Fedea reclama una segunda reforma laboral para frenar el gasto en desempleo
Piden un pacto social que mantenga empleo a cambio de bajadas salariales Ponen una nota de 6 puntos sobre 10 al Ejecutivo presidido por Rajoy
![Desempleados entrando en una oficina de empleo de Madrid](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/Z2IWLHJB45IJRIIA5YMMYHRRHU.jpg?auth=acc7702384dae0046f9d791f93fbe8405e0ec0a2c780cf7b6b1b2389119797c2&width=414)
En una rueda de prensa para hacer balance de los dos últimos años, hacer balance de los dos últimos años, el director de Fedea, Michele Boldrin, pidió al Gobierno que tenga “coraje” en el año 2014 y que se olvide de las elecciones para hacer “intervenciones más radicales” que permitan una recuperación “seria”. En su opinión, los indicadores económicos demuestran que la economía ya no cae, pero tampoco crece de forma sustancial, por lo que tildó de “fundamental” hacer otros cambios para generar un crecimiento fuerte. Según Boldrin, aunque en los últimos meses se ha ganado cierto ritmo en las reformas, el Gobierno merece una nota de entre 5 y 6 puntos sobre diez porque los cambios no son tan profundos como deberían.
En esta misma línea se manifestó el subdirector de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz, que aseguró que las reformas “no deben parar”. Conde-Ruiz se refirió en concreto a la reforma del sistema de pensiones, que calificó de “positiva”, aunque advirtió de la necesidad de plantearse una segunda fase en el futuro, si tal y como predicen las cuentas de la Seguridad Social, el actual déficit del sistema se va a volver crónico, ascendiendo este año al 1,8% del PIBen el peor de los escenarios.
Por su parte, el investigador Marcel Jansen se refirió a la necesidad de hacer una segunda reforma laboral que profundice en las políticas activas y pasivas de empleo, un campo en el que el Gobierno no ha avanzado nada (la última reforma laboral ha servido para rebajar básicamente los costes salariales y de despido). En concreto, Jansen propuso la creación de otra comisión de expertos, como la creada para la reforma de las pensiones o la fiscal, que podría estar dirigida por la OCDE y que tendría que revisar el Sistema Público de Empleo Estatal (SPEE), incluyendo el control de las prestaciones y la mejora de la intermediación laboral de las agencias privadas. Una petición en la que coincidió con otras organizaciones empresariales, como el Instituto de Estudios Económicos, cuyo presidente, José Luis Feito, reclamó intensificar el control contra el fraude y contra aquellos que rechazan ofertas de empleo. “España sigue teniendo un importante problema con el paro de larga duración, la ineficacia de las políticas activas de empleo y la dualidad del mercado”, apuntó. Jansen puso la retirada de prestaciones como último recurso, aunque apuntó que sería conveniente reflexionar sobre si es conveniente o no mantener su duración de dos años.
Pese a estas reclamaciones reconoció los efectos positivos de la última reforma laboral en los salarios y en la bajada del riesgo a perder del empleo. En su opinión, si la congelación salarial se va a alargar años, podría haber llegado el momento de juntar a empresarios y sindicatos para que acuerden una bajada nominal de sueldos a cambio de garantías sobre el mantenimiento de los puestos, tal y como se hizo en Francia.
La prioridad pasa por suprimir las deducciones en el IRPF
El subdirector de Fedea destacó la importancia de acometer la reforma fiscal y apostó por eliminar deducciones en el IRPF, incluida la ligada a la compra de vivienda, y bajar los tipos impositivos. Además, Rubio criticó la falta de transparencia de la Comisión de Expertos creada exprofeso. Así puso como ejemplo el IVA. “Con datos de 2009, se ve que el 80% del valor de la cesta de la compra alemana se gravaba al tipo máximo de IVA, porcentaje que se reducía al 40% en el caso de España. Si queremos tener servicios públicos parecidos a Europa, tenemos que tener tipos como en Europa”, avisó.
El investigador insistió en la necesidad de eliminar las deducciones y tipos impositivos. “Si se bajara el marginal del, IRPF al 40%, el Estado dejaría de recaudar unos 2.000 millones, pero también se podrían recuperar cerca de 12.000 millones si eliminaran todas las deducciones de este impuesto.”