La formación laboral suspende
Las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acerca de supuestos fraudes cometidos en cursos para la formación de trabajadores y desempleados, el llamado caso Aneri, así como las recientes informaciones sobre la supuesta falta de control en las ayudas económicas relativas a los cursos de Formación Ocupacional Profesional, financiadas por el Servicio Andaluz de Empleo, sacan a debate el uso negligente que venimos dando a los fondos destinados a la formación.
Si hay dudas razonables sobre la eficacia de nuestra enseñanza primaria y secundaria, si ninguna universidad española está dentro del ranking de las cien mejores universidades y , además, menospreciamos la importancia de los recursos utilizados en la formación del trabajador y en la reinserción laboral del parado, está claro que seguiremos perpetuando un modelo de crecimiento que ha terminado por aumentar el gap tecnológico que nos separaba de los países europeos más desarrollados, con unos índices de desempleo inasumibles socialmente.
Y hablamos de menosprecio porque ha salido a la luz un estado de cosas más o menos conocido por los sucesivos gobiernos, de PP y PSOE, que han mirado para otro lado un año tras otro. Porque las irregularidades e ineficacias en el uso de los fondos destinados a la formación continua y a desempleados eran un secreto a voces, pero nadie se atrevía a entrar en la sinrazón, porque todos sabían que eran un fondo de reptiles que ayudaba a mantener contentos y a financiar, entre otros, a organizaciones empresariales, cámaras de comercio y sindicatos, y se dejaba pasar aunque adoleciera de todos los vicios asimilables. Es decir, amiguismo y clientelismo, entre otras muchas corruptelas y parasitismos. Porque a menudo la impartición de los cursos favorecía a los comunes al círculo de relaciones o a la afinidad partidaria. No importaban tanto la oportunidad e idoneidad para el mercado laboral de los temas elegidos como conseguir las subvenciones establecidas, así como las firmas de los alumnos, asistieran o no a las clases.
Da que pensar la destitución fulminante del Subdirector general de Formación Continua de la Comunidad de Madrid, que acudía a testificar ante la policía el pasado 11 de febrero, pero si no es por su celo y –todo hay que decirlo– por la vida poco edificante del principal encausado al descuidar gravemente su trabajo no atendiendo las notificaciones de los técnicos de la Comunidad, probablemente no se hubiera destapado el caso. Un caso descarado que dibuja un triple salto mortal sin red: querer cobrar los cursos sin que existieran, sin alumnos y sin cubrir las mínimas formalidades exigidas.
No ha habido un control serio y una asignación por objetivos de gran parte de los fondos para la formación laboral, y sí una desidia de la Administración, los empresarios y los sindicatos. ¿Ha sido un fruto más de la relajación moral y la malversación generalizada del dinero público característico de esta burbuja de alucinación colectiva, o el efecto contagioso de la enajenación mental de una generación de políticos en el poder carentes de escrúpulos, o tanto peor, ignorantes de su oportunidad de cambiar las cosas?
Tampoco creemos que sea adecuada la solución de dejar los recursos de formación únicamente en manos de las empresas, restándoselos sin más de su contribución a la Seguridad Social. Primero, porque los utilizarán para todo menos para eso. Quedarán transformados en convenciones generales, reuniones de delegados territoriales, de premios a los mejores, de cumplimiento de objetivos de venta, encuentros de celebración, presentación de nuevos productos, de presupuestos anuales, etc., etc. O sea, una forma de camuflar gastos corrientes de organización y funcionamiento hurtando el derecho legitimo de formación al trabajador, que es inherente a esos fondos. O en otros casos, planteando cursos de formación impartidos por el propio personal directivo de la empresa: la mejor forma de persistir en los errores. Esta aparente operación de ahorro es a costa de prescindir del saber hacer y la visión no contaminada de consultores expertos en la materia, y a costa de restar inputs de innovación y creatividad en la organización.
La conclusión final es que debemos ser mucho más exigentes en la asignación de los fondos para la formación de los trabajadores, realizando un seguimiento y un control estricto del fondo y la forma, de cómo y a quién son atribuidos, cuáles son más pertinentes y quién los imparte, de qué Administración dependen y por quién deben ser supervisados. En la situación de déficit en I+D+i en que nos encontramos, no podemos permitirnos infrautilizar los recursos que se nos brindan para la formación laboral, vengan del Estado o de la Unión Europea, decisivos en la proyección a futuro de nuestra economía y en la implementación más adecuada del factor trabajo. Nos jugamos mucho, es hora de tomarlo muy en serio.
Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor.