Editorial

Elogio de la moderación de los salarios

El servicio de estudios de BBVA ha hecho público un informe que calcula el impacto que hubiera tenido en el mercado de trabajo español la aplicación de políticas de moderación salarial desde el principio de la crisis. La conclusión de los economistas del banco es que si el alza salarial pactada en 2012 en convenio se hubiese registrado en 2008, no solo se habrían salvado un millón de empleos, sino que la tasa de paro sería del 21%, seis puntos inferior a la actual. El informe resalta el efecto que han tenido sobre la evolución de los salarios dos instrumentos: el acuerdo de negociación colectiva firmado por empresas y sindicatos en enero de 2012 y la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que ha permitido flexibilizar las condiciones salariales en las empresas. La combinación de ambos factores se ha traducido en un desplome del incremento salarial pactado en convenio desde el 4,21% de finales de 2007 hasta el 1,31% de finales de 2012.

El análisis realizado por el servicio de estudios de BBVA resulta de especial interés precisamente ahora, cuando en apenas una semana está previsto un encuentro entre la patronal y los sindicatos con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El objetivo de todos ellos es común –frenar la destrucción del empleo en España–, pero las soluciones que plantea cada parte son profundamente divergentes. Mientras los sindicatos supeditan la posibilidad de dar otra vuelta de tuerca a la moderación salarial a que se acuerde también una contención en los beneficios empresariales, la patronal aboga por revisar a la baja la frontera del 0,6% de incremento salarial, que fue acordada en enero de 2012. Los empresarios defienden la necesidad de congelar salarios en las empresas en dificultades y de avanzar hacia el desligamiento de los sueldos y los precios.Una meta, esta última, que no parece estar de momento en la agenda del Gobierno, quien ha reiterado que los sueldos seguirán siendo el resultado de la negociación entre agentes sociales y sindicatos, y se resiste –inexplicablemente– a abolir un sistema de indexación salarial que ha causado un profundo daño al mercado de trabajo y a la competitividad en España.

Más allá de la postura del Gobierno, es necesario reclamar –a la vista de la sangría de puestos de trabajo que el país sufre diariamente– que los agentes sociales asuman que su deber en estos momentos es negociar con los pies en el suelo y en términos de sacrificio y excepcionalidad. Ello exige poder dialogar sin ideologías, hipotecas o demagogias que si pueden tolerarse en tiempos de bonanza, resultan inaceptables en medio de una crisis. Todas las partes involucradas en la negociación de la política salarial en España tienen que poner sobre la mesa la misma credencial: una enorme dosis de realismo y responsabilidad.

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