Anticorrupción pide a la Audiencia que admita cuatro querellas contra Sousa
El juez de Pontevedra ratifica su decisión de apartar de la gestión a Fernández de Sousa Asegura que "no es capaz de cumplir con la más esencial de sus funciones; elaborar las cuentas anuales” Subraya la "parálisis social” que atraviesa la empresa pesquera
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional que tome declaración en calidad de imputados a Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova e hijo de uno de los fundadores del grupo, José Fernández; Alfonso Paz-Andrade, consejero de Pescanova e hijo del otro fundador del grupo, Valentín Paz Andrade; José Alberto Barreras Barreras, propietario de la inmobiliaria Montebalito, dueño de la sociedad Cartera Meridional y accionista de Pescanova, y José Antonio Pérez-Nievas Herederos, que según los registros de la CNMV posee el 3,3% de Pescanova.
La fiscalía pide al juez que admita a trámite las querellas presentadas “dirigiéndose el procedimiento” hacia las personas indicadas, además de a las sociedades Pescanova y filiales del grupo gallego. Los fiscales solicitan la declaración de los accionistas del grupo como imputados “en este momento exclusivamente [palabra marcada en negrita por la fiscalía en su escrito al juez] en relación con la presunta comisión de un delito del artículo 285 CP [el de empleo de información privilegiada]”.
En el caso de Fernández Sousa y Paz-Andrade, Anticorrupción solicita que se admitan también a trámite las querellas interpuestas por posible delito de falseamiento de cuentas anuales y uso de información privilegiada. Un portavoz de Sousa indicó ayer a este diario que el presidente de la multinacional gallega no se plantea dimitir en este momento.
“Más allá de la profusa cita de preceptos que realizan los querellantes”, dice el escrito de Anticorrupción, “los hechos se contraen por el momento y a nivel indiciario a un presunto falseamiento de la información contenida en las cuentas anuales de Pescanova”. Además, indica la fiscalía, el juzgado debe declararse competente para investigar el presunto delito de uso de información privilegiada con relación a la venta de acciones de Pescanova.
La compañía comunicó el 28 de febrero que no formulaba las cuentas de 2012, en un anuncio a la CNMV que hacía pública la crisis que vivía la multinacional gallega. Poco antes, el 16 de noviembre de 2012, recuerda la fiscalía aludiendo a los querellantes, el mismo Fernández Sousa había ofrecido información financiera positiva a analistas. En este punto, recuerda Anticorrupción, la representación legal de algunos querellantes cuestionan la actuación de Banco Sabadell (primer acreedor de Pescanova, con 222 millones de euros) que “habiendo aconsejado la compra de los títulos, procedió a la venta masiva de acciones de Pescanova en un momento en que las mismas experimentaban una subida, por lo que consideran [los querellantes] que la misma podría haber utilizado información reservada”.
El 15 de abril, Sousa admitió ante la CNMV haber vendido 1,98 millones de acciones de Pescanova entre diciembre y febrero, es decir, poco antes de que se hiciera pública la crisis de la compañía y se hundiera su cotización reduciendo su participación en el grupo al 7,5%. Hasta ese día el presidente y primer accionista de la empresa se había presentado ante los miembros del consejo de administración, los medios de información y los accionistas como poseedor del 14,4% de Pescanova.
