Madrid veta el 80% del negocio de los pisos de uso turístico con su nueva ley

Uno de los apartamentos turísticos ofertados en Madrid por Homeaway.

La polémica por la regulación de los apartamentos turísticos se agrava. Una semana después de que la Comunidad de Madrid aprobara un decreto para regular las viviendas de uso turístico en la región, que ha sido reclamado por sus dueños y por los hoteleros, los propietarios de viviendas de uso turístico criticaron ayer que la norma es “una prohibición encubierta” al sector.

El decreto, que aún no está en vigor al no haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, incluyó en el último momento que no podrán contratarse viviendas de uso turístico por un periodo menor a cinco días. Una cifra que, según la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) y la Asociación de Gestores de Vivienda de Uso Turístico (Asotur) penaliza al 80% de la actividad del sector, que tiene una reserva media de 3,2 días. “La limitación de cinco noches equivale a una prohibición, una prohibición encubierta y una limitación arbitraria”, afirmó el secretario general de Fevitur, Eliseo Martínez.

Un límite que “potenciará la economía sumergida”, aseguró David Tornos, portavoz de Asotur, que añadió que es un sector “que era alegal –desde la derogación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en 2010– y lo han ilegalizado” por la presión del sector hotelero. De esta forma, desde Fevitur se anunció ayer que se están estudiando medidas legales para intentar modificar el decreto antes de su entrada en vigor.

Unas críticas que también llegan desde otra de las asociaciones del sector, la Asociación de Empresarios de Apartamentos Turísticos de Madrid (Aptur), que aseguró que “la decisión no obedece a ningún criterio de racionalidad y más bien parece el fruto de las presiones (...) de la patronal hotelera”.

La nueva regulación de la Comunidad de Madrid, que busca “proteger los derechos de los usuarios de estos alojamientos, y preservar la calidad en la oferta de servicios turísticos de la región”, se suma a las existentes en otras comunidades autónomas como Cataluña, que recientemente multó con 30.000 euros a Airbnb. En el caso de la norma madrileña se exige que los pisos destinadas a uso turístico no sean viviendas habituales y que estén equipadas. El texto explica que este tipo de viviendas deben comercializarse de forma integral, no por habitaciones (dejando fuera a buena parte de los anuncios de Airbnb), y que deben estar inscritas en el registro de empresas turísticas. La exigencia de que las reservas deben ser superiores a cinco noches solo afecta a las viviendas de uso turístico y no a los apartamentos turísticos, que se diferencian de los primeros en que estos ocupan todo un edificio destinado a este fin.

Alojamientos colaborativos

La nueva normativa madrileña deja en la ilegalidad a buena parte de los alojamientos colaborativos, al ofrecer en alquiler una parte de la vivienda. La CNMC, pese a que no ha realizado ningún informe oficial al respecto, publicó ayer en su blog una reseña sobre la economía colaborativa en el que valora “muy positivamente los efectos beneficiosos para la competencia que puede traer” y apunta que, en algunos casos, la ausencia de regulación podría ser “la solución óptima”.

Competencia asegura además que "la respuesta por parte de las autoridades no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en reducir los requistos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean innecesarios o desproporcionados".

Para impulsar la economía colaborativa se ha puesto en marcha recientemente la asociación Madrid Peers, que busca fomentar la relación entre los consumidores. Su secretario general, Carlos Martínez, considera que la normativa madrileña de alquiler de viviendas de uso turístico “obliga al usuario a irse a un hotel o a otra ciudad que permita este tipo de alojamiento”. Martínez avanza además que desde Madrid Peers se planea poner en marcha en las próximas semanas una asociación específica para los anfitriones de vivienda de uso turística, dado que, según explica, "hay gente que vive de esto porque sino no llegaría a final de mes". La asociación no descarta “hacer movilizaciones o recogidas de firmas” ante la nueva normativa madrileña.