Tribuna

El trasvase Tajo-Segura: un asunto de Estado

La planificación hidrológica de nuestro país se acerca a un momento crucial. Los nuevos planes de cuencas deben ser aprobados con premura, por el alto coste que supondría incumplir los plazos impuestos a raíz de las exigencias de la Unión Europea. Se suceden las reuniones al más alto nivel para tratar de lograr un consenso entre todas las partes implicadas. En un contexto en el que el agua es, cada vez más, un bien tan preciado como escaso y siempre dependiente de las irregularidades de la climatología, se hace imprescindible configurar un marco regulatorio nacional que recoja la cooperación entre cuencas y que éstas gestionen este recurso básico de manera planificada, eficiente y responsable. Sólo así es posible asegurar que el retorno obtenido del agua disponible sea proporcional a las necesidades y al desarrollo económico del país.

En este sentido, no pueden existir dudas de que el Acueducto Tajo-Segura es una infraestructura rentable que contribuye a la riqueza general del país y que ha convertido al sureste de España en una de las regiones donde mayor aprovechamiento, responsable y controlado, se hace del agua. Tras casi 35 años en funcionamiento, el trasvase es una realidad plenamente asentada, de la que dependen más de 80.000 puestos de trabajo directos y más de 150.000 indirectos. Más allá de los tópicos sobre la labor agrícola tradicional, la economía del trasvase supone un modelo de innovación y desarrollo que repercute positivamente en todo el país en términos de empleo, PIB y balanza comercial. En el Levante lo que existen son verdaderas industrias agrarias, cuyos titulares asumen los riesgos propios de todo empresario, y donde los productos son competitivos y rentables en los mercados, no precisando de subvenciones. De hecho, la zona regada por el Tajo-Segura lidera la exportación nacional de frutas y hortalizas. El agua trasvasada permite que cerca del 60% de nuestra producción total se destine a la exportación de productos de alta calidad, especialmente a países de la Unión Europea. Gracias a explotaciones modernas y eficientes, en las que se han realizado ingentes inversiones económicas, hemos podido asegurarnos un futuro competitivo en el contexto global. Buena prueba de ello se está dando en estos años de crisis donde la agricultura de regadío de esta zona es un sector estable que genera riqueza y empleo, que beneficia al conjunto del país.

Además del uso agrícola, el agua del trasvase es fundamental para el abastecimiento del sureste, cubriendo las necesidades de más de dos millones y medio de personas, que se aumentan en otras ochocientas mil más durante los meses estivales. Más de la mitad del agua que se consume procede del trasvase.

Por todo ello, en el nuevo marco hidrológico que están perfilando las autoridades competentes, la continuidad del Acueducto Tajo-Segura representa un auténtico asunto de Estado. El agua debe servir para vertebrar los distintos territorios de España y no para dividirlos. Es preciso dotar al trasvase de un marco estable y de seguridad jurídica que permita su normal funcionamiento.

Los 80.000 regantes dependientes de esta infraestructura estamos convencidos de que el Gobierno arbitrará las medidas que sean necesarias para asegurar su continuidad, sin que se alteren de manera sustancial las normas que regulan la transferencia de un agua que es vital para nuestro campo. Somos conscientes, y así lo hemos aceptado siempre, de que existen condiciones, como la climatología o las necesidades reales de la cuenca cedente, que afectan a la disponibilidad de caudales. Sin embargo, no se entendería, ni podríamos consentir, que el Gobierno renunciara, en mayor o menor medida, a mantener la riqueza y el desarrollo alcanzados para el conjunto del país; menos aún, si no existe una alternativa viable en lo económico y sostenible en lo ambiental.

Tras el esfuerzo que hemos realizado para adecuar nuestras instalaciones, todo lo que necesitamos los usuarios del trasvase para seguir compitiendo en el mercado europeo es un volumen suficiente de agua asignada con la adecuada antelación, porque tenemos que planificar nuestra producción como el resto de los regadíos españoles en el contexto del año hidrológico.

Sin duda, un principio básico del nuevo marco hidrológico nacional debe consistir en que resulte beneficioso para todos los españoles. Y, a este respecto, el Acueducto Tajo-Segura es un magnífico ejemplo de cooperación entre cuencas y de lo que, como país, somos capaces de hacer en aras del interés general.

José Manuel Claver es presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

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