¿Cómo funcionaba el entramado fraudulento que rodeaba a la CAM?

Un entramado societario, a caballo entre Alicante y el Caribe, fue urdido por varios exdirectivos de la fallida Caja de Ahorros del Mediterráneo y algunos empresarios alicantinos para eludir sistemáticamente el pago de impuestos de sus empresas, a costa de la inversión aportada por la malograda caja de ahorros. Así lo sostiene el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez en el auto por el que ordenó detener este miércoles al exdirector general de la CAM Roberto López Abad; el exdirector de proyectos inmobiliarios y empresas Daniel Gil Mallebrera; el exresponsable de la división internacional y hotelera de la caja César Véliz y a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

El magistrado apreció indicios de que los anteriormente mencionados habrían cometido varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida. El juez ordenó su arresto argumentando que todos ellos “cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición” y en el que se establecía el citado entramado societario. Mientras los dos empresarios permanecen en paradero desconocido, el juez liberó ayer a Véliz y envió a prisión bajo fianza a López Abad y a Gil.

Este es un resumen, basado en el auto del juez, del esquema fraudulento que según la denuncia presentada por el FROB permitió a parte de la cúpula de la CAM “lucrarse personalmente”.

Todo gira alrededor de la sociedad Valfensal S.L. participada en un 70% por los empresarios Ferri y Valdó y en un 30% por TI (Tenedora de Inversiones y Participadas), filial inmobiliaria de la CAM, que realizó esta inversión bajo la supervisión de López Abad y Gil. En 2004, aduce el juez, Valfensal comenzó a operar a través de la “sociedad pantalla” Jacksonport Corporation Nv., con sede social en Curaçao (antiguas Antillas Holandesas), un paraíso fiscal situado a 50 kilómetros al norte de costa venezolana.

Gómez Bermúdez incide en su auto en que esta estructura fiscal fue creada con el asesoramiento del despacho de abogados Garrigues. El asesor fiscal de este bufete, sostiene el juez, “era consciente de que la estructura administrativa que los representantes de la sociedad Jacksonport alegaban poseer en territorio antillano podía ser una mera cobertura”, pese a lo cual “elaboró dos informes jurídicos defendiendo su legalidad”. Éstos fueron presentados por López Abad y Gil ante los órganos de control de la CAM para obtener su aprobación.

El juez estima que “Ferri y Baldó desde el primer momento, planificaron la adquisición de la sociedad Valfensal con el objetivo fundamental de utilizarla como vehículo a través del cual obtener la financiación necesaria por parte de la entidad CAM y posteriormente transferir este flujo de capital a sus sociedad participadas radicadas en el extranjero”.

Así, a través del despacho antillano CMS Trust, los empresarios dotaron de la “cobertura necesaria (teléfono, alquiler de oficinas, empleados)” a Jacksonport para “aparentar que tenía una actividad real” y camuflar su naturaleza de sociedad pantalla.

Bajo esta estructural, Valfensal obtuvo de CAM_la financiación necesaria para adquirir un buen número de hoteles en el Caribe. De ellos obtuvo unos ingresos de 333,3 millones de dólares (249 millones de euros) entre 2004 y 2011 por los que “habrían estado eludiendo el pago de impuestos a la Hacienda Pública española”. Los informes que maneja la Audiencia Nacional estiman que la red cometió “un delito fiscal de cierta relevancia”, al eludir el pago de al menos unos 43 millones de dólares (32 millones de euros) entre 2007 y 2011, cifra que se incrementaría según estos documentos por varias operaciones adicionales.

Los gestores de Valfensal, entre los que se encontraban Ferri y Baldó pero también el responsable de inversión internacional de CAM, César Véliz, que se sentaba en el consejo de administración de la firma, decidieron que la sociedad no repartiría dividendos, impidiendo que la CAM se beneficiara de su inversión.

“El resultado debe ser siempre cero”

Un correo citado en el auto muestra, de hecho, cómo Francisco Climent, exdirector económico de Valfensal, pidió a Véliz que las cuentas de la firma se falsearan sistemáticamente para no arrojar beneficios: “Buenos días César. (…) quiero hacerte los siguientes comentarios: (…) Por regla general el resultado de Valfensal debe ser siempre cero”.

Años más tarde, en 2010, los empresarios Ferri y Baldó crearon la sociedad Seabreeze a la que Valfensal –en cuyo consejo se sentaban ellos mismos y Véliz por parte de la CAM- encargaron la gestión de los hoteles adquiridos por Jacksonport, con lo que los beneficios de esta firma pasaban directamente a una tercera sociedad de su propiedad. En concreto, dice el auto, el contrato se cerró bajo el concepto de prestación de servicios, por “una importante suma económica sin que existiese una contraprestación similar en el caso de la CAM”.

De esta manera, los ingresos obtenidos en las Antillas eran directamente invertidos en una nueva sociedad únicamente vinculada a los empresarios Ferri y Baldó, eludiendo hacer partícipe a la CAM de estos beneficios.

Para entonces, la CAM se había convertido ya en lo que el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez llamó “lo peor de lo peor” del sector financiero español. La firma tuvo que ser intervenida en julio de 2011 y capitalizada con más de 5.000 millones de euros antes de ser vendida a Banco Sabadell por un euro simbólico.