Tribuna

El día de la marmota

Resurge con la llegada del verano la amenaza de una nueva espiral de incendios forestales en nuestro país, que en los últimos años han causado enormes pérdidas sociales y económicas. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado recientemente un aumento sustancial de las dotaciones públicas dedicadas a su extinción. Sin embargo estos recursos públicos no se dedicarán a poner en marcha medidas permanentes de prevención. No se acometerán las medidas necesarias para reducir de manera eficaz estos incendios forestales, dejando de nuevo de lado el establecimiento de un verdadero plan de prevención por medio de la adecuada gestión y limpieza de nuestros montes.

Los temidos incendios de verano provocarán un año más el aumento de la superficie asolada y serán necesarios en el futuro más y más recursos públicos, si se dispone de ellos, para recuperar los terrenos afectados. Un pozo sin fondo de costes y nulas esperanzas ni de recuperarlos ni de que generen retornos para la sociedad. De resultas de esta política, muy arraigada en España en las últimas décadas, se ha instalado en gran parte de la opinión pública la percepción derrotista de que los incendios no se pueden evitar y por lo tanto deben dedicarse más recursos públicos a su extinción. Sin embargo la extinción sin prevención será impotente, como hasta ahora, para erradicar la situación de emergencia social y económica que estos desastres producen.

La prevención exige una eficaz gestión de los montes y masas forestales. Exige destinar a ello una mayor parte de los recursos disponibles. Pero no se hace así porque no se internalizan los beneficios que una adecuada política de prevención de incendios reportaría tanto a los sectores económicos implicados como al erario público y que también contribuirían a reducir el mayor problema que tiene nuestro país, el desempleo, y a minorar sustancialmente la enorme pérdida de biodiversidad y el aumento de la desertificación que provocan estos incendios.

Si se estableciera un adecuado aprovechamiento de la biomasa forestal, podría reducirse sustancialmente a medio plazo el elevado volumen de recursos que las Administraciones públicas dedican actualmente a su extinción, que ronda los 700 millones de euros anuales. Se puede reducir este coste en el balance final, incluso convirtiéndolo en positivo. El sector empresarial de la biomasa forestal entiende que la actividad que se derivaría de una gestión racional de nuestros montes no solo reduciría drásticamente los incendios que nos asolan cada año, sino que permitiría una importante creación de empleo en el ámbito rural y un afloramiento importante del valor de un recurso natural que hasta ahora ha tenido a menudo la consideración de residuo sin valor y cuya acumulación incontrolada es causa de muchos desastres medioambientales.

Ello es así, incluso en la dura situación que el sector atraviesa a causa de la moratoria y de las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno en relación con la biomasa como fuente de energía renovable. Aun en el caso de que solo se asegurara la viabilidad de las plantas de biomasa existentes, su contribución a la evitación de incendios podría estimarse en un ahorro final de casi 80 millones de euros anuales. Si se añadiera la capacidad de aprovechamiento de masa forestal para evitar incendios que podrían absorber las plantas que se instalarían en España si se cumplieran los objetivos para la biomasa incluidos en el Plan de Energías Renovables vigente, la capacidad asociada a estas plantas representaría un ahorro de costes por este concepto para las Administraciones públicas implicadas de unos 250 millones de euros y un balance anual netamente positivo –considerando el coste tarifario por producción de energía eléctrica en estas plantas de biomasa– de 184 millones de euros.

Todos los sectores relacionados con el ciclo de la biomasa –cooperativas y sindicatos del campo, productores de biomasa y el sector empresarial dedicado a la producción de energía renovable a partir de ese recurso– vienen señalando a las Administraciones implicadas la conveniencia de atender más a la prevención de incendios por medio de la conversión de biomasa forestal en energía, porque no solo es una de las formas más eficientes de utilización y reciclaje de este recurso, sino porque contribuiría eficazmente a la reducción de los incendios forestales. Porque el aprovechamiento de la biomasa forestal debe ser, como lo es en los países más desarrollados de Europa, un pilar clave de las políticas públicas de prevención de incendios y de la creación y fijación de empleo rural.

Los tratamientos forestales preventivos y, como consecuencia, el aprovechamiento de la biomasa resultante para producir energía deben ser considerados como un servicio público a la sociedad, que debe ser incentivado y remunerado. Un pilar que debe asentarse definitivamente para que no volvamos a asistir impotentes cada verano al trágico espectáculo de la combustión incontrolada de miles de hectáreas de masa forestal, como si de la película de El día de la marmota se tratara.

Manuel García Pardo es Presidente de APPA-Biomasa y socio fundador de Unión por la Biomasa

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