Medio millón de trabajadores se ha jubilado anticipadamente en la crisis
Los retiros tempranos suponen el 10% del gasto anual en pensiones Estas prestaciones suelen ser un 16% superiores al promedio
Las crisis han sido tradicionalmente uno de los mayores motivos para la salida temprana de los trabajadores del mercado laboral. De hecho, está comúnmente aceptado denominar las prejubilaciones de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) como “bajas no traumáticas”.
Este recurso a la jubilación temprana es un hecho constatable con datos en el actual proceso de crisis, cuando la Seguridad Social ha contabilizado 567.516 jubilaciones anticipadas antes de cumplir los 65 años, en sus distintas modalidades entre 2008 y 2012.
Esto supone una media anual de 113.500 retiros tempranos;o lo que es lo mismo, cuatro de cada diez jubilaciones que se producen cada año.
Aproximadamente el 20% de estos retiros anticipados son jubilaciones parciales, cuyas pensiones son un 35% superiores a la media. Así, esta modalidad tiene un coste medio de 84.000 euros por cada trabajador que se retira antes de cumplir la edad legal de jubilación, según la estimación hecha por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Esto representa un coste extra de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, que el sistema se ahorraría si esas personas se jubilaran a partir de los 65 años, según cálculos citados por la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez.
A esto hay que sumar el coste de las jubilaciones anticipadas que, a pesar de que cuentan con coeficientes penalizadores que recortan la cuantía de la pensión un porcentaje por cada año que el jubilado se retira antes de los 65, son un 16% superiores a la media de jubilación. De esta forma, según los datos que maneja Empleo, el citado coste asciende a otros 7.000 millones de euros anuales.
Esta cifra está compuesta por las cantidades que han dejado de cotizar los trabajadores que se han estado retirando entre los 61 y 64 años, más la pensión recortada por los coeficientes penalizadores que reciben durante esos años.
Distintos expertos sostienen que este coste generado por los jubilados anticipados antes de los 65 años se compensa con los recortes que se aplican a su pensión el resto de su vida con los coeficientes penalizadores.
Sin embargo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, desmintió este punto de forma tajante recientemente. “No es cierto que los coeficientes penalizadores que había antes (de la reforma aprobada el pasado 16 de marzo) guardasen un equilibrio actuarial. De hecho, el sistema perdía mucho dinero con las jubilaciones anticipadas”.
Por todo ello, el coste que suponen las jubilaciones antes de los 65 años cada año ronda los 10.000 millones de euros, casi el 10% del presupuesto anual para el pago de pensiones.
Mirar para otro lado
Mientras la Seguridad Social registraba superávit año tras año, los legisladores miraron para otro lado, aún sabiendo y admitiendo en privado la necesidad de atajar el gasto en retiros anticipados. Pero con la crisis actual, la Seguridad Social ha entrado en números rojos y el anterior Gobierno del PSOEya aprobó el endurecimiento del acceso a estas modalidades de jubilación en 2011, para que entraran en vigor en enero de 2013.
Ahora, el Ejecutivo del PP ha decidido, presionado también por Bruselas, dar una vuelta de tuerca más al retiro anticipado, con la reforma que está en vigor desde el pasado 17 de marzo.
Vías para mitigar otras recesiones
Jubilarse anticipadamente no ha sido la única vía para afrontar las crisis. En anteriores recesiones de la economía española, fue también muy común una estrategia de los trabajadores –en ocasiones pactada con el empresario– de conseguir darse de baja laboral (IT) como paso previo al desempleo y a la jubilación anticipada. Así, se trasladaba el gasto de la empresa a las arcas públicas durante más tiempo. Esta fórmula propició aumentos anuales del gasto en incapacidad temporal por encima del 13%.
Ante esta situación, el anterior Gobierno del PP cambió la legislación, de forma que si un trabajador era despedido estando de baja, pasaba inmediatamente a consumir la prestación por desempleo y no esperaba a agotar la prestación por estar de baja. Esto frenó mucho el gasto. Pero fue el anterior responsable socialista de la Seguridad Social, Octavio Granado, el que logró incluso hacer descender este gasto, al repartir 300 millones de incentivos a las comunidades para el control del gasto en IT. Esta política, que se mantiene hoy en día, ha conseguido recortes en el gasto de bajas laborales superiores al 10%.
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