Ducharse durante tres semanas cuesta 1,59 euros
El sector del agua advierte de que el precio del servicio sigue sin cubrir los costes del sistema
Cada hogar gasta unos 220 euros al año en consumo de agua, cuatro veces menos que en teléfono o electricidad. Son los cálculos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), la patronal de las empresas suministradoras de los servicios de agua urbana, que llevan años reclamando que en España no se paga en el recibo lo que cuestan las infraestructuras desde que se capta el recurso hasta que el usuario abre el grifo.
En su informe dedicado al análisis de los precios del agua, publicado este mes a partir de datos obtenidos de 224 sistemas de abastecimiento que prestan servicio en 505 municipios a casi 30 millones de personas, el organismo calcula que por 1,59 euros los hogares pagan un metro cúbico de agua, suficiente para ducharse diariamente durante tres semanas o poner 50 veces el lavaplatos, o 20 veces la lavadora, o lavar el coche hasta 10 veces. Con ese dinero se puede disponer de 1.000 litros de agua potable. En ese precio va incluido el saneamiento, o sea, devolver el agua utilizada al medio natural en buenas condiciones.
Esos 1,59 euros suponen un incremento del 4,89% respecto a lo que se pagaba hace tres años, cuando Aeas publicó su anterior estudio, pero el peso del agua en los gastos mensuales de una familia representa el 0,78% de su presupuesto anual, mientras que el recibo del teléfono supone casi el 3%, al igual que la electricidad. Por ello, “aunque se incrementa ligeramente el precio del metro cúbico, el gasto por familia se compensa en la factura por la disminución paulatina del consumo, por la mayor concienciación del usuario y la eficiencia en la prestación de los servicios”, concluye el informe.
Esa compensación ha hecho que el incremento de la factura real de agua en los últimos diez años esté por debajo del IPC, de ahí que el sector siga reivindicando que las tarifas que pagan los usuarios no cubren los costes del servicio de agua urbana. “Aunque la tarifa actual es aparentemente positiva para el ciudadano, la situación es insostenible a largo plazo”. Dicho de otro modo, el agua sigue teniendo un precio político, que no se ajusta a la evolución de los costes ni a las exigencias de la legislación europea, según los autores del informe.
La directiva marco del agua dictó la generalización de la depuración de aguas residuales, a la que se ha dedicado el grueso del esfuerzo de modernización de los servicios de agua de los 8.000 municipios españoles, con competencia en la materia. El problema es que “la falta de recursos económicos y su dificultad para acceder a fondos europeos para la construcción de las infraestructuras necesarias impulsaron a las comunidades autónomas a asumir la construcción y en ocasiones la explotación de los sistemas de depuración”. Ahí empezó un baile de nuevos tributos y cánones de saneamiento, de vertido, o de agua, que las autonomías han empleado para sufragar los costes de las infraestructuras y de operación.
Con la crisis, “esta lógica ha comenzado a desviarse de su fin primario y han aparecido, o se han modificado, diversas normas autonómicas que han establecido normas tributarias sobre el uso de agua urbana para compensar desequilibrios presupuestarios no siempre propios de los servicios urbanos de agua”. El resultado está siendo, según Aeas, la aplicación de estos cánones a todos los sistemas de abastecimiento, dispongan o no de instalaciones de depuración adecuadas.
El sector advierte de que, “cuando aún no se ha alcanzado el criterio de cubrir los costes del servicio que dicta Bruselas, estas figuras tributarias no estrictamente finalistas, o cuya transparencia no es completa ni para el ciudadano ni para el técnico en la materia, no parece que sean el mejor procedimiento para avanzar en la gestión sostenible de este recurso”.
Necesidad de un regulador nacional para ganar transparencia
El precio del agua en España varía casi tanto como el número de provincias. Murcia es la que más paga por este servicio, 2,31 euros el metro cúbico, mientras en Álava la tarifa baja a 1,19 euros.
La brecha de precios se debe a la disponibilidad del recurso, la calidad o los costes necesarios para potabilizarla, depurarla o desalar agua de mar. Pero también obedece a diferentes cánones autonómicos, que la patronal de suministro, Aeas, tacha de “poco transparentes” y que los municipios no siempre dedican a mejorar las infraestructuras relacionadas con los servicios de agua urbana.
Por ello, esta asociación lleva años pidiendo la creación de un regulador nacional que “siente las bases sobre qué es un buen servicio y recoja un índice de eficiencia”.
Esta medida favorecería un mayor orden en el precio que los ciudadanos pagan por el agua; pero mientras esta llega, ya empieza a verse la unión de algunos municipios para gestionar el suministro de forma conjunta. “Muchos tienen menos de 50 habitantes y la inmensa mayoría cuentan con menos de 20.000. La unión de municipios es una buena decisión, siempre y cuando se haga de acuerdo a necesidades reales”, matizan en Aeas.
Madrid, por ejemplo, gestiona los servicios de agua urbana de prácticamente todos los consistorios de la comunidad autónoma a través del Canal de Isabel II. Las provincias de Sevilla, Vizcaya y Pamplona han agrupado municipios para una gestión conjunta de este servicio.