Editorial

Lecciones tras una cadena de errores

La decisión del Gobierno de Madrid de abandonar el proceso de privatizar la gestión de seis hospitales públicos ha generado no solo sorpresa en la opinión pública, sino una más que razonable consternación en las empresas adjudicatarias. La medida, que fue anunciada el lunes por el presidente regional, Ignacio González, y ha ido acompañada de la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, se atribuye a la “incertidumbre” generada por la cascada de resoluciones judiciales que han interferido con el proceso. La última de ellas –del Tribunal Superior de Justicia de Madrid– rechaza el recurso presentado por el Gobierno de Madrid contra la suspensión cautelar del proceso de privatización que el tribunal decretó el pasado mes de septiembre, a la espera de juzgar el fondo del asunto.

Más allá de la causa judicial, la decisión del Gobierno de Madrid ha traído consigo unos perjuicios directos –a las empresas adjudicatarias– e indirectos, en lo que supone de renuncia a optimizar la gestión de los recursos públicos dedicados a la sanidad regional. En el primer caso, la sorpresiva marcha atrás del Ejecutivo de Ignacio González ha perjudicado seriamente a unas compañías –Grupo Hima San Pablo, Bupa Sanitas y Ribera Salud– que para lograr la adjudicación tuvieron que presentar avales millonarios. En el segundo, ha dibujado la imagen –nada tranquilizadora en términos de fiabilidad gestora y de seriedad política– de una Administración que renuncia a sus compromisos sin esperar al pronunciamiento judicial en curso que determinará la licitud o ilicitud de estos. El esfuerzo inversor que han realizado las adjudicatarias no es una cuestión sin importancia, como tampoco lo es el insólito gesto del Gobierno madrileño al no haber tenido la deferencia de comunicar a las empresas la decisión antes de hacerla pública.

El proceso de privatización de la gestión de los hospitales públicos madrileños se ha visto debilitado por tres errores de estrategia. El primero radica en no haber sabido explicar con claridad a la ciudadanía que privatizar la gestión de un hospital constituye una fórmula para optimizar los recursos públicos y la prestación de los servicios, pero no equivale en absoluto a privatizar la sanidad pública ni afecta en modo alguno al acceso al derecho fundamental reconocido en la Constitución española. El segundo tiene que ver con no haber impulsado un concurso público de mayor concurrencia, una circunstancia que ha propiciado una menor transparencia y una mayor vulnerabilidad del procedimiento. Y el tercero pasa por esta insólita renuncia, que contribuirá a generar la sospecha inevitable de que la decisión –adoptada sin esperar a que la justicia se pronuncie– pueda haberse visto influida por los cálculos políticos que los calendarios electorales imponen habitualmente en la gestión pública española.

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