Tercer intento del Gobierno para combatir los desahucios
La reforma hipotecaria amplía los beneficiarios de las iniciativas anteriores El código de buenas prácticas protegerá a nuevos colectivos El acceso al fondo social de vivienda se flexibilizará si no se llena en unos meses
La reforma hipotecaria que entró ayer en vigor es en realidad la tercera iniciativa, aunque esta vez se pretende definitiva, que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa para dar respuesta al clamor social surgido del drama de los desahucios. La medida, sin embargo, integra y amplía el contenido de las dos actuaciones anteriores, que el tiempo ha demostrado insuficientes. Con un saldo de una medida “antidesahucios” por semestre, el Gobierno deberá comprobar ahora si el contenido de la nueva ley y el retoque de las iniciativas anteriores basta para resolver el problema.
El código de buenas prácticas para la banca fue la primera respuesta del Ejecutivo en lo que el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, definía esta semana como “una primera medida que adoptó el Gobierno dentro de sus 100 primeros días” en el poder. La medida consistió el diseño de una hoja de ruta, que se iniciaba con un plan de reestructuración de la deuda, avanzaba con posibles quitas sobre el principal y culminaba, si no había otra alternativa, con la dación en pago, para paliar la situación de los deudores hipotecarios en peor situación. Aunque su cumplimiento solo se estableció de obligado cumplimiento para las entidades que voluntariamente la firmaran, el 97% del sector ha terminado haciéndolo.
El corte impuesto para estimar quiénes debían beneficiarse fue, sin embargo, la mayor cortapisa a la medida. En su primer año en vigor, solo una de cada tres peticiones tramitadas ha sido aceptada. A efectos prácticos, el baremo inicial solo protegía a familias sin ingresos, con todos sus miembros en paro y cuyos inmuebles no superaran los 100.000 euros en los pueblos, o los 200.000 en grandes ciudades.
La reforma hipotecaria amplía ahora el número de colectivos beneficiarios equiparándolos al de “familias especialmente vulnerables” para las que se aprobó luego la suspensión temporal del desahucio. Se trata de familias numerosas, con menores de tres años o discapacitados al cargo, monoparentales con hijos, o deudores que han consumido su prestación por desempleo, con una renta máxima de unos 19.000 euros anuales y cuya carga hipotecaria suponga el 50% de sus rentas. El valor de los inmuebles aceptados se eleva además a 250.000 euros en ciudades y hasta los 400.000 euros según el número de personas al cargo.
Suspensión de desahucios
La segunda medida llegó en noviembre tras la infructuosa negociación que PP y PSOE mantuvieron con el objetivo de dar una respuesta común al drama de los desahucios, tras hacerse públicos varios casos de suicidio de afectados. Con el objeto de dar una respuesta de emergencia, el Ejecutivo aprobó un decreto ley que permitía suspender durante dos años el desahucio de las familias especialmente vulnerables. En paralelo, se impulsó la creación de un fondo de vivienda social, al que la banca ha terminado aportando unas 6.000 viviendas, destinado a alojar a familias vulnerables que hayan sido desahuciadas desde 2008. De nuevo en este caso, no obstante, el listón parece demasiado alto. De momento, solo el 1% de los inmuebles del fondo han sido ocupados. Por este motivo, la reforma hipotecaria contempla la posibilidad de ampliar el tipo de beneficiarios si la ocupación no es total en seis meses.
Una enmienda de última hora y varias por venir
La tramitación de la reforma hipotecaria no ha sido un proceso fácil. El texto aunaba el decreto ley que el Gobierno aprobó en noviembre, la Iniciativa Legislativa Popular presentada ante el Congreso por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las enmiendas de los distintos grupos políticos. Aunque desde el principio el Gobierno apuntó su intención de pactar la medida con el resto de fuerzas políticas, y pese a haber incorporado enmiendas de todos los grupos parlamentarios, la oposición en bloque terminó rechazando apoyar la reforma si esta no incluía cambios de calado. La pretensión del PSOE de calcar el decreto andaluz para expropiar viviendas, la ley de segunda oportunidad que propuso UPyD, o las enmiendas de PNV que elevaban el número de colectivos beneficiarios fueron rechazadas. Solo una enmienda de última hora fue aceptada en la votación del Congreso. La presentó un socio del PP, Unión del Pueblo Navarro, que apostó por ampliar el umbral de protección del fondo social de vivienda si este no se completa para otoño. La oposición en bloque dejo al PP sacar su reforma en solitario con la crítica mayoritaria de que el texto es “insuficiente”.
El Gobierno, sin embargo, aun prevé algunos retoques al texto publicado ayer en el BOE. El PP los ha introducido entre las enmiendas presentadas ante el Congreso por el proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, según recoge Europa_Press. Las enmiendas amplían de cinco a 15 días el plazo con el que cuenta el juez para escuchar a las partes cuando se detectan cláusulas abusivas. También amplían de cuatro a 15 días el plazo con el que cuenta el secretario judicial para suspender una ejecución. En paralelo, se establece que las medidas de protección incluidas en la ley se apliquen tanto a los avalistas como a los fiadores, siempre que lo sean del deudor principal.