“Donde el agua es escasa están acostumbrados a pagar por ella”
Como licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, además de pertenecer al cuerpo de abogados del Estado, el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, acumula ya una amplia experiencia como gestor público de temas relacionados con el medio ambiente y las infraestructuras, tanto en la Administración Central, como en la Comunidad de Madrid. Una experiencia que, sin duda, le ha servido para conciliar los distintos intereses que se ponen en juego al elaborar los planes hidrológicos de todas las demarcaciones sobre las que tiene competencia el Estado, así como para impulsar los de ámbito autonómico.
El Consejo de Ministros culminó el viernes la planificación hidrológica con la aprobación de los planes del Segura y el Júcar tras casi cinco años de retraso. ¿Por qué esa tardanza y qué trascendencia tiene?
Se trata de un proceso muy complejo que requiere de mucho esfuerzo y negociación con todas las partes implicadas, como son las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los usuarios de las cuencas. La aprobación de los planes del Júcar y Segura es muy relevante porque se trata de las dos zonas con más déficits hídricos.
¿Qué es un plan de cuenca?
Es la radiografía de un río. En él se especifica su componente física, geográfica, los usos agrícolas de la zona, el caudal ecológico que debe mantener y también establece una planificación de las obras, de las depuradoras que deben renovarse o construirse. Los planes de cuenca incluyen un examen de las aguas subterráneas con el fin de garantizar que el uso que se hace de éstas es sostenible. En definitiva, nos permite saber qué tenemos y hacia dónde vamos.
Después del apoyo mayoritario obtenido por todos los planes hidrológicos de cuenca, ¿puede decirse que se ha acabado la guerra del agua?
Este proceso demuestra que con diálogo siempre se puede avanzar. Solo entendiendo las necesidades de unos y otros se puede llegar a acuerdos. Ahora bien, si me pregunta si se acabarán las batallas o el aprovechamiento político de este asunto, evidentemente no.
¿Qué calificación le otorgaría al sistema hidrológico español?
España tiene una distribución de los recursos hídricos muy irregular. Fundamentalmente, por causas climatológicas, ya que el régimen pluviométrico es muy distinto en unas cuencas y otras. Además, las áreas de abastecimiento que cubren unos ríos y otros son muy dispares o las comunidades de regantes a las que deben atender. Así, hay masas de agua con un buen estado de conservación, aunque presentan amenazas. Algunas son por el clima y otras por las futuras demandas que originan, por ejemplo, los nuevos usos para ocio. De ahí, que deba seguir impulsándose la depuración.
¿Se paga en España un precio razonable por el agua?
Depende. Hay zonas donde se incorporan más costes y se paga más. Donde el agua es escasa están más acostumbrados a pagar por ella. Nosotros creemos que se deben ir incorporando todos los costes, de forma que lo que se cobre por ella, ayude a mejorar las infraestructuras y la gestión y, de ese modo, revierta en beneficio de todos los usuarios.
¿Qué obras hace falta poner en marcha para mejorar el sistema?
Debemos impulsar las obras de depuración. De hecho, la próxima partida de fondos europeos irá destinada a esto. En cuanto a las grandes infraestructuras, debemos finalizar las que están todavía en marcha, como algunas presas que llevan hasta décadas en construcción. Y, por supuesto, habrá que pensar y planificar qué más se necesita.
¿Es la oportunidad para la colaboración público-privada?
Sin duda, quizás las obras hidráulicas sean uno de los casos donde más claramente se pueden poner en marcha proyectos financiados por el capital privado sin que ello signifique privatizar la gestión del agua. Hay que explorar todas las vías posibles de financiación, pero para ello hay que brindar a los inversores un marco jurídico adecuado con la máxima seguridad y estabilidad.
¿Qué papel deben desempeñar las desaladoras?
En este asunto es donde se pone de manifiesto la necesidad de planificar correctamente. No basta con construirlas, hay que analizar cómo integrarlas, qué precios cobrar por el agua que van a producir. En España se han invertido 2.400 millones en la construcción de estas infraestructuras y no se han podido utilizar al 100%. Faltaban interconexiones y el diseño de cómo integrarlas en el conjunto del sistema del agua. El precio al que podían vender el agua superaba lo que los usuarios podrían pagar y eso era algo que se debía de haber sabido antes.
¿Tendrán cabida nuevas instalaciones de este tipo en el futuro?
Son un nuevo jugador, que puede ser útil en momentos clave. Todavía hay que desarrollar un modelo que permita integralas en la agricultura. Ese es el siguiente paso.
Gracias a la inversión de 10.260 millones prevista hasta 2027, ¿se acabará con el despilfarro de agua?
Se han hecho muchos avances y allí donde es más escasa, hay una cultura de aprovechamiento mayor. Las pérdidas en el sistema de distribución aún son altas por sus dificultades de transporte, pero se ha mejorado mucho. Por ejemplo, con la modernización de los regadíos, la optimización de los consumos urbanos y la reutilización de aguas se ha logrado avanzar mucho.
Reforma de costas y cambio climático, otros retos
La planificación hidrológica que ahora culmina es solo uno de los temas que hay sobre la mesa del secretario de Estado de Medio Ambiente, quien ahora recuerda con satisfacción las negociaciones llevadas a cabo incluso en sábados y domingos. Además, los próximos meses el trabajo girará sobre todo en torno a aprobar el reglamento de la reforma de costas y terminar la trasposición a la normativa española de varias directivas comunitarias. Federico Ramos considera prioritario agilizar la resolución de expedientes de impacto ambiental, así como garantizar que “si hay que decir que no a un proyecto, que se diga lo antes posible”. En materia de cambio climático, Ramos trabaja ya con dos citas vitales: las cumbres de Lima y, sobre todo, París, de donde deberá salir un acuerdo para la reducción de las emisiones de efecto invernadero.
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