El Ecofin pide a España acelerar reformas a cambio de prorrogar dos años el déficit
Los 27 reclaman al Gobierno que suba el IVA para algunos productos e impuestos a carburantes Bruselas reconoce deficiencias en el control sobre el tributo en operaciones transfronterizas
Los ministros de Economía de los 27 han aprobado este viernes definitivamente dar a España dos años extra, hasta 2016, para situar el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB. A cambio, han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que acelere reformas como la de las pensiones y que suba el IVA para algunos productos y los impuestos a los carburantes.
El Ecofin considera que el plan de reformas aprobado por el Gobierno “va en la buena dirección”, pero subraya “la urgencia de adoptar y aplicar de forma eficaz las reformas pendientes de forma que puedan empezar a generar los efectos positivos esperados”, según el borrador que aprobarán los ministros.
Con la relajación que autoriza el Ecofin, los nuevos objetivos de déficit son el 6,5% para este año (dos décimas más de lo que había pedido el Gobierno), el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.
Para este año, la UE reclama a España aplicar los presupuestos para 2013 “en todos los niveles de la administración” y “estar preparada para adoptar medidas correctivas en caso de desviaciones de los planes presupuestarios”. Además, el Gobierno debe especificar las medidas estructurales que piensa adoptar para los años 2014-2016 con el fin de cumplir los nuevos objetivos. La meta final debe ser llegar al equilibrio presupuestario en 2018.
Fraude por IVA
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) cerraron hoy un acuerdo político para que los países puedan reaccionar de manera rápida contra el fraude relacionado con el cobro y declaración del IVA.
“Las deficiencias en el sistema del IVA, en particular en el caso de operaciones transfronterizas, dejan Estados Miembros vulnerables al fraude, a menudo con graves consecuencias para la nacional tesoros”, aseguraron los Veintisiete en un comunicado.
Por ello, respaldaron la creación de un “mecanismo de reacción rápida” que permitirá a los países actuar de urgencia en el caso de que detecten casos de fraude “repentino y masivo”.
Hasta ahora los Estados miembros que descubrían este tipo de fraudes debían solicitar autorización a la Comisión Europea (CE) y al Consejo de la UE para actuar, lo que ralentizaba el proceso y daba margen a los defraudadores.
Con la nueva normativa, el país deberá notificar a la CE su intención de poner en marcha el mecanismo, tras lo que el Ejecutivo comunitario dispondrá solo de un “periodo corto” para dar luz verde o presentar sus objeciones, una decisión que deberá tener en cuenta la postura del resto de los socios.
El “mecanismo de reacción rápido” solo podrá aplicarse hasta fin de 2018, de manera que si los Veintisiete desean prolongarlo, será necesario que la Comisión Europea (CE) presente una nueva propuesta que cuente con el respaldo unánime de los Veintisiete.
Además, el Ecofin respaldó otra normativa que permitirá a los países poner en marcha en un mes, de manera voluntaria y temporal, un mecanismo de cobro inverso, según el cual, al contrario de lo que ocurre normalmente, se responsabiliza del pago del IVA a la parte que normalmente es receptora de este impuesto.
Su objetivo es combatir engaños como el llamado “fraude carrusel” que se produce cuando una compañía se queda con el importe del IVA que ha cobrado a sus clientes al vender el producto en otro país en lugar de declararlo a la autoridad fiscal nacional.
Esta medida se podrá aplicar solo en varios sectores tecnológicos -telefonía móvil, dispositivos de circuitos integrados, servicios de telecomunicaciones, consolas de videojuegos, tablets y ordenadores-, así como en el de los cereales y los cultivos industriales, y en el de los metales en bruto y semielaborados.
El mecanismo de cobro inverso también expirará a finales de diciembre de 2018.
Tras lograr este consenso político, el Consejo pretende adoptar formalmente las dos directivas la próxima semana.
Pese a las dificultades para cuantificar el impacto de los fraudes relacionados con el IVA, la Comisión calcula que las pérdidas podrían ascender a hasta 106.700 millones de euros en toda la UE, según datos de 2006.
