Hacienda dicta 5,6 millones de embargos de cuentas bancarias

La Administración recauda hasta el momeno dos millones por la incautación de 357 cajas de seguridad Hacienda denegará con carácter general la solicitud para aplazar el pago de retenciones

Las diligencias de embargo se han disparado con la crisis. En 2008, Hacienda dictó 2,3 millones de órdenes de embargo sobre cuentas corrientes, una cifra que en 2013 alcanzó los 5,5 millones. Es decir, casi se han triplicado en un lustro. El incremento refleja las dificultades de particulares y empresas por abonar sus deudas con la Administración y el mayor celo de Hacienda para recaudar.

En 2013, Hacienda también emitió un millón de órdenes de embargo de créditos y valores, un 5,8% más, según los resultados ofrecidos hoy por la directora de Recaudación de la Agencia Tributaria, Soledad García. La Administración también embarga salarios e inmuebles, sin embargo, no ha presentado datos tan desagregados. García señaló que la nueva Ley contra el Fraude Fiscal, aprobada en octubre de 2012 ha elevado las posibilidades de la Agencia Tributaria para poner en marcha medidas cautelares que impidan los vaciamientos patrimoniales. Además, el organismo dirigido por Santiago Menéndez se ha propuesto que la imagen de la Agencia Tributaria esté más presente en la calle. En 2013, funcionarios de la Agencia Tributaria realizaron 3.078 embargos presenciales, un 39%más que el año anterior. Por ejemplo, el restaurante en Madrid del reputado cocinero Sergi Arola fue uno de los que sufrió este tipo de actuaciones.

En este sentido, en octubre del año pasado, 660 funcionarios irrumpieron en 270 oficinas bancarias para embargar 542 cajas de seguridad. Inicialmente, la operación afectaba a 551 deudores que tenían pendiente de pago 319 millones de euros. Ambas cifras se han reducido porque algunos de los contratos de alquiler de las cajas ya se habían cancelado o los contribuyentes no eran los titulares. Al final, las diligencias de embargo se limitaron a 357 cajas con el objetivo de cobrar parte de una deuda de 187 millones. Hasta la fecha, se han abierto 154 cajas y se han recaudado dos millones de euros, es decir, 12.739 euros por cada una. García negó que se trate de una cifra menor. Por otra parte, en 17 cajas se han encontrado joyas y, en otras dos, obras de arte que deben ser valoradas.

Los titulares de estas arquetas que las entidades financieras ofrecen a sus clientes para guardar bienes valiosos tienen derecho a denegar el acceso a la Agencia Tributaria, que entonces debe acudir al juez. Actualmente, hay pendientes 106 autorizaciones judiciales. García aseguró que se trata de un mero trámite ya que, hasta el momento, ningún juez ha negado la petición de Hacienda de abrir las cajas de seguridad.

 Por otra parte, en 87 casos no se ha localizado al titular de las cajas de seguridad. En estos supuestos, la Agencia Tributaria puede acudir al juez y obtener la orden para abrir la caja con la ayuda de un cerrajero. En cualquier caso, todavía no se ha determinado si se seguirá este camino.

Rechazo a aplazar la retenciones del IRPF

Hacienda también señaló que, en 2013, las empresas presentaron algo más de dos millones de solicitudes para postergar el pago de impuestos, el número más elevado de la historia. Sin embargo, la deuda agregada que se pidió fraccionar se situó en 16.354 millones, un 7% menos que el año anterior. La directora de Recaudación hizo hincapié en el incremento que han sufrido las solicitudes para aplazar retenciones del impuesto sobre la renta, que en 2013 alcanzaron los 5.604 millones frente a los 2.926 millones de 2010. La cifra se ha duplicado en tres años, una tendencia que a partir de este ejercicio se frenará en seco. Ello es así porque, tal y como adelantó Cinco Días en diciembre, la Agencia Tributaria emitió el año anterior una instrucción interna en la que instó a todas las delegaciones territoriales a denegar, con carácter general, las solicitudes de las empresas para aplazar las retenciones del IRPF de sus empleados. Esta medida sustituyó otra orden de la Agencia Tributaria de 2009 de sentido contrario.

Como recordó García, la legislación vigente establece que, en principio, las retenciones no son aplazables al tratarse de recursos que no pertenecen a las empresas, sino que derivan del IRPF que pagan los trabajadores. En este sentido, los empresarios actúan como meros recaudadores de la Agencia Tributaria. Sin embargo, ante los problemas de tesorería, Hacienda realizó una interpretación benévola de la ley y permitió a partir de 2009 que las compañías pudieran aplazar las retenciones con la misma facilidad con la que postergan el pago del IVA o el impuesto sobre sociedades. Una práctica que ha llegado a su fin porque la Agencia Tributaria ha detectado que las empresas en muchas ocasiones aprovechaban esta mayor permisividad con “fines defraudatorios”.

 En los ejercicios anteriores, cuando una compañía solicitaba postergar el ingreso de las retenciones y obtenía una negativa de Hacienda, tenía un plazo para realizar el pago sin incurrir en sanciones. A partir de este año, la Agencia Tributaria aplica la figura de la “inadmisión”, incluida en la nueva ley contra el fraude fiscal. Así, con carácter general, las solicitudes para aplazar retenciones serán “inadmitidas”, lo que significa que la deuda entrará automáticamente en vía ejecutiva. Por lo tanto, las empresas afectadas deberán abonar un recargo mínimo del 5% y se exponen a sufrir el embargo de bienes.

 Ante esta situación, lo más recomendable es que las compañías renuncien a pedir una moratoria en el ingreso de las retenciones de sus trabajadores. Las empresas más afectadas son aquellas que cuentan con empleados con altas retribuciones. Es el caso de los clubes de fútbol. En este sentido, García aseguró que la Agencia Tributaria no tiene un trato especial hacia los clubes de fútbol. La única diferencia, señaló, es que hay mayor atención mediática en actuaciones de la Administración que afecten a instituciones deportivas.

Los últimos datos reflejan que la deuda de los equipos de primera y segunda división asciende actualmente a 596,6 millones frente a los 741,7 millones que estaban pendientes de pago en enero de 2012. La mayor parte de la deuda (367,9 millones) corresponde a equipos en situación concursal. En estos casos, los cobros se ralentizan por la propia dinámica del proceso, señaló García.