Guindos anuncia un hachazo a las comisiones máximas de los planes de pensiones

La banca contará como capital entre 25.000 y 30.000 millones de euros en créditos fiscales El ministro reconoce que el Gobierno ha recibido muestras de interés por Bankia

El Gobierno mueve ficha para potenciar la previsión social complementaria. A la espera de que la comisión que estudia la reforma del modelo tributario impulse una mejora de la fiscalidad de los planes de pensiones, el Ministerio de Economía ha decidido adelantarse y promover una medida largamente esperada por los ahorradores: la reducción de las comisiones que cobran las gestoras.

Luis de Guindos, titular de la cartera de Economía, ha adelantado que el Ejecutivo va a tomar medidas para que las comisiones máximas que cobran las gestoras de planes de pensiones a sus clientes se reduzcan, de media, un 30%.

Actualmente, la comisión máxima que se puede cobrar al partícipe de un plan de pensiones es del 2% en el caso de la comisión de gestión, y del 0,5% para la comisión de depósito.

Una reducción del 30% en la comisión máxima de gestión supondría que esta quedara fijada en el 1,4%. De acuerdo con los cálculos realizados ayer por el propio ministro, 4,6 millones de partícipes de planes de pensiones se beneficiarían (de los 8,2 millones que tienen un plan individual, ya que en el caso de planes de empleo –aquellos que se ofrecen y gestionan desde grandes empresas– las comisiones son mucho más bajas).

Actualmente, aunque la comisión máxima es del 2%, no es normal que el partícipe esté pagando esa cantidad. De acuerdo con el último informe estadístico de previsión social complementaria elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), la comisión de gestión media que se paga en los planes individuales es del 1,39% (el 0,21% en los planes de empleo).

La moderación de los gastos de gestión de este tipo de productos era una de las principales medidas que se recogían en un documento elaborado por Economía por encargo de la Comisión del Pacto de Toledo, y que desveló CincoDías, hace cinco meses.

En ese informe también se recogían otras ideas para potenciar esta modalidad de ahorro para la jubilación, como la incorporación de nuevos mecanismos para mejorar la liquidez de los planes de pensiones o la imposición a las pymes de la obligación de informar a sus trabajadores sobre la posibilidad de invertir a través de este tipo de productos.

Luis de Guindos también se refirió ayer a la inminente aprobación por parte del Consejo de Ministros de una directiva que permitirá a la banca española contar como capital entre 25.000 y 30.000 millones de euros en créditos fiscales.

De Guindos recordó que estos activos fiscales diferidos (DTA, en sus siglas en inglés) generan un crédito fiscal a las entidades porque “son gastos que han tenido un impacto en los bancos y que no se han podido deducir”, de ahí que el Gobierno esté dispuesto a reconocer este derecho. “No es ningún tipo de regalo, sino un ajuste de la normativa a Basilea III”, apuntó el ministro.

Realmente, esa nueva normativa de solvencia ponía en entredicho que la banca española pudiera apuntarse como capital los más de 50.000 millones de euros que tiene registrados como créditos fiscales –apuntes contables generados en gran parte por las abultadas pérdidas y provisiones de los últimos años–. El Gobierno ha atendido la petición del sector y ultima desde hace semanas la fórmula para avalar los créditos fiscales de la banca española o al menos buena parte de ellos.

La situación de Bankia

El ministro de Economía también analizó la situación de Bankia, una entidad controlada por el Estado a través del FROB. Guindos considera que este banco nacionalizado va a ser un activo que tendrá “mucho valor” tras su saneamiento y reconoció que hay interés de algunos grupos financieros en entrar en el capital de la entidad.

En este sentido, el responsable de la cartera de Economía no quiso avanzar si el Gobierno iniciará la privatización de Bankia el próximo año y se limitó a señalar que el Ejecutivo tendrá que elegir los tiempos “más adecuados” desde el punto de vista de venta parcial o total para recuperar el máximo de las ayudas públicas.