El nuevo ‘desregulador’ único
Apasionante la lectura del informe de PricewaterhouseCoopers fechado el 14 de febrero de 2012 que ha dado origen al nuevo desregulador único, la llamada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una figura jurídica merecedora de análisis que convierte a nuestro país en pionero, en adelantado, en asombro del mundo, conforme nos demandan los beneméritos impulsores de la Marca España. Nada de extrañar por tanto que el informe, encargado por una gran compañía y que solo ahora empieza a conocerse por el público, generará una onda expansiva de efectos fulminantes sobre el Gobierno Rajoy. De modo que apenas diez días después, el 24 de febrero, la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, pudiera presentar al Consejo de Ministros el proyecto inicial de semejante modelo de la CNMC, inspirado punto por punto de manera indubitable en el informe de la citada consultora.
Se trata de un documento al uso, resultado de un corta y pega de urgencia, propio de becarios insomnes de vuelo rasante, sin más referencias bibliográficas que las de las páginas web de las agencias reguladoras de unos cuantos países elegidos sin criterio alguno. Se titula Modelo organizativo de las autoridades nacionales de regulación y competencia en España, consta de 72 páginas, dice responder al encargo del cliente y elude cualquier responsabilidad en relación con las acciones que terceras personas pudieran tomar basándose en ese texto. De manera que se exime del uso súbito que del mismo ha hecho el Gobierno. El documento trae causa del discurso de investidura de Mariano Rajoy pronunciado ante el pleno del Congreso del 19 de diciembre de 2011 que le otorgó su confianza en el que anunciaba su propósito de abordar la reforma de las agencias nacionales de regulación. En palabras del candidato que solicitaba la confianza, algunos de los sectores estratégicos de nuestra economía necesitaban ser regulados y de la buena regulación y supervisión de los mismos dependería, en gran medida, la competitividad de nuestra economía.
Enseguida incidía en la necesidad de “reducir el número de organismos reguladores y de reordenar sus competencias, proponiendo un nuevo sistema de nombramiento de sus miembros con mayor intervención del Congreso de los Diputados. De la urgencia de cumplir este anuncio quedaba constancia al afirmar que el Gobierno, en el primer trimestre del año 2012, remitiría a la Cámara una ley para el refuerzo de la independencia de estos organismos y mejora de la regulación de la actividad económica. En consecuencia, el Consejo de Ministros del 20 de enero de 2012 acordó la creación de un grupo de trabajo ad hoc integrado por los Ministerios de Presidencia, Economía, Industria, Hacienda, Fomento y Sanidad, encargado de redactar una propuesta para la reforma integral de los organismos reguladores. Ni que decir tiene que el grupo quedaba, como todo, en manos de la vicepresidenta, que es también, como se sabe, ministra de la Presidencia.
Así, en el área de la regulación y la competencia, el Gobierno se inclina por dotarse de manos libres. Sucede que cada una de las agencias reguladoras estaba concebida al modo de una autoridad administrativa independiente (AAI), que tienen carácter neutral o apartidista, están sujetas a la Constitución y a las leyes, pero no a órdenes o instrucciones del Gobierno. Por eso el nombramiento de sus miembros quedaba protegido por la ley y su mandato establecido con una duración que sobrepasaba los cuatro años habituales en que se cifra la legislatura, es decir, fuera del automatismo temporal de los Gobiernos. Los nuevos liberales capitaneados por el presidente Rajoy nada quieren saber de razas ni colores y prefieren la afinidad como criterio de selección. De ahí la opción por una ley de nueva planta, que ha dejado a quienes eran los titulares en ejercicio de las agencias fuera de un solo golpe.
Además, el Gobierno, de paso, ha recuperado buena parte de las competencias de las agencias y las ha fusionado en una sola, como si sus integrantes pudieran valer de modo indeterminado para materias tan diversas como las que ahora se concentran. En cuanto al propósito de dar mayor participación al Congreso en los nombramientos, dada la mayoría del PP, equivale a su mera gubernamentalización. Solo en Holanda se da un caso parecido pero ya sabemos que ese país es un contraejemplo en ese ámbito. Veremos si la Comisión Europea entra en la cuestión y restablece el orden.
Miguel Ángel Aguilar es periodista