Garoña, la historia interminable

Lo ocurrido en el último año con la central nuclear de Santa María de Garoña discurre entre el misterio y la ciencia ficción. Aunque el Gobierno de Rajoy se empeñó en cumplir su promesa electoral de indultar a la planta burgalesa que Rodríguez Zapatero condenó a muerte (algo sorprendente en medio de tanto incumplimiento), las propietarias, Endesa e Iberdrola, a través de Nuclenor, se negaron a solicitar la preceptiva renovación de la licencia. Para ello han venido alegando que las inversiones a las que les obligan, así como los nuevos impuestos, no la hacen viable.

Solo ahora, a poco más de un mes de la clausura definitiva de la instalación, las empresas se han avenido a pedir una prórroga de un año, perturbando el proceso de cierre definitivo fijado para el 6 de julio y en el que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llevaba trabajando un año. En el organismo muchos se lamentan de que las miles de horas que sus técnicos han dedicado los últimos cuatro meses para tener a punto el informe de clausura, que el consejo debía aprobar el 6 de junio, no han servido de nada.

Con una premura que una de las consejeras, Cristina Narbona, calificó el viernes de “presión intolerable” por parte de Industria hacia un organismo que trabajaba ya en el tramo final del documento de extinción de Garoña, el consejo y los técnicos han tenido que elaborar y analizar multitud de informes en apenas una semana. El ministerio le dio de plazo hasta el 1 de junio para tener resuelta la cuestión y el consejo emitió un informe favorable con el apoyo del presidente, Fernando Marti, el consejero del Fernando Castelló (ambos del PP), y el de CiU, Antonio Gurguí y con el rechazo de Narbona y la otra representante del PSOE, Rosario Velasco.

Para algunos, el departamento que dirige José Manuel Soria, se ha acoplado así al deseo de las eléctricas y, para otros, ha sido él mismo el que les habría sugerido el truco de la huida hacia adelante, en tanto logran un acuerdo que satisfaga, por un lado a los interesas de las compañías, y, por otra, a la imagen pronuclear del Gobierno, de la que tanto provecho pueden sacar.

Aunque forma parte del misterio, todo apunta a que las empresas aspiran a que el Ejecutivo amplíe la vida de todo el parque nuclear de 40 a 60 años. Solo así –consideran– les compensaría el coste de las inversiones derivadas de los test de estrés por Fukushima y la nueva fiscalidad. Pero las empresas del sector saben que una medida de este tipo es papel mojado, ya que futuros Gobiernos pueden modificarla, como ha ocurrido en Alemania.

Iberdrola y Endesa reclamaron 950 millones de euros por el lucro cesante de Garoña. Ahora sus propietarias insisten en que no es rentable y que perdió 133 millones en 2012

Por ello, tampoco renuncian a que la energía nuclear en general o Garoña en particular salgan bien paradas en la reforma eléctrica que Industria ha anunciado para finales de junio. Solo así se explica la prórroga inédita que se ha ideado para Garoña, que no garantiza en absoluto que la planta burgalesa vuelva a funcionar dentro de un año, o que vaya a hacerlo alguna vez.

Los preceptos de seguridad obligan a las centrales nucleares a iniciar las solicitudes de renovación de las licencias (que se otorgan por una década), al menos un año antes de que se cumplan los plazos. Por tanto, si Garoña quisiera volver a funcionar antes de la nueva fecha de clausura (el 6 de julio de 2014), debería comenzar a solicitar ya la autorización al CSN.

Otro de los misterios del caso Garoña es por qué si Endesa e Iberdrola reclamaron en 2010 ante el Tribunal Supremo una indemnización de 950 millones de euros por el lucro cesante, ahora sus propietarias insisten en que no es rentable y que perdió 133 millones en 2012. Aunque es cierto que algunas obligaciones de inversión y los nuevos tributos son posteriores, a lo que se añade el coste de la revisión de la vasija tras los defectos detectados en su gemela belga Döel 3, la diferencia resulta cuando menos chocante.

El CSN ha dado su autorización para que la polémica central reciba del ministerio la licencia por un año siempre que esté parada y sin combustible, pero no es una condición impuesta a Nuclenor, como se ha interpretado, pues en su solicitud de prórroga ya se comprometía a ello. De hecho, Garoña está en off desde finales del año pasado, cuando su propietaria decidió sacar las barras de uranio del reactor para evitar pagar el impuesto que grava el material irradiado y que la empresa considera retroactivo.

Así parada, en el organismo consideran que es totalmente segura. También lo creen también las consejeras discrepantes, que hoy tienen previsto publicar un voto particular con los argumentos se su rechazo, lo que también ha anunciado Gurguí, quien votó a favor. Las declaraciones, en algún caso contrapuestas, de miembros del consejo sobre las posibles presiones recibidas han desencadenado un debate sobre la independencia de un organismo mal llamado regulador, que se limita a velar por la seguridad de las instalaciones nucleares.

El perfil de los consejeros, representantes todos ellos de partidos políticos, ponen en entredicho la autonomía de un Consejo que vigila una tecnología energética fuertemente ideologizada. Y si quienes han votado a favor de la prórroga lo han hecho atendiendo a lo manifestado por los técnicos, el consejo resulta inútil y demostrarían que el órgano debería ser solo de técnicos. Máxime cuando la última palabra la tiene el Gobierno.