Sacyr cae un 9% en Bolsa tras pedir más dinero por el Canal de Panamá
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, ha anunciado que suspenderá las obras, debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactos inicialmente en el contrato. En Bolsa, ha abierto con caídas que han llegado a superar el 18% si bien ha concluido con un descenso del 8,95%.
“Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá la nota de preaviso de suspensión de los trabajos, de acuerdo a la subcláusula 16.1 de las condiciones del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas”, indicó el consorcio.
Sacyr ha señalado que el consorcio que lidera para la ampliación del Canal de Panamá "mantiene abierta" la interlocución con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) "para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual". El grupo explica que, por razón de incumplimientos graves e imputables a la ACP y conforme a los términos contractuales, "se ha comunicado formalmente que se procederá a la suspensión de los trabajos si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso (21 días)".
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), formado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, ha presentado "fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ante las diversas autoridades competentes", añade la nota. GUPC, subraya, ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que la ACP atendiera estas reclamaciones, cuyo importe global asciende hasta la fecha a unos 1.625 millones de dólares.
Tras este preaviso se abre ahora un plazo de 21 días para ejecutar la paralización de las obras. Durante este periodo, la constructora española negociará un cambio en las condiciones. Sacyr reclama sobrecostes por 1.600 millones de dólares (1.163 millones de euros) sobre un contrato de adjudicación valorado en 3.200 millones de dólares (2.326 millones de euros).
Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado de manera “categórica las presiones” del consorcio internacional encargado de la ampliación de la vía interoceánica. “No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”, indicó un comunicado de la autoridad panameña que cita declaraciones de su administrador, Jorge Quijano.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció que viajará a España e Italia para exigir a sus gobiernos que pidan a sus empresas que cumplan con el contrato de ampliación del Canal de Panamá.
“Voy a ir a España e Italia a exigir a estos gobiernos porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostes en una obra de ampliación, que es una obra para la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios”, declaró Martinelli
Contrato récord
La ejecución de las obras, que se encontraban al 62%, se lleva a cabo desde hace casi cuatro años. El contrato de adjudicación de las obras establecía un periodo de 1.883 días para su finalización, algo más de cinco años. Por cada día de adelanto, la Autoridad del Canal de Panamá, promotora del proyecto, fijaba un incentivo de unos 160.000 euros hasta un máximo de unos 37 millones, mientras que penaliza con 225.000 euros cada día de retraso. Estaba previsto el fin de obra para el primer semestre de 2015.
Justo ayer el Canal de Panamá cumplió 14 años en manos panameñas, durante los cuales ha aportado al tesoro nacional 8.590,9 millones de dólares y en los que se han invertido más 2.000 millones de dólares en el mantenimiento de su estructura.
La vía que une los océanos Atlántico y Pacífico, considerada una de las más grandes obras de ingeniería del mundo, fue inaugurada en 1914 por Estados Unidos, que lo construyó y administró hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando lo entregó a Panamá.