Energía

A golpe de decreto

La gran reforma eléctrica sigue sin llegar. Las políticas regulatorias aplicadas por los distintos Gobiernos en los últimos años, centradas en el objetivo prioritario de controlar el precio final de la electricidad, han desembocado en una situación sin precedentes. Un déficit de tarifa de 29.000 millones de euros, es decir, la deuda reconocida por ley de los consumidores con las compañías eléctricas, al que se unen un exceso de potencia instalada y una demanda en recesión, configuran un escenario complicado con vistas al futuro y aglutinan los principales retos energéticos.

La quinta reforma eléctrica en un año, aprobada en el primer Consejo de Ministros de febrero, un mes después de la entrada en vigor de la ley de impuestos a esta actividad, no ha despejado incertidumbres. Para ahorrar unos 600 millones de euros se recortan las primas a las renovables, cambiando el cálculo de la actualización con la inflación, ya que elimina la referencia del IPC para revisar la retribución anual y les impone un tope. Sin embargo, no se garantiza que el déficit de tarifa deje de crecer. Posteriormente, el Gobierno aprobó un crédito de 2.200 millones de euros que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha calificado de "medida temporal" para evitar la subida del recibo de la luz. Este préstamo extraordinario está destinado, según Industria, a cubrir los gastos derivados de las primas a la electricidad producida bajo el régimen especial, que incluye a las renovables. Con su aprobación "se cumple con la finalidad de que los desajustes vayan a los Presupuestos y no a la tarifa", afirmó tras el Consejo.

Ha sido la gota que ha colmado el vaso para el sector de las renovables, que se oponen frontalmente al Real Decreto-Ley 2/2013 y harán oír su voz, aseguran, ante todos los organismos nacionales e internacionales para denunciar la falta de seguridad jurídica de las inversiones renovables en España. "El problema no es solo la última medida, sino la acumulación de todas las anteriores", apunta José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). "Han cambiado todas las reglas del juego. Nos sentimos especialmente maltratados y, desde luego, con una falta de seguridad jurídica absoluta". Villarig lamenta que desde el Ejecutivo se les señale "sistemáticamente" como responsables del déficit de tarifa, cuando considera que solo son "una parte de esos 29.000 millones de euros". Y recuerda que entre 2005 y 2011 las renovables percibieron primas por un valor de 20.000 millones de euros y abarataron el mercado "en 28.000 millones". Villarig reconoce que partimos de un escenario complicado: "Lo que criticamos al Gobierno es que tome medidas, una vez más desde la improvisación, que no ahondan en los verdaderos problemas. Parece que la única política energética es poner impuestos a unas tecnologías más que a otras para reducir el déficit, y entendemos que debe ser algo más".

José Donoso, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que agrupa a unas 325 empresas, afirma que las medidas no solo afectan al presente del sector, sino también a su credibilidad futura. "Si el Gobierno continúa con el maltrato, va a ser difícil que se vuelva a invertir, porque afecta a un principio fundamental de un sector regulado, que es la confianza; se ha roto la seguridad jurídica". Para Donoso, el principal problema es la sensación de que cada vez que se toman medidas sobre el sector energético, estas lleven componentes negativos para el fotovoltaico.

En la misma línea se manifiesta Luis Crespo, presidente de la Asociación de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), una tecnología que cuenta con 2.000 megavatios instalados en la que han invertido grandes fondos internacionales y diversas corporaciones extranjeras, propietarios del 40% de las plantas en España. "Con estas medidas vamos a ver pleitos internacionales. Muchas empresas están negociando estos días sus créditos con los bancos, que se pueden encontrar con activos que, con la remuneración actual, no son rentables. En esta situación hay flotando unos 10.000 millones de euros", añade.

Para Ángel Luis Vivar, director de política energética y desarrollo sostenible de Unesa, "las medidas que el Ejecutivo adoptó a finales de diciembre para atajar los problemas del sistema eléctrico se han centrado en aumentos de la fiscalidad". Sin embargo, apunta, elevar los impuestos en vez de reducir determinados costes regulados del sistema no es la solución. "Es más, dicha norma parece obviar que el déficit de tarifa se produce en los costes regulados y que las tasas recaen exclusivamente en la generación, con especial incidencia en las instalaciones más eficientes a las que se grava para poder financiar a las más caras, que son las del régimen especial".

Con relación a las medidas urgentes adoptadas a primeros de febrero, "que suponen reducciones de costes regulados, las primas a las energías renovables van en la dirección correcta, pero son insuficientes", opina Vivar. Asimismo, la concesión de un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros para financiar las renovables "está en la buena dirección, en la medida en que se eliminan de la tarifa costes de política energética general que deben recaer sobre el conjunto de la sociedad y no solo sobre la electricidad". Vivar señala también que con el conjunto de medidas, el déficit de tarifa generado en 2013 podría ser nulo.

El directivo de Unesa entiende que entre las principales cuestiones que es preciso resolver, la existencia del déficit de tarifa continúa siendo la más preocupante, "tanto por el importe acumulado y el hecho de que su financiación es exclusivamente soportada por las cinco empresas eléctricas integradas en Unesa como porque es acuciante su resolución para conseguir la suficiencia tarifaria". También lo es conseguir una adecuada retribución de las inversiones en distri¬bución. "Hoy las empresas se ven obligadas a invertir sin saber la retri¬bución que obtendrán por estas inversiones". Otra preocupación de Unesa es que se remunere adecuadamente a las centrales convencionales "por el servicio de respaldo que prestan a la producción a partir de energías renovables no gestionables que gozan de prioridad de entrada, imprescindible para garantizar la continuidad del suministro eléctrico". Asimismo, es preciso eliminar la competencia desleal que supone la existencia en su forma actual de la tarifa de último recurso. "Se tendría que liberalizar el mercado final de electricidad y que la tarifa de último recurso se aplicase únicamente a los clientes que hoy tienen derecho al bono social. Para el resto, los precios vendrían fijados por el mercado sobre la base de unas tarifas de acceso suficientes".

Ignacio Ríos, responsable del área de energía de la consultora Bain & Company, resume los retos del sector en cuatro: reducción del déficit, recuperar la confianza de los inversores -"confundidos por la inseguridad regulatoria"-, conseguir un mix energético equilibrado y la integración del sistema energético español con el europeo. "A corto plazo, el Gobierno va en la dirección correcta, pero es necesario acometer una reforma integral", concluye.