Las grandes eléctricas recurrirán la obligación de financiar el bono social
Si una cosa parece clara es que, de la multitud de recursos judiciales a los que se va a enfrentar el Gobierno contra las medidas incluidas en su reforma eléctrica, uno será el que van a presentar las grandes compañías del sector (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDPEspaña y Eon España) contra la obligación de financiar el bono social de la tarifa. Una obligación incluida en el RDL de medidas urgentes publicado el sábado en el BOE.
El bono social, que a partir de ahora se aplicará en función de la renta y del número de miembros de la familia, lo financiaban las eléctricas de Unesa desde su creación en 2009 hasta que una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012 daba la razón a las eléctricas en su rechazo. Más concretamente, a Iberdrola, que había interpuesto un recurso contra una obligación que consideraba arbitraria.
Aunque el Supremo, en abstracto, consideraba legítima la aplicación de este descuento en la tarifa, falló que no estaba justificado por qué tenían que ser esas cinco compañías, y en el porcentaje establecido, las que debían financiarlo. Aunque el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera subsanadas las reticencias de la sentencia, en el sector consideran que la situación no ha variado.
El RDL establece que el coste del bono social será asumido por las matrices de los grupos de sociedades verticalmente integradas que desarrollan simultáneamente actividades de producción, distribución y comercialización de energía. En este punto se plantea una primera duda, siendo la matriz de Endesa la italiana Enel resulta difícil de entender que sea esta compañía la que pague el bono social en España.
Además, el real decreto-ley, también para cumplir con lo establecido en la sentencia del Supremo, establece que la proporción que corresponde financiar a cada una dependerá del número de suministros conectados a las redes de distribución de cada grupo y el número de clientes de todas sus comercializadoras. Para dar peso legal a la obligación de que las eléctricas paguen el bono social es que se trata de un servicio público que se les impone por ley.
Desde que el Supremo diera la razón a Iberdrola, el bono social de la tarifa, que disfrutan tres millones de usuarios, lo paga el resto de consumidores que no tienen derecho a él. Y aunque la sentencia obligaba a la devolución de lo sufragado desde 2009, el ministerio no lo ha hecho alegando que las liquidaciones son provisionales y lo serán por mucho tiempo.
Al nuevo bono social tendrán derecho los consumidores considerados vulnerables, que mantendrán la tarifa de último recurso. Al resto de los domésticos se les aplicará el nuevo precio voluntario al pequeño consumidor, a los que las comercializadoras correspondientes podrán hacer ofertas y descuentos.
