A trancas y barrancas, pero la unión bancaria avanza
El próximo miércoles tendrá lugar en el Parlamento Europeo una audiencia que probablemente no llame demasiado la atención ni provoque una avalancha de cámaras ni flashes. Pero si todo se desarrolla según el guion previsto, la cita aparentemente intrascendente dará el visto bueno para que Danièle Nouy se convierta en la máxima autoridad de supervisión bancaria de toda Europa, con poderes directos sobre unos 130 bancos (con el 85% de los activos de todo el sector) e indirectos sobre otros 6.000.
Nunca antes se había aceptado tamaña concentración de poder supranacional en el ámbito financiero. Ni siquiera el legendario Alexandre Lamfalussy y su grupo de sabios (del que formó parte el fallecido Luis Ángel Rojo) se atrevió a ir tan lejos cuando diseñó el modelo de regulación financiera aplicado desde el nacimiento del euro.
Aquel grupo se planteó la idea de un regulador único, pero parecía una idea demasiado atrevida y se conformó con una red de comités nacionales (de banca, seguros y bursátiles), pensados para avanzar en la armonización de la normativa y de los que surgió la actual Autoridad Bancaria Europea.
Poco después, ya con la moneda única en marcha, Lamfalussy auguraba en una entrevista con CincoDías que el proceso de integración financiera desencadenado por el euro haría inevitable la creación de un regulador único.
La realidad ha ido incluso mucho más lejos que el pronóstico del sabio húngaro-belga. Y desde noviembre de 2014, Danièle Nouy, una francesa criada casi desde la cuna en el Banco de Francia, se encargará de velar por el cumplimiento de la regulación bancaria en toda la Unión europea.
El salto a la supervisión única ha llegado quizá antes de lo previsto, aunque a costa de una crisis que ha obligado al contribuyente a apuntalar el sector financiero europeo con 4,5 billones de euros, una cifra equivalente al 36,7% del PIB de toda la Unión.
El nombramiento de Nouy demuestra que la unión bancaria avanza. Y que a pesar de los siniestros lamentos que a veces se escuchan, el proyecto ni ha descarrilado ni ha sido abortado por Berlín.
Quizá no responda a la ambición que desearían todos los países, en particular, los más afectados por una creciente fragmentación bancaria que castiga a las entidades del sur de Europa.
Pero nadie parece dispuesto a revivir la traumática y costosa experiencia de la actual crisis. O al menos se intentará que la debacle, caso de repetirse, encuentre a la zona euro con una unión bancaria que permita resistir mejor los embates y, sobre todo, que no condene a cada país a sostener en solitario a sus entidades en dificultades.
Ese es el objetivo de la llamada unión bancaria, cuyo primer puntal, el Mecanismo Único de Supervisión, se instalará a las órdenes de Nouy en la Eurotower de Fráncfort (actual sede del BCE, que en breve se trasladará a su nuevo cuartel general).
La francesa, si recibe la confirmación del Parlamento europeo, ocupará el puesto durante cinco años y contará con unos 1.000 funcionarios en total. La tarea más trascendental corresponderá a dos direcciones generales de microsupervisión, encargadas de la vigilancia directa de los mayores bancos, y a una tercera dirección encargada de las entidades menos significativas.
Por supuesto, la mera creación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) no resuelve el impacto de una crisis que ha dado marcha atrás al reloj de la integración financiera en la zona euro, obligando a los bancos a concentrarse en su propios mercados. Según los cálculos de Silvia Merler, del instituto de estudios Bruegel, la renacionalización ha llegado a tal extremo que el 90% de la deuda bancaria en algunos países del sur se encuentra en instrumentos nacionales, un porcentaje que antes de la crisis había caído hasta el 55%.
La presencia del MUSdebería contribuir a la recuperación del carácter transfronterizo de la banca europea y la supresión definitiva de las fronteras. Pero tanto la Comisión Europea como el BCE han advertido que ese objetivo solo se logrará si el MUS cuenta con el respaldo del Mecanismo Único de Resolución (MUR), una suerte de FROB paneuropeo financiado por los bancos y encargado de reestructurar o liquidar las entidades insolventes. Bruselas quiere que el MUR esté en marcha el 1 de enero de 2015, apenas dos meses después del MUS, y para ello debe alcanzarse un acuerdo entre gobiernos antes de finales de este año y con el Parlamento europeo antes de mayo de 2014.
Puntos de desencuentro
Sigue habiendo, sin embargo, varios puntos conflictivos en la negociación, aunque ninguno insalvable según las fuentes consultadas.
El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, impulsor del proyecto, considera imprescindible que el Mecanismo sea realmente europeo, y no una mera suma de los fondos de resolución nacional. Solo así, opina Barnier, se garantiza que los costes de futuras reestructuraciones se comparten a nivel europeo y se corrige la fragmentación provocada por la crisis.
Barnier también reclama que el “FROB” europeo cubra a todos los bancos vigilados por el supervisor único, y no solo a las entidades más grandes como proponen algunos gobiernos. La CE cree que un modelo dual perjudicaría a las a las entidades pequeñas, que dependerían de fondos nacionales. En otros puntos, el departamento de Barnier está más abierto al compromiso para lograr el respaldo imprescindible del gobierno de Angela Merkel.
La CE parece resignarse, por ejemplo, a que no será la encargada de la delicada tarea de pulsar el botón para la reestructuración de un banco. Esa función parece destinada a un órgano político asociado al Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas). Bruselas se conforma con que ese órgano pueda reaccionar con la celeridad que requiere la intervención de una entidad financiera, cuyo plazo no suele pasar de las 48 horas de un fin de semana.