Equidad y estabilidad en la reforma energética

El sector energético español se encuentra sumergido en una oleada de reuniones, propuestas, comentarios y rumores a la espera de la tan anunciada y pospuesta reforma energética. El 26 de abril, dentro del plan nacional de reformas, la vicepresidenta del Gobierno confirmó que, para antes de las vacaciones de agosto, tendremos, por un lado, un nuevo real decreto de medidas orientadas a aumentar los ingresos y mitigar el déficit de tarifa y, por otro, un anteproyecto de ley para la reforma de la Ley 54/1996 que da origen al marco regulatorio que entendemos actualmente y cuya tramitación parlamentaria se extenderá hasta llegado el otoño.

No quisiera entrar en detalles sobre la utilidad o el impacto negativo de medidas que se planteen exclusivamente como recaudatorias. Tampoco considero necesario abrir de nuevo la discusión sobre el mucho o poco diálogo que pueda tener el Gobierno con los distintos agentes del sector, qué voces son más o menos escuchadas o cuáles son las herramientas concretas que se deben tener en cuenta para la reforma. La realidad es que el negocio energético, tal y como lo hemos venido entendiendo hasta ahora, y en el marco regulatorio actual, no da más de sí. Son necesarios esfuerzos valientes, decididos y urgentes para cambiar radicalmente nuestras reglas del juego desde un punto de vista estructural. Por ello, bienvenida sea esa intención oficial y firme del regulador de atacar decididamente el problema y de comprometer dichas soluciones en fechas concretas con la Unión Europea.

En el ánimo de aportar elementos útiles y que proporcionen contenido para las reformas a acometer, considero que, junto con una capacidad de diálogo, de esfuerzos comunes y de altura de miras entre todos los afectados -Estado, compañías independientemente de su mix de generación, consumidores, asociaciones sectoriales y demás-, es fundamental dotarnos de un sistema justo, transparente y robusto. A nivel global, y como principios generales, solo tiene sentido una reforma energética que tenga como ejes fundamentales la equidad y la estabilidad.

En primer lugar, es necesario un marco regulatorio que dé a cada agente del mercado la oportunidad de ser competitivo y rentable por sí mismo. No tiene sentido que los actores asuman riesgos que no le corresponden. No es justo poner en franca ventaja a unas tecnologías contra otras, a un tipo de consumidores contra otros, más allá de las condiciones estructurales que fije el mercado. El diseño regulatorio elegido debe ser equitativo, dando a cada uno de los agentes, por pequeños o grandes que sean, idénticas oportunidades de asumir riesgos de precios, de amortizar inversiones y de desarrollar actividades de generación o de comercialización. Desde la propia liberalización del año 1998, la regulación ha evolucionado de manera parcial, colocando parches para resolver problemáticas sufridas, bien por ciertos agentes participantes del mercado o bien por el propio regulador, y que, en mayor o menor medida, han contribuido a la situación de colapso actual. Pienso que ese objetivo de equidad, derivado de una visión global del problema a resolver, es irrenunciable.

En segundo lugar, y consecuencia de lo anterior, un sistema no puede ser calificado de ecuánime si no está al mismo tiempo sujeto a criterios de robustez y de estabilidad. No nos podemos permitir, ni como agentes ni como imagen de país, regular a base de impulsos. No es admisible que lo que sirva en un momento determinado deje de ser de aplicación a las pocas semanas o meses. No podemos ni atraer nueva inversión, ni mantener el interés por el quinto mercado energético de Europa de cara a existentes y futuros inversores si las condiciones de contorno son continuamente volátiles. Sirva como ejemplo, la elección obligatoria de bien a tarifa o bien a precio de mercado más prima, para las tecnologías renovables, los cambios de criterio en el cálculo de las actualizaciones de las primas a esas tecnologías, los impuestos autonómicos a la generación que aparecen y desaparecen o el hecho de que los pagos por capacidad (destinado a las centrales que dan respaldo al sistema, esencialmente los Ciclos Combinados) hayan cambiado de valor varias veces en tan sólo año y medio.

En síntesis, se trata de hacer un ejercicio de retorno a la ortodoxia, de buen diseño teórico y de racionalidad. Un nuevo marco que permita al regulador gestionar el riesgo regulatorio y a los agentes asumir el riesgo de mercado, desde unas condiciones comunes de igualdad y de transparencia. Ese buen diseño debe ser eficiente, eficiencia entendida a todos los niveles: en los costes que nos podamos permitir como sector y como país, y por extensión en las tecnológicas que deban formar parte de ese mix, en mucha transparencia de cara a cómo esos costes son transmitidos al consumidor final y en la asignación justa y equilibrada de derechos y de obligaciones a cada agente y a cada tecnología.

Espero que, con los calores del verano, el sistema del que nos dotemos tenga en su esencia esos pilares de equidad, estabilidad y eficiencia.

El nuevo modelo debe aportar, por fin, una visión de medio y largo plazo sobre la política energética de España, dotando al sector energético de herramientas que arbitren un sistema fiable, sostenible y competitivo que sea motor dinamizador de la recuperación económica de nuestro país.

Loreto Ordóñez es CEO de GDF SUEZ Energía Iberia