Industria firma el cese de Garoña, pero cambiará la ley para 'resucitarla'

El Gobierno prevé aumentar la vida de las nucleares de 40 a 60 años

Garoña se queda sin licencia

La normativa no permite prórrogarla

Centro de control de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Centro de control de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El borrador de la reforma eléctrica incluye, en una escueta frase, la decisión del Gobierno de aumentar la vida útil del parque nuclear español de 40 a 60 años, tal y como venían reclamando las grandes eléctricas. Una medida que el Ejecutivo podría incluir en uno de los textos legales de la reforma en ciernes: o en el real decreto ley de estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entraría en vigor de inmediato, o en el proyecto de ley de reforma de la ley eléctrica, que requerirá de trámite parlamentario.

 Aunque el ministro de Industria, José Manuel Soria, negó en mayo que esta medida se fuese a incluir en la nueva reforma eléctrica, sí figura en su borrador, según fuentes próximas al Ejecutivo. Estas consideran que se trata de una prebenda del Gobierno a las dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola, a cambio de que estas mantengan en funcionamiento la central de Santa María de Garoña, cuya defunción, precisamente, se produjo a las cero horas del sábado. Una muerte que el Gobierno quiere revertir a cualquier precio.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, firmó ayer in extremis la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, según confirmó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo cual significa que se publicará en el BOE después de su cese reglamentaria.

Sáenz de Santamaría dejó claro lo que era un secreto a voces: que como el cierre se produce por razones económicas y no de seguridad, la central burgalesa podría volver a funcionar. Para ello, Industria “va a iniciar las modificaciones normativas necesarias” para “contribuir” a que pueda volver a su actividad, señaló.Concretamente, en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas que se modificará en un real decerto ley, que dará un año de plazo para solicitar una nueva licencia a centrales cuyo cierre no haya respondido a razones de seguridad.

Para volver a funcionar, la planta burgalesa debería solicitar una nueva licencia, como la que pidió hace ya 44 años

Fuentes jurídicas aseguran que, hoy por hoy, no hay cobertura legal que permita la continuidad de la central de Garoña. Únicamente podría con una nueva licencia, como la que obtuvo hace 44 años en plena dictadura franquista. El proceso para una autorización partiendo de cero es imposible.

Cambios legales ‘ad hoc’

Por tanto, a la vista de lo anunciado el viernes por la vicepresidenta, el Gobierno prevé introducir cambios a la carta que permitan la resurrección de Garoña. Además del año de plazo que le otorgaría el citado real decreto, quizá sea necesario algún cambio en la Ley Nuclear que establezca un mecanismo a caballo entre la petición de una nueva licencia y las autorizaciones de prórroga provisionales a las que están sujetas las centrales cada 10 años.

Con la ampliación de la vida del parque atómico a 60 años (ocho grupos), las eléctricas consideran rentables sus instalaciones, sometidas desde este año a nuevos impuestos y a inversiones adicionales tras la catástrofe de Fukushima.

Algunas temen que este favor se haga a cambio de un recorte de la retribución o de mantener los tributos tal cual, con carácter retroactivo. Lo que parece descartarse es que el precio a pagar sean los recortes a la distribución, pues no todas las distribuidoras eléctricas tienen centrales, o no en la misma proporción:Endesa e Iberdrola controlan la mayoría, mientras Gas Natural Fenosa y EDPEspaña, cuentan con participaciones minoritarias en Trillo y Almaraz.

En tanto se realizan las modificaciones normativas para resucitar Garoña, la central debe pararse definitiva (no funciona desde diciembre para librarse del pago de los impuestos que entraron en vigor el 1 de enero) y proceder al enfriamiento del reactor.

 

Garoña, un símbolo sin licencia para operar

Que Garoña no se cerraría lo dijo en tono retante el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, allá por el año 2009, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero acordó que se cerrara hoy, 6 de julio de 2013. Y quedó demostrado esta misma semana cuando la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) decidió anular los trámites que inició el pasado mes de febrero para licitar la ingeniería para el desmantelamiento de la central burgalesa. Finalmente, el Gobierno, lo acaba de ratificar al asegurar que va a “cambiar la normativa” para lograr que Garoña, ya sin licencia para operar, pueda volver a generar electricidad. Quizá, como figuraba en uno de los borradores de la reforma, para vender su producción con contratos bilaterales.

Sea como fuere, los cambios legales ad hoc resultarán complicados, pues no hay que olvidar que la resurrección de una central nuclear es algo inédito en el mundo.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho casus belli de Garoña, a la que ha apoyado más que sus propietarias, Endesa e Iberdrola, a través de Nuclenor. Obstinado en cumplir su promesa electoral de no cerrar Garoña, defendiendo lo que considera un símbolo, el de la energía nuclear para usos civiles cuyas inversiones llevan camino de desaparecer, el Ejecutivo del PP ha traspasado todos los límites en un empeño que, para muchos, ha resultado patético.

A los seis meses de llegar al poder, en junio del año pasado, el Gobierno aprobó un decreto para dejar sin efecto el cierre decretado por Zapatero, abriendo la puerta a que las eléctricas solicitaran una prórroga. Pero estas se han negado alegando que las nuevas inversiones requeridas tras la catástrofe de Fukushima y los nuevos impuestos nucleares la hacían inviable.

En todo este tiempo las partes ni han abandonado la batalla ni han dado su brazo a torcer en un proceso en el que ha habido contactos y negociaciones que no han salido a la luz. El mensaje transmitido una y otra vez por el ministro de Industria, José Manuel Soria, de que la energía nuclear es “muy importante para el Gobierno”, las eléctricas ha dado alas a las electricas convencidas de el Ejecutivo no dejaría caer Garoña. Y aprovechando esta debilidad pusieron como condición para solicitar una prórroga que la vida de las centrales nucleares pasara de 40 a 60 años, lo que debía ser rubricado en una ley. De esta manera, se evitaría un nuevo caso como el de Garoña que, aun habiendo cumplido los 40, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le dio el visto bueno para funcionar por otros 10 años, pero el Gobierno socialista optó por el cierre en una fecha en la que ya no estaría gobernando.

El pulso entre eléctricas y Gobierno, en el que han ganado las primeras, ha sido tan tenso que la cuerda ha acabado por romperse. Este quiere ahora restaurarla con medidas que permitan recuperar una central como Garoña de apenas 450 MW que deberá pasar de nuevo por el examen del CSN, que durará al menos un año. Pero lo importante para las compañías es que el resto de plantas podrán producir hasta los años 30. Eso sí, siempre que antes, otro Gobierno no cambie la ley y decida bajas dicha edad o, como en Alemania, el cierre de todas.

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