El ‘crowdlending’ pide al Gobierno subir a 50.000 euros el límite de inversión anual
Reclaman no mezclar en una misma regulación el 'crowfunding Equity' con el 'crowdlending'.
Cinco compañías que operan en España plataformas de préstamos entre personas –Zank, Loanbook, Comunitae, Arboridus y Lendico– se han reunido esta semana con el Gobierno para intentar acercar posturas respecto al anteproyecto de ley aprobado por el Ejecutivo el pasado marzo. La empresas ya dijeron que lo consideran excesivamente restrictivo en su redacción actual y que temían que si sale adelante tal cual, tras pasar por el Congreso y el Senado, pondría en riesgo un sector joven, que nace como alternativa a la banca para que particulares y pequeñas empresas logren financiación.
La reunión de las citadas empresas tuvo lugar con representantes de la Subdirección general de Política Legislativa del Ministerio de Economía, “que se mostraron abiertos al diálogo”, según cuenta a CincoDías Marcel Beyer, director general de Lendico. Durante el encuentro, Gobierno y compañías coincidieron en puntos relevantes, como la necesidad de que haya una regulación. “Somos los primeros interesados, porque somos una industria que empieza ahora y donde hay dinero involucrado, así que queremos ser supervisados por el Banco de España para dar legitimidad a nuestra actividad”.
Las compañías entienden que “tras muchos escándalos de corrupción en España”, el Gobierno quiera proteger al inversor y que las plataformas sean profesionales y serias. “Estamos tan de acuerdo que no nos importa incluso subir las exigencias, porque generar confianza es clave para nosotros. Es fundamental que no se cuele ninguna oveja negra que pueda destruir la reputación de toda la industria”, continúa Beyer.
Proteger al inversor
En lo que no hay acuerdo, al menos por ahora, es en cómo proteger a los inversores. El gobierno fijó que estos solo pueden invertir 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma y año, pero las firmas de crowdlending creen que esos límites no son la mejor manera de proteger al inversor “porque no le dejan diversificar su cartera adecuadamente”.
Por ello, las compañías han propuesto al Ejecutivo excluir a los inversores profesionales de esos límites –“porque queremos ser atractivos para ellos y pensamos que es una gran ventaja tenerlos en nuestras plataformas porque pueden servir de guía al resto de inversores minoristas”–, y fijar la cuantía en 50.000 euros/año (manteniendo la de 3.000 por proyecto para obligarles a que tengan una diversificación) para estos inversores minoristas. Igualmente, han planteado que cuando estos últimos inversores quieran pasar ese límite puedan hacerlo siempre que pasen un test de conveniencia.
Para las plataformas de crowdlending, la mejor forma de proteger al inversor es siendo muy transparentes. “Estamos dispuestos a declarar nuestros niveles de morosidad, comunicar cómo hacemos la selección de préstamos, tener reglas de blanqueo transparentes, y damos la bienvenida a las auditorias”, indica_Beyer, que cree que hay que ser transparente en cuanto a si las propias plataformas o sus empleados pueden o no invertir en los proyectos que buscan financiación y evitar conflicto de intereses.
Regular sin imponer un modelo de negocio
Otro punto clave que han pedido las empresas de crowdlending es no ser reguladas con los mismos criterios que las firmas de crowdfunding Equity (plataformas donde se hacen inversiones a cambio de acciones), “porque somos empresas con modelos de negocio e intereses muy diferentes. Es difícil satisfacer con un mismo texto a los dos y el actual anteproyecto mezcla ambos conceptos”, añade el director general de Lendico.
Las compañías reunidas con el Gobierno han querido dejar claro que son empresas “serias”, y para eso “les hemos contado cómo evaluamos la calidad de los proyectos que piden financiación. Todas tenemos departamento de riesgos que evalúan cada caso. El proceso es laborioso, y en nuestro caso contamos con nuestro equipo en Alemania, donde nacimos como plataforma de crowdlending”. Las firmas pidieron al Ejecutivo que aclare si la participación del inversor institucional está permitida o no en estas plataformas. “Nosotros sí queremos que entren”.
Desde el Gobierno les aclararon que no tienen intención de imponer un modelo de negocio a la industria del crowdfunding, sino establecer un marco regulatorio que proteja al inversor y que garantice la solvencia de las entidades. “Esto es importante porque nos va a permitir diversificar y establecer modelos de negocio diferenciados”, señala Beyer.