Cambios normativos

Una de cal y otra de arena en el negocio de pensiones

La reforma fiscal deja un sabor agridulce en el sector

Una de cal y otra de arena en el negocio de pensiones

Una de las grandes incógnitas de la reforma fiscal de Cristóbal Montoro era saber qué ocurriría en los planes de pensiones, el instrumento de ahorro previsión por excelencia. Desvelada, el sabor ha sido agridulce.

Algunos temían que fuera peor de lo que ha sucedido finalmente: se reduce a 8.000 euros la aportación máxima y, por tanto, la deducción de la base imponible, con independencia de la edad.

El debate, dado lo escuálido de las aportaciones que hacemos los españoles –solo el 1% aporta más de 8.000 euros al año–, está siendo cuál es el efecto real de esa medida (ver despiece), pero en el sector apelan a que lo importante no es tanto cómo repercute con el panorama actual sino cómo redundará en el futuro próximo.

Ahí entra en juego el que en pocos meses, antes de final de año, los mayores de 50 años recibirán en su domicilio la ya famosa carta del Ministerio de Empleo informándoles de cuánto cobrarán de pensión pública según las actuales circunstancias.

Los mayores de 50 años conocerán su pensión pública y privada, si la tuvieran

El sector espera con anhelo esa comunicación a sabiendas de que viendo sobre el papel la triste realidad que nos puede esperar como pensionistas públicos, muchos españoles se animen a suscribir un producto de ahorro previsión privado que ayude a pasar una jubilación económicamente más holgada. Es decir, llega, o quizás sería mejor decir llegaba, el esperado boom para el sector privado.

Las cartas, que se recibirán por correo, informarán de la fecha prevista de jubilación ordinaria y de la pensión pública –el importe mensual, calculado en euros constantes y repartido en 14 pagas– y también de la privada si se tuviera.

Preguntado sobre la repercusión directa en el sector privado de esa información a los futuros pensionistas, José Manuel Jiménez, director de marketing de Aviva, cree que la mejora del negocio vendrá como consecuencia de la recuperación económica, el mayor ahorro de las familias, la mejora en la eficiencia de las compañías “y por una mejor educación financiera y una mayor información sobre la pensión de jubilación, tanto pública como privada. Obviamente, el desarrollo de este último punto ayudará a la potenciación de estos productos que tendrá que venir acompañada del resto de temas para que la repercusión sea relevante”.

Desde la patronal Inverco son más cautos y resaltan que la finalidad “única y exclusiva” de estas comunicaciones es informar a los futuros pensionistas sobre los ingresos estimados para que puedan tomar decisiones de inversión informadas “y, en todo caso, supondrá una mayor concienciación personal respecto del ahorro a largo plazo. Si esa decisión se materializará o no en planes, será una decisión individual de cada uno de ellos”, argumenta Ángel Martínez Aldama, su director general.

Si el incentivo fiscal, que ha sido siempre el mayor reclamo de estos productos –más que su rentabilidad– se reduce con esta última reforma del IRPF, se aminoran también las posibilidades de que más ciudadanos se animen a ahorrar mediante estos productos.

Las entidades aseguradoras, gestoras de planes y fondos de pensiones privados y las mutualidades de previsión social también deben informar a sus clientes de cuánto cobrará según el producto contratado.

La información a aportar “será doble”, explican desde Inverco. Por un lado, el capital estimado en el momento de la jubilación y por otro, el importe equivalente en renta mensual y anual.

Las firmas facilitarán esos datos en euros constantes y existirá un periodo de seis meses para el primer envío. Jiménez, sobre el coste para el sector, afirma que “teniendo en cuenta la mejora en la transparencia para el cliente, lo consideramos como muy bien empleado y además con criterios homogéneos, lo que redundará en una mejora de la claridad”.

Pocos pueden, o quieren, aportar más de 8.000 euros

Una de cal y otra de arena en el negocio de pensiones

Aunque se llegó a barajar dejarlo en 5.000 euros, el Gobierno finalmente ha decidido reducir a 8.000 euros anuales el límite máximo de aportación a planes de pensiones que da derecho a desgravación en el IRPF, la gran ventaja de los planes de pensiones sobre otros vehículos de ahorro.

En la actualidad, ese límite es de 10.000 euros y 12.500 euros cuando el contribuyente tiene más de 50 años. Lo cierto es que la medida puede afectar a grandes ahorradores –los que normalmente buscan aprovechar al máximo todas las opciones de desgravación que permite el sistema– más que al ahorrador medio, ya que en nuestro país las aportaciones a estos productos son bastante pequeñas.

Durante la explicación de la reforma fiscal, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, apuntaba que la media de las aportaciones no supera los 4.000 euros. De hecho, el 76% de los partícipes dedica a su plan de pensiones menos de 300 euros anuales y la proporción de ahorradores que aporta entre 8.000 y 10.000 euros al año es inferior al 1% del total.

Otra de las demandas era mejorar el sistema de cobro, en capital o renta. Finalmente no ha habido ningún cambio significativo.