Atención telefónica y expedientes atascados, para la empresa privada

Empleo quiere privatizar parte de la gestión del Fogasa

El Ejecutivo calcula que las empresas privadas empezarán a funcionar el 15 de septiembre

El Ministerio asegura que la gestión privada "aminorará el fraude" en las prestaciones

UGT asegura que la privatización será mas cara y empeorará el servicio

Cola ante una oficina de empleo en Alcalá de Henares (Madrid)
Cola ante una oficina de empleo en Alcalá de Henares (Madrid)

El Ministerio de Empleo planea privatizar parte de la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que se encarga de pagar los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores las de las empresas que quiebran. Así lo ha denunciado la federación de Servicios Públicos de UGT (FSP), tras acceder al Programa de Viabilidad del Gobierno para este organismo.

En concreto, según este documento, se privatizará "temporalmente" la gestión de los expedientes atascados e "indefinidamente" la gestión de la atención telefónica. Para ello, los responsables de Empleo plantean la puesta en marcha de dos programas. El primero, denominado Greta, consistirá en "contratar la realización de actividades necesarias para el trámite de los expedientes pendientes. Esta acción es temporal y transitoria. Desaparecerá al eliminar la bolsa de expedientes atascados", indica el texto elaborado por los responsables de Empleo.

De hecho, el documento precisa que los funcionarios del Fogasa seguirán haciéndose cargo de los expedientes que entren a partir del primer día de actividad de la empresa contratada para gestionar las solicitudes pendientes. Esta fecha será, según los planes iniciales de Empleo, el próximo 15 de septiembre de 2013, tanto para la actividad destinada a desatascar los expedientes atrasados como para la atención telefónica. Ambos programas saldrán "a concurso público según la legislación vigente".

Esta última pasará a realizarse por una empresa privada de forma indefinida, según el plan diseñado, a través de un programa denominado Fono, que se aplicará en toda España; a diferencia del programa Greta, que no será necesario implantarlo en 29 provincias donde el porcentaje de expedientes atrasados no supera el 7% y, por tanto, "no suponen un problema", indica el plan de viabilidad.

Los responsables de Empleo justifican la decisión de privatizar la gestión de los expedientes atascados porque la actual plantilla del Fogasa no puede hacerse, desde hace tiempo, cargo de esta actividad. Es más, aseguran que con esta medida se "aminorará el índice de fraude en la obtención de prestaciones a través de empresas ficticias o simulaciones laborales".

El desbordamiento de la carga de trabajo de los 408 trabajadores que tiene en plantilla el Fogasa era un hecho constatado desde el inicio de la crisis. De hecho, mientras el número de expedientes tramitados por este organismo pasó de 42.243 en 2007 a 212.167 en 2012 (un 402% más), la plantilla se ha mantenido prácticamente intacta. Esto ha llevado a que se produzcan demoras de hasta tres años en el reconocimiento y pago de prestaciones.

En este escenario, la secretaria general de la Federación de la Administración del Estado de FSP-UGT, Yolanda Palomo, cree imprescindible ampliar la plantilla del Fogasa, sin necesidad de tener que privatizar estas actividades, "algo que saldrá mucho más caro para las arcas públicas y supondrá el empeoramiento en la prestación del servicio".

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