De la autarquía al 'top ten' europeo
El periodo más largo e intenso de crecimiento ha permitido a España superar por primera vez la renta comunitaria, hasta la crisis actual
El Seat 128 era el coche de moda en España en 1978. La versión 1.200 salía por 314.000 pesetas de la época (1.887 euros), un precio ocho veces inferior a los 15.000 euros que costaba el modelo más vendido en 2012, el Renault Mégane. El precio de los automóviles no es un indicador macroeconómico al uso para analizar el estado de una economía, pero es ilustrativo de la evolución de España en los últimos 35 años. Lo es, entre otros motivos, porque en este periodo el PIB por habitante también se ha multiplicado por 8,8, desde los 2.580 euros de 1980 a los 22.884 euros de 2012, según las estadísticas del FMI.
A pesar de las dificultades y del mantenimiento de algunos desequilibrios estructurales, España no solo ha conseguido un crecimiento sostenido de su producto interior bruto (PIB) a lo largo de toda la etapa, con las excepciones de 1981, 1993, 2009, 2010 y 2012, sino que, hasta la llegada de la crisis actual, la renta por habitante ha mejorado más que la media europea. Es lo que ha permitido al país lograr, y durante algunos años a marchas forzadas, una intensa convergencia real con Europa. El PIB per cápita español, que en 1980 suponía el 60,8% de la media de los países que conforman la zona euro, fue escalando, aún con el fuerte incremento de la población debido fundamentalmente a la llegada masiva de inmigrantes, hasta superar el 95% en 2008, aunque desde entonces ha retrocedido más de tres puntos.
El camino ha sido largo, pues el nivel de partida era muy bajo, y su recorrido no siempre ha llevado la misma velocidad. España tuvo que compatibilizar el inicio de la andadura democrática con una situación económica caracterizada por un pobre nivel de crecimiento del 1,1% anual, una inflación del 20% y una tasa de paro del 11%. Un cuadro macroeconómico que, salvando las distancias, presenta ciertos paralelismos con el actual. "En ambos casos veníamos de etapas anteriores de fuertes y prolongados crecimientos, pero en procesos desordenados que producen desajustes, y entonces, como ahora, los Gobiernos tardaron en reaccionar. A finales de los setenta, España se encontró con una crisis enorme, una destrucción de empleo masiva y un déficit y una deuda pública rampante", explica Ángel Laborda, director de coyuntura y estadística de Funcas. "En los dos momentos lo necesario fue reinventar el motor del crecimiento. En los primeros ochenta, sustituyendo una industria obsoleta por otra competitiva, y en la actualidad, generando mayor productividad y competitividad en las empresas para crear empleo y absorber el incremento de la población activa", asegura Rafael de Arce, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Como en 1980, ahora es preciso reinventar el motor del crecimiento
Vivimos del crédito ilimitado y barato que nos dio la entrada en el euro
Ahora exportamos más a los países emergentes en los que no teníamos mercado
Los Pactos de la Moncloa, en los que cristalizó el consenso social y político alcanzado, pusieron la base para estabilizar la economía, solventar algunos de los graves desequilibrios (el IPC bajó hasta el 14% en 1981) y, a partir de ahí, modernizar el aparato productivo y dar paso a un nuevo modelo de crecimiento.
La dolorosa pero necesaria reconversión industrial, principalmente de los sectores naval, minero y siderúrgico, causó notables problemas sociales por el incremento del paro, solo paliados con la mejora de las prestaciones por desempleo, pero dio como resultado un aumento de la competitividad de los productos españoles y de los pedidos de bienes industriales, sobre todo en los países del Mercado Común.
Apertura al exterior
El grado de apertura de la economía española, su avance y su posicionamiento relativo tuvieron una de sus palancas más potentes en la integración europea. La entrada en la Comunidad Económica Europea, en enero de 1986, propició un largo periodo de crecimiento, espoleado por la entrada de las transferencias de la UE y la inversión extranjera directa y de cartera. Posteriormente, el proceso encaminado al establecimiento de la Unión Económica y Monetaria en 1999 y el esfuerzo para incorporarse al euro permitieron a España atenuar buena parte de sus desequilibrios estructurales para cumplir los criterios de convergencia: la tasa de inflación se redujo del 6% al 2% interanual; el déficit público, del 7% al 3% del PIB, y los tipos de interés a largo plazo bajaron del 11,5% al 5%.
