La investigación de Bruselas sobre las ayudas presuntamente ilegales al fútbol español vuelve a demostrar que el sistema de vigilancia de la Comisión Europea no funciona. Frente a la efectividad de la dirección general de Competencia en la revisión de las fusiones, en materia de subsidios el departamento de Joaquín Almunia se pasa la mayor parte del tiempo persiguiendo sombras.
Los expedientes sobre ayudas de estado se arrastran durante años, a diferencia de los de fusiones empresariales, que cuentan con plazos fijados de antemano.
En el caso del fútbol español, la apertura del expediente (prevista para mañana) llega casi cuatro años después de que Almunia recibiera las primeras quejas en febrero de 2010. Y su conclusión, a jugar por otros precedentes, requerirá otros dos o tres años, antes de saber si alguno de los clubes recibió realmente ayudas incompatibles con el Tratado de la UE.
La tardanza en abrir la investigación oficial ha provocado incluso un dictamen de la Defensora del Pueblo europeo, que critica la lentitud de la Dirección general de Competencia.
La Defensora incluso sugiere en su dictamen que Almunia habría retrasado la apertura del expediente por su condición de socio del Athlétic. La acusación no parece creíble, entre otras cosas, porque casi todos los expedientes sobre ayudas de estado sufren la misma lentitud.
El departamento de Almunia ha asegurado que la dilación se debe a la complejidad de los expedientes y a la necesidad de revisar primero las ayudas notificadas por los gobiernos. Un sistema que, como ya comentamos aquí al hilo de la investigación sobre el tax lease del naval, obliga a los funcionarios de Competencia a dar prioridad a la revisión de expedientes anodinos mientras los regímenes más nocivos siguen en vigor impunemente.
Los intentos de modernizar el sistema no han dado por ahora sus frutos. Pero parece cada vez más urgente que la Comisión se concentre solo en la investigación de las ayudas más peligrosas para la competencia a nivel europeo y que deje el resto a las autoridades nacionales. Solo así Bruselas podrá atajar a tiempo el juego sucio de las administraciones que, con dinero del contribuyente, favorecen a ciertas empresas para que compitan en mejores condiciones que el resto.
