El Gobierno ampliará la responsabilidad de los directivos en caso de negligencia
Con el objetivo de “reforzar de manera estratégica” las prácticas del buen gobierno en las empresas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha incluido dentro del Programa Nacional de Reformas una propuesta para avanzar en la implantación de los “estándares internacionales” de responsabilidad social corporativa. Aunque los planteamientos son aún genéricos, sí se ofrecen algunas pinceladas de por dónde irá la reforma y cuáles serán los pasos y el calendario de su elaboración. Todo ello con el fin de “mejorar la competitividad” de las empresas españolas mediante la mejora de la confianza y la transparencia.
En primer lugar, el Programa Nacional de Reformas establece que se impulsará “inmediatamente” la constitución de una comisión de expertos que determinará las áreas en las que España puede “mejorar su marco actual” de buen gobierno corporativo. El citado informe deberá estar listo en el “plazo máximo de cuatro meses”, con el objetivo de que en un año “se implementen las reformas que correspondan”.
Una de las novedades que se pretende implantar incide en la responsabilidad de los administradores (alta dirección y miembros del consejo de administración) de las empresas. Así, el Ejecutivo apunta que se “reforzará los mecanismos de exigencia de responsabilidad” de los administradores “en caso de actuaciones dolosas o negligentes” que perjudiquen “a la empresa, a sus acreedores, a sus socios o a los trabajadores”.
Pago en función de objetivos
La agenda de reformas que plantea el Gobierno en materia de buen gobierno contempla que se “analizará especialmente” la relación entre las retribuciones de los administradores y el “beneficio real de la empresa”.
En concreto, los pagos “deberán quedar supeditados” al logro de determinados objetivos, como son “el incremento del valor de la compañía y la adecuada retribución al accionista”, a través de dividendo o del aumento del valor de la inversión.
El texto recoge que “no se renunciará a introducir medidas adicionales de obligado cumplimiento, con el rango normativo que corresponda”. Específicamente, irán en esta línea las propuestas que “tengan por finalidad principal evitar los conflictos de interés” que puedan darse en la “gestión empresarial”.
Otro punto en el que irán encaminadas las reformas será potenciar “el papel de las juntas de accionistas” en el control de las retribuciones de los órganos de gestión y la alta dirección, de manera que “los accionistas puedan participar activamente” en el ajuste de las retribuciones “al desempeño profesional “ y la “óptima evolución” de las sociedades.
También se “perfeccionarán y ampliarán” las recomendaciones del actual Código Unificado, “haciendo especial hincapié en la supervisión” y en la “calidad de la información” que otorgan ñas sociedades cotizadas.
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