Por delitos de blanqueo, prevaricación, fraude y cohecho

Roca, condenado a 11 años de prisión en el caso "Malaya"

 El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto “cerebro” de la trama de corrupción descubierta en el caso “Malaya”, Juan Antonio Roca, ha sido condenado hoy a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros.

El Tribunal considera probado que Roca, que se enfrentaba a una petición fiscal de 30 años de prisión, ha cometido los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, fraude y cohecho pasivo para acto injusto, según la sentencia que se ha dado hoy a conocer.

Aunque se le imputan dos delitos de cohecho pasivo para acto injusto, por los que se les ha impuesto sendas penas de dos años y un año de prisión, el presidente de la Sala, José Godino, ha explicado que el segundo queda incluido en el primero de la misma naturaleza.

La exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe ha sido condenada a 6 años de prisión e contra la corrupción por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho pasivo, alteración del precio de concursos. La Fiscalía había solicitado una pena de 16 años de cárcel para Yagüe, que gobernó en Marbella entre 2003 y 2006, tras prosperar la moción de censura contra Julián Muñoz. Este, tambien exalcalde de la localidad ha sido condenado a 2 años de cárcel y 16 de inhabilitación por los delitos de fraude y prevaricación.

Muñoz, que se encuentra encarcelado por otra causa relacionada con el blanqueo de capitales, se enfrentaba en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión.

En paralelo El tribunal que ha juzgado el caso ha expresado su deseo de que parte del dinero y los bienes decomisados durante el proceso reviertan en la localidad malagueña para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

En el acto de lectura del fallo, el presidente del tribunal, José Godino, se ha hecho “eco” del “deseo y esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en el proceso revierta en beneficio de la localidad”.

Ha añadido que Marbella, “por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible”.

Según el presidente del tribunal, “no es justo que, como consecuencia de los actos y conductas enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social mientras el dinero y los bienes decomisados revierten en otras localidades distintas”.

Por ello, el tribunal espera, “respetuosa y humildemente, que los bienes decomisados y el importe de las multas satisfechas sean utilizados para abonar las deudas con las entidades públicas reseñadas, salvo mejor criterio de la superioridad”, ha señalado Godino.

De esta forma, el tribunal “recoge una aspiración que ha llegado incluso al Parlamento andaluz”, ha afirmado el presidente del tribunal en alusión a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica el 14 de octubre de 2010.

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