Desde la integración, el PIB español ha crecido un 74,2%, 24 puntos más que la media de la UE. El saldo era más positivo a favor de España antes de la crisis, pero la experiencia ha demostrado que el país sigue avanzando más que los socios comunitarios en las fases expansivas y también continúa sufriendo más en las recesivas, con el máximo exponente en 2009, cuando el PIB cayó un 3,7%, el mayor desplome de toda la serie.
Y es que tras el nacimiento del euro volvimos a incubar algunos de los tradicionales desajustes al calor del monocultivo de la construcción, "porque, en lugar de realizar las reformas imprescindibles para convivir con países como Alemania y de adoptar el camino hacia la economía del conocimiento, optamos por vivir de las facilidades que nos dio la entrada en el euro, principalmente la abundancia ilimitada de crédito a unos tipos de interés reales que llegaron a ser negativos", analiza Laborda.
En esos años se construyeron en España más casas que en Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Fue el país que más empleo generó, con ocho millones de nuevos puestos de trabajo, pero el crédito ligado a la vivienda subía por encima del 15% anual y el déficit por cuenta corriente alcanzó el 10% del PIB en 2007, último año de una burbuja inmobiliaria cuyo final, que ya se vislumbraba, se precipitó por la crisis financiera internacional. "Era la crónica de una muerte anunciada. Se critica que los economistas no supieron ver la crisis y lo que no presagiaron fue el momento ni la intensidad, pero todo el mundo estaba avisado de que apostando solo por la construcción el crecimiento no podía ser infinito. Eso tenía que parar", recuerda De Arce.
Y paró. Y el resultado no solo fue una caída a plomo de los ingresos y una subida exponencial de los gastos, que elevaron el déficit público hasta el 11,2% en 2009 desde el superávit máximo del 2,4% alcanzado tres años antes. Según el mecanismo de alerta puesto en marcha por Bruselas a raíz de la crisis del euro, España suspende en 6 de los 11 indicadores del examen. Los principales desequilibrios se sitúan en la tasa de paro, que según Eurostat supera el 26,6%; el nivel de deuda pública y privada, que alcanza el 287% del PIB, o una enorme deuda externa.
Una de las pocas fuentes de noticias positivas en el último año ha venido precisamente del exterior, reanudando así la creciente apertura externa de la economía española. El nivel de exportaciones de bienes y servicios pasó del 14% del PIB en 1978 al 29% en el año 2000, alentado, durante la década de los noventa, por las cuatro devaluaciones de la peseta. A partir de ese año, sin embargo, las ventas internacionales pierden peso hasta que en 2010 repuntan y en 2011 representan el 30% de nuestro producto interior bruto.
El aumento de las exportaciones es uno de los factores que está permitiendo la corrección de nuestro permanente déficit comercial, un indicador que España nunca en su historia ha conseguido colocar en positivo, "pero lo más importante es que las ventas están creciendo más a países extra comunitarios, lo cual es fundamental porque las economías más dinámicas están siendo las de los países emergentes en los que España apenas tenía mercado", destaca Laborda.
La mayor parte de la apertura comercial se debió en el pasado a nuestra integración europea, de forma que las dos terceras partes de las ventas internacionales tenían como destino países miembros de la Unión y apenas un 25% se dirigía al resto del mundo. Una balanza que lentamente cambia, de forma que en el último año las exportaciones a África han aumentado un 30%; a América Latina, un 18%, y a Rusia, un 17%, mientras que, por ejemplo, el valor de los productos españoles vendidos a Francia ha descendido un 4,5% y a Italia, un 8%.
Estado de bienestar
Junto a las magnitudes macroeconómicas, los últimos 35 años han alumbrado y consolidado un sistema de protección social que ha motivado también una profunda transformación del gasto público, en el convencimiento de que la cohesión social es un requisito necesario del progreso. Así, en una primera etapa, el reto fue la universalización de los tres pilares clásicos del Estado de bienestar: sanidad, educación y pensiones. La Constitución del 78 consagró la protección de la salud como un derecho fundamental de la ciudadanía, con lo cual su base tenía que ser la asistencia gratuita y universal. En 1982, la sanidad pública cubría al 86% de la población y en 1990, al 99%. La universalización de la educación, a mediados de los ochenta, marca un cambio fundamental que ha ampliado la enseñanza pública, de manera que del 35% del alumnado que en 1970 estudiaba en centros públicos se ha pasado al 68,2% en 2011; pese al avance, es uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea.
