El sector financiero contiene su reacción hasta conocer el decreto de mañana

El Gobierno podría recurrir el plan andaluz de expropiaciones a la banca

- Gallardón advierte que la Abogacía del Estado ya estudia sus bases legales.

- El Ejecutivo podría recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.

- La banca espera a la publicación del texto, el jueves, para dar una valoración.

- El consejero delegado de CaixaBank dice que se estudiará "con mucho cuidado".

La plataforma Stop Desahucios de Ourense, durante un escrache. EFEArchivo
La plataforma Stop Desahucios de Ourense, durante un escrache. EFE/Archivo EFE

El anuncio de la Junta de Andalucía de que mañana mismo publicará un decreto ley que sancione a los bancos e inmobiliarias que mantengan vacíos sus pisos y permita expropiar a la banca las viviendas objeto de desahucios ha supuesto toda una revolución en un momento en que el Gobierno y el sistema financiero confiaban en limitar la respuesta social a la inminente reforma hipotecaria que tramita el Congreso.

“El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos”, advertía el miércoles por la mañana el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que defendió que la respuesta al drama de los desahucios debe ser nacional e igual para todos, recoge Europa Press. El ministro admitió que la Abogacía del Estado ya está elaborando un informe sobre la base legal de la medida aprobada por el Ejecutivo andaluz (PSOE-IU), lo que podría derivar en un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo nacional.

La banca, por su parte, contenía el aliento a la espera de conocer la letra pequeña del decreto, que será publicada mañana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Por mucho matiz que contenga, no obstante, las sanciones de hasta 9.000 euros por inmueble vacío y las expropiaciones por tres años que ya ha adelantado la Junta preocupan al sector, desde el que confiesan tener confianza en que el Gobierno ayude a paralizar estas medidas.

“Lo estudiaremos con mucho cuidado”, se ha limitado a subrayar ayer Juan María Nin, consejero delegado de CaixaBank, en un acto en Madrid en el que le acompañaba el presidente de la comunidad, Ignacio González, quien critico duramente cualquier ataque a la propiedad privada. Tras absorber Banca Cívica, con fuerte presencia en Andalucía, CaixaBank podría ser una de las entidades más afectadas. La malagueña Unicaja es otra, si bien parece que la sorpresa fue menor para esta firma, que fue tanteada previamente por la Junta.

Los riesgos de la dación en pago

En paralelo a la polémica por el decreto andaluz, hoy se hacían públicos nuevos estudios sobre el impacto de la dación en pago que duplicaría los tipos de interés hipotecarios, según la Agencia Negociadora y elevaría la mora de las familias del 3,5 % actual a un rango de entre el 8 % y el 10%, según un estudio de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. La entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda hipotecaria era la medida estrella contenida en la Iniciativa Legislativa Popular firmada por casi 1,5 millones de ciudadanos que la presentaron al Congreso reclamandola de forma retroactiva y acompañada de la paralización generalizada de los desahucios. El texto refundido de reforma hipotecaria que el PP ha elaborado aunando la ILP y el proyecto de ley del Gobierno, sin embargo, deja fuera ambas opciones.

El decreto de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el martes el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que posteriormente será tramitada en el Parlamento andaluz. El objetivo de la medida es “aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma”.

Se trata, informa la propia Junta de “entre 700.000 y 1.000.000 de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias”.

En concreto, el decreto incluye un sistema de sanciones “leves, graves y muy graves” para los bancos e inmobiliarias que mantengan “ocioso” su stock residencial, lo que incluye multas de hasta 9.000 euros por inmueble.

Se tomará como referencia que la vivienda cuente o no con suministro de agua y de electricidad, así como su cuantía, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. El padrón de habitantes y otros registros públicos; la recepción de correo, o la utilización habitual del inmueble para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas serán otros baremos.

“Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación”, adelantan desde la Junta, donde aseveran que “los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista”. Se creará, entre otras cosas, un plan de inspección de dos años.

Expropiaciones

El decreto, la primera gran aportación de IU como socio de Gobierno del PSOE andaluz, también habilita a la comunidad autónoma para expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de los inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio.

El procedimiento afectaría a los inmuebles en los que se haya producido un desalojo y que hayan sido adquiridos por una entidad financiera en subasta pública. El objetivo es “garantizar el derecho a la vivienda” de aquellos ciudadanos que hayan sufrido un desahucio. La Junta estima que desde 2007 se habría producido unos 86.000 casos en la región.

La posibilidad se le dará a familias de especial vulnerabilidad, lo que se entenderá por aquellas que cuya cuota hipotecaria se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Los beneficiarios, además, no podrán percibir más de tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), situado en 532 euros mensuales.

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