Manuel Fernández Sousa encara tres investigaciones

La Fiscalía Anticorrupción ultima su informe sobre el caso Pescanova

Anticorrupción presentará su investigación entre el jueves y el lunes

KPMG trabaja en la auditoría forensic de Pescanova

Deloitte tardará previsiblemente más de dos meses en tener su informe concursal

Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova.
Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova.

Dice el reglamento del consejo de administración de Pescanova: ”Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del consejo de administración y formalizar la correspondiente dimisión (...) cuando su permanencia en el consejo pueda poner en riesgo los intereses de la compañía o afecten negativamente al crédito y reputación de la misma o afecte al funcionamiento del consejo”. Durante las próximas semanas tres informes clave en la crisis de Pescanova –los que preparan la Fiscalía Anticorrupción, KPMG y Deloitte– mostrarán si la permanencia por más tiempo de Manuel Fernández Sousa como presidente del grupo gallego pone en riesgo el futuro de la empresa. A estas alturas, pocos defienden que no sea así.

La Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo a fuentes jurídicas, ultima un informe sobre la investigación llevada a cabo a raíz de las querellas recibidas contra el consejo de Pescanova (Sousa es el primer accionista, con el 7,5% del capital), entre otros, que presentará posiblemente entre el jueves y el lunes. La investigación de Anticorrupción –“entrará en el fondo de la cuestión, será expresivo”, advierten las fuentes consultadas– será remitida al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, que dictará entonces un auto indicando si admite la querella contra, consideran las fuentes consultadas, “el núcleo duro del consejo de administración de Pescanova”. Hasta la fecha se han presentado ocho querellas de accionistas de la multinacional gallega.

Anticorrupción cuenta con la información facilitada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se detallan las operaciones sobre acciones de Pescanova llevadas a cabo por el presidente y otros accionistas destacados del grupo que no fueron comunicadas hasta el mes pasado. 

El 15 de abril Sousa admitió ante la CNMV haber vendido 1,98 millones de acciones de Pescanova entre diciembre y febrero, es decir, poco antes de que se hiciera pública la crisis de la compañía y se hundiera su cotización (el 28 de febrero Pescanova anunció que no formulaba las cuentas de 2012). Hasta ese día el presidente y primer accionista de la empresa se había presentado ante los miembros del consejo de administración, los medios de información y los accionistas como poseedor del 14,4% de Pescanova. 


Cuando Pescanova comunicó su intención de solicitar preconcurso de acreedores, el 1 de marzo, la acción del grupo cotizaba a 17,4 euros. Cuando fue suspendida su cotización, el 12 de marzo, los títulos de Pescanova cotizaban a 5,9 euros. Entre diciembre y febrero, los meses en los que, asegura Pescanova, Fernández Sousa vendió 1,9 millones de acciones, el grupo cotizó entre los 13 y 18 euros por título. El presidente de la empresa pesquera aseguró que “preocupado por la situación de tesorería del grupo y las dificultades que Pescanova tenía para financiarse” puso su patrimonio a disposición de la compañía “para resolver problemas urgentes de liquidez”.

La consultora KPMG está trabajando en una auditoría forensic sobre Pescanova, dirigida a esclarecer si han habido irregularidades o fraude en la compañía. “Al bajar el nivel económico al que nos habíamos acostumbrado en la etapa anterior han aflorado multitud de irregularidades que no habían sido detectadas previamente al estar camufladas, o incluso en algunos casos, eran conocidas y consentidas, dentro de un entorno de bonanza”, dice Pablo Bernard, al frente del equipo de forensic de KPMG en Europa, en el prólogo a la edición española del libro Gestión del riesgo de fraude e irregularidades empresariales. Posiblemente la consultora tenga terminado el documento entre finales de este mes y principios de junio. 


Los bancos acreedores y Grupo Damm tomarán decisiones sobre su apoyo financiero al grupo y la posibilidad de presentar nuevas querellas tomando en cuenta estos informes.

Deloitte, hasta cuatro meses

Deloitte, designado administrador concursal de Pescanova por la CNMV, aceptó el cargo el 3 de mayo. A partir de esa fecha cuenta con dos meses, ampliables a cuatro, para elaborar el informe concursal del grupo gallego.

La Ley Concursal también recoge que cuando la empresa en concurso tenga más de 2.000 acreedores la administración concursal puede disponer de cuatro meses más. En el caso de Pescanova, la administración concursal no dispone de las cuentas anuales de 2012. La norma concursal establece que si el deudor no hubiese presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior a la declaración de concurso “serán formuladas por la administración concursal, con los datos que pueda obtener de los libros y documentos del deudor, de la información que éste le facilite y de cuanta otra obtenga en un plazo no superior a quince días”.

Pescanova informó el 28 de febrero que no formulaba las cuentas. La última comunicación oficial de la compañía sobre sus resultados fue la correspondiente a los obtenidos hasta septiembre de 2012. Entonces el grupo aseguraba tener una deuda de 1.522 millones de euros. Fuentes financieras estiman que la deuda actual del grupo supera los 3.000 millones. Con tal pasivo el concurso de Pescanova será uno de los mayores por volumen de deuda en la historia empresarial española.


Normas
Entra en El País para participar