Impuestos ambientales para incentivar la RSC
El indicador analiza las sanciones e incentivos fiscales para la protección ambiental de 21 economías
Toda actividad económica consume recursos naturales e incide en el entorno en el que se desarrolla. Trasladar el coste que esta actuación genera a los precios finales de los bienes y servicios o incentivar un mejor uso de los recursos es tarea de los poderes públicos, a través de instrumentos de política ambiental como impuestos o subvenciones.
“Tras no lograr los resultados esperados con el comercio de emisiones y en una etapa de escasez de recursos, las Administraciones han vuelto a ver en los impuestos y exenciones ambientales un instrumento que permite enviar señales de precios reales que incentivan el cambio hacia una gestión más responsables del agua, energía y otros recursos escasos”, explica José Luis Blasco, socio responsable de cambio climático y sostenibilidad de KPMG en Europa, Oriente Próximo y África.
Sin embargo, como alerta Julio César Muñoz, socio del área de impuestos sobre sociedades de KPMG Abogados, “el interés recaudatorio de las Administraciones hace que en ocasiones el interés medioambiental pase a un segundo plano”.
21 economías
El KPMG Green Tax Index se centra en 21 economías que representan una cuota importante de la actividad relativa a inversiones corporativas globales: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, China, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, India, España, Canadá, Sudáfrica, Singapur, Finlandia, Alemania, Australia, Brasil, Argentina, México y Rusia.
En este sentido, adoptar un enfoque proactivo con respecto a los impuestos ambientales puede servir a las empresas para reducir el coste de inversiones estratégicas, fomentar la innovación, mejorar la eficiencia y garantizar una ventaja competitiva. Para facilitar esta labor, KPMG Internacional ha lanzado una nueva herramienta, el KPMG Green Tax Index. Se trata de un índice que explora cómo usan los Gobiernos sus sistemas fiscales para responder a los retos globales como la seguridad energética, la escasez de agua y de recursos, la contaminación y el cambio climático. En el indicador se analizan las sanciones e incentivos fiscales para la protección ambiental de 21 economías importantes, que se centran en áreas de política claves, como la eficiencia energética, la eficiencia del agua, las emisiones de CO2, la innovación ecológica y los edificios ecológicos.
El objetivo último del KPMG Green Tax Index es mejorar la información de que disponen las empresas sobre la rápida evolución y la complejidad del entorno global de sanciones e incentivos fiscales para la protección ambiental y animar a los responsables del área fiscal y del área de sostenibilidad a trabajar juntos para tener en cuenta las consideraciones en materia de las decisiones de inversión. “La fiscalidad ecológica es un área que evoluciona rápidamente y que es cada vez más compleja”, comenta Greg Wiebe, responsable global de tax de KPMG. “Sin embargo, si se aborda con conocimiento y con proactividad, los retos pueden transformarse en oportunidades”, asegura.
Según los resultados del primer KPMG Green Tax Index, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Corea del Sur y China son los países que utilizan más los impuestos como herramienta para fomentar una conducta corporativa sostenible y lograr sus objetivos nacionales en materia de política ambiental. España ocupa el puesto undécimo. El análisis de KPMG muestra que, en los países estudiados desde enero de 2011, se han introducido al menos 30 nuevos incentivos fiscales, sanciones fiscales o cambios significativos en la regulación para la protección del medio ambiente.
En el índice se atribuyen puntuaciones por incentivos y sanciones fiscales para la protección ambiental en función del valor estimado y de la posibilidad de influir en la conducta corporativa. Las puntuaciones han de tomarse como datos indicativos, no absolutos, que ofrecen un perfil de los Gobiernos con los sistemas más activos y desarrollados en lo que respecta a ecotasas.
España, en el puesto undécimo
En España, que ocupa el puesto undécimo en el índice, la política medioambiental se centra en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión, el sistema de incentivos a las energías renovables (actualmente objeto de una polémica revisión) y la imposición de los principales productos energéticos (hidrocarburos, electricidad, etc.).
No obstante, la última finalidad de estas figuras impositivas, así como la de los impuestos autonómicos so_bre el medio ambiente, es básicamente recaudatoria, con el objetivo último de reducir el déficit público. Así, en el ejercicio 2013 se han introducido nuevas figuras impositivas con el único fin de rebajar el déficit de tarifa que arrastra el sector eléctrico.
Estados Unidos encabeza la clasificación debido, principalmente, a su amplio programa de incentivos fiscales federales en materia de eficiencia energética, energías renovables y edificios ecológicos.
Japón ocupa el segundo puesto y encabeza la clasificación de medidas fiscales para promover el uso y la fabricación de vehículos ecológicos. Reino Unido es el tercero de la lista y cuenta con un enfoque de las ecotasas equilibrado entre sanciones e incentivos.
Francia ocupa el cuarto lugar y es un ejemplo inusual, ya que su política de ecotasas se inclina mucho más a favor de sanciones que de incentivos. En el quinto lugar está Corea del Sur, con un sistema de ecotasas que favorece los incentivos en lugar de las sanciones. China es el sexto. Su política de ecotasas está equilibrada entre incentivos y sanciones y se centra en la eficiencia de los recursos.
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