El aumento de pensionistas, desde los cuatro millones registrados en los albores de la democracia hasta los cerca de nueve de la actualidad, se ha debido tanto al envejecimiento de la población como a la ampliación de los colectivos beneficiarios desde la primera gran reforma de calado del 85.
Más gastos, más impuestos
La creación del sistema de protección social incrementó notablemente el gasto público hasta llegar al 48% del PIB en 1993. Esa expansión vino acompañada de un considerable aumento de la presión fiscal y, a pesar de ello, un creciente déficit presupuestario, hasta el proceso de consolidación fiscal necesario para cumplir los criterios de convergencia del euro.
Había que recortar el déficit y el gasto público bajó hasta el 38% del PIB en 2006. A partir de ese momento volvió a subir, especialmente en 2009 y 2010, ejercicios en los que la fuerte caída de ingresos y la monumental subida de los gastos, derivada sobre todo del repunte del desempleo, elevan ese porcentaje hasta el 46% del PIB, que, no obstante, supone cuatro puntos menos que la media europea. Los ajustes y recortes aplicados en los últimos tiempos ya han conseguido que esa relación entre gasto público y producto nacional haya vuelto a caer un punto en un solo año.
¡Cómo hemos cambiado en tres décadas!
La alimentación era el principal gasto de los españoles en los setenta, concentrando un 30% de su presupuesto. Hoy es la vivienda la que acapara un tercio de las facturas. El modo de acceso a la vivienda es precisamente uno de los cambios más destacados. Mientras que en el año 75 el 29% de las familias residía en alquiler, en la actualidad el arrendamiento no supera el 17%.Más casas y más coches. En los setenta, un 33,5% de los hogares disponía de automóvil, tasa que se eleva hasta el 77,4% en 2010.Y más viajes. En 1975, el 21,5% de las familias salieron de vacaciones. En 2011, el 61,8% de los hogares realizó al menos un viaje pernoctando fuera de su lugar de residencia.
Del IRPT a la declaración de la renta
Construir un sistema impositivo moderno, equitativo y no regresivo, de forma que permitiese el crecimiento, fue otro de los objetivos de los Pactos de la Moncloa. Su primera plasmación vino con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que sustituyó al antiguo impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal (IRPT), y el impuesto de sociedades. La estructura básica del sistema actual se completó con la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en 1986.Desde esos primeros pasos la presión fiscal, en sentido amplio, es decir, incluidas las cotizaciones sociales, ha ido ascendiendo desde el 21% del PIB, que representaba en el 78, hasta el máximo histórico del 37,3% en 2007. La crisis, sin embargo, ha rebajado el ratio hasta el 32,4% en 2011, lo cual significa que los ingresos fiscales han pasado de los 70.000 millones de euros hace 35 años a unos 344.000, una vez descontado el IPC.Al margen de las cotizaciones sociales, que son las que más ingresos aportan, el impuesto de la renta y el IVA son las principales figuras impositivas. Por eso, también han sido las preferidas para intentar tapar las vías de agua durante la crisis, convirtiendo a España en el quinto país del mundo con el tipo marginal del IRPF más alto, al situarlo en el 52%. Y el tipo general del IVA ha subido cinco puntos en menos de tres años.
Menos ricos que Holanda o Irlanda
España superó la media del PIB por habitante de la Unión Europea desde el año 2001, consiguiendo su mejor marca, con un 105%, en 2007. Pero la intensidad de la crisis hizo que la riqueza per cápita retrocediera hasta el 98% en 2011, lo que aleja a los españoles de los europeos más pudientes de Luxemburgo, Holanda, Austria e incluso Irlanda, aunque se mantiene a una gran distancia de Portugal y Grecia y, sobre todo, de los miembros de la antigua Europa del Este, que ocupan los últimos puestos de la lista. Lo que nunca ha alcanzado España es la media del club de los países del euro, cuya renta siempre ha sido superior.