparecencia. Apenas dos horas después, el propio Pujol remitió a la presidenta del parlamento catalán, Nuria de Gispert, una carta anunciando su disposición a dar explicaciones a partir del 22 de septiembre para no influir en “hechos de gran voltaje político” en clara alusión a la Diada y a la aprobación de la ley de consultas.

Lista de morosos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, estimó que unas 2.000 personas y empresas podrían aparecer en la lista de morosos que el Gobierno se comprometió a publicar en junio. Montoro se mostró confiado en que la revelación de esa lista sirva de “empuje” a muchos a cumplir con sus obligaciones fiscales para evitar “el descrédito y el reproche social” que supondría aparecer en un listado como este.

Hacienda incluirá en el registro público a aquellos contribuyentes con deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso que superen el millón de euros, siempre que estas no se encuentren aplazadas o suspendidas y haya transcurrido un año desde la finalización del plazo de ingreso.

El quebranto de Gibraltar

Blanqueo de capitales y contrabando de tabaco. Esa fue la principal conclusión del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), hecho público a mediados de agosto tras la denuncia presentada por la Agencia Tributaria por los supuestos delitos que se estaban cometiendo en Gibraltar y que estaban causando un quebranto importante en las arcas publicas.

El titular de Hacienda aprovechó su comparecencia en el Congreso para poner cifras a esa situación irregular denunciada por España. “La opacidad del régimen fiscal de Gibraltar provoca una pérdida de ingresos en España de alrededor de 1.000 millones de euros anuales. El Gobierno vigila de cerca operaciones fiscales en las cercanías del Peñón”, apuntó durante su intervención. De esa cifra, el contrabando de tabaco, según Montoro, ha hecho perder ingresos a Hacienda por valor de 708 millones de euros entre 2010 y 2